Falsedad ideológica en instrumentos notariales: responsabilidad del notario y efectos en la
calificación registral en Ecuador
Rogelio José Tapia Barahona
Karla Alexandra Vera Sesme
Rolando Medina Peña
Lissette Amelia Alvarado Ajila
Volumen: 18 Número: 4 Trimestre: octubre-diciembre Año: 2026
Recepción: 22/07/2026 Aprobado: 09/10/2026 Artículo original
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Falsedad ideológica en instrumentos notariales: responsabilidad del notario y
efectos en la calificación registral en Ecuador
Ideological falsehood in notarial instruments: notary liability and effects on registry
review in Ecuador
Rogelio José Tapia Barahona
1
(rtapia@ube.edu.ec) (https://orcid.org/0009-0002-2610-
8821)
Karla Alexandra Vera Sesme
2
(kaveras@ube.edu.ec) (https://orcid.org/0009-0006-1208-
0548)
Rolando Medina Peña
3
(rmedina@umet.edu.ec) (https://orcid.org/0000-0001-7530-5552)
Lissette Amelia Alvarado Ajila
4
(laalvaradoa@ube.edu.ec) (https://orcid.org/0009-0006-
7050-1451)
Resumen
La falsedad ideológica en instrumentos notariales plantea un problema de delimitación
entre la fe pública, los deberes de verificación del notario, la responsabilidad penal
derivada de conductas falsarias y el alcance de la calificación registral. El objetivo del
estudio fue analizar la responsabilidad del notario y del registrador frente a la falsedad
ideológica en instrumentos notariales y su impacto en la eficacia de la calificación registral
en Ecuador. La investigación siguió un enfoque cualitativo, con componentes dogmático-
jurídicos y socio jurídicos, alcance descriptivo-analítico y propositivo. Se examinaron
normas nacionales, jurisprudencia, literatura científica reciente y derecho comparado; el
componente empírico se organizó a partir de tres guías de entrevista semiestructurada
de diez preguntas, con doce informantes clave, distribuidos en cuatro notarios, cuatro
registradores de la propiedad y cuatro jueces, codificados como N1-N4, R1-R4 y J1-J4.
El análisis temático identificó cinco resultados: límites de la fe pública frente a la veracidad
material; exigencia de individualizar la conducta y el dolo antes de atribuir
responsabilidad; límites jurídicos de la calificación registral ante vicios no visibles;
necesidad de protección procesal del tercero de buena fe; y utilidad condicionada de la
interoperabilidad y la trazabilidad documental. El examen del artículo 328 del Código
Orgánico Integral Penal mostró que no corresponde presumir una responsabilidad
objetiva del notario por la sola presencia de una declaración falsa en un instrumento
autorizado. Se concluye que la seguridad jurídica requiere controles verificables y
1
Abogado. Maestrante de la Maestría en Derecho Notarial y Registral. Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador.
2
Abogada. Maestrante de la Maestría en Derecho Notarial y Registral. Universidad Bolivariana del Ecuador. Ecuador.
3
Doctor en Ciencias Jurídicas. Licenciado en Derecho. Universidad Metropolitana, sede Machala. Ecuador.
4
Coordinadora del programa de maestría en Derecho Notarial y Registral. Profesora a tiempo completo. Universidad
Bolivariana del Ecuador. Ecuador.
Falsedad ideológica en instrumentos notariales: responsabilidad del notario y efectos en la
calificación registral en Ecuador
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documentados, decisiones registrales motivadas y coordinación institucional, sin
confundir prevención administrativa con demostración de responsabilidad penal.
Palabras clave: calificación registral, falsedad ideológica, fe pública, responsabilidad
notarial, seguridad jurídica.
Abstract
Ideological falsehood in notarial instruments raises a delimitation problem involving public
faith, the notary's verification duties, criminal liability for falsifying conduct, and the scope
of registration review. The aim of this study was to analyze notarial and registrar liability
in cases of ideological falsehood in notarial instruments and its impact on the effectiveness
of registration review in Ecuador. A qualitative approach was used, combining doctrinal-
legal and socio-legal components with a descriptive-analytical and propositional scope.
National legislation, case law, recent scientific literature, and comparative law were
examined. The empirical component was organized through three semi-structured
interview guides with ten questions each and twelve key informants, comprising four
notaries, four property registrars, and four judges, coded N1-N4, R1-R4, and J1-J4.
Thematic analysis identified five findings: the limits of public faith regarding material truth;
the need to individualize conduct and intent before assigning liability; the legal limits of
registration review when defects are not visible in the title; procedural protection of good-
faith third parties; and the conditional usefulness of interoperability and documentary
traceability. Analysis of article 328 of the Ecuadorian Comprehensive Criminal Code
showed that notarial liability should not be presumed solely because a false statement
appears in an authorized instrument. The study concludes that legal certainty requires
verifiable and documented controls, reasoned registration decisions, and institutional
coordination without confusing administrative prevention with proof of criminal liability.
Key words: ideological falsehood; legal certainty; notarial liability; public faith; registration
review.
Introducción
El tráfico jurídico patrimonial depende de instrumentos capaces de dotar de autenticidad,
certeza y previsibilidad a los actos y contratos. En el modelo ecuatoriano, el notariado
constituye un órgano auxiliar de la Función Judicial y las notarías y notarios están
investidos de fe pública para autorizar actos, contratos y documentos determinados por
la ley y dar fe de los hechos que ocurren en su presencia (Comisión Legislativa y de
Fiscalización del Ecuador, 2009, art. 296). Esta función preventiva se relaciona con la
seguridad jurídica reconocida en el artículo 82 de la Constitución y con la calidad
constitucional de los notarios como depositarios de la fe pública (Asamblea Constituyente
del Ecuador, 2008, arts. 82 y 200).
La fe pública, sin embargo, no convierte al notario en conocedor directo de todos los
hechos privados que los comparecientes incorporan a un negocio. La literatura reciente
sobre el régimen notarial ecuatoriano destaca que la función fedataria produce certeza y
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autenticidad dentro del ámbito de las competencias legalmente asignadas, mientras que
la naturaleza y alcance del instrumento público deben examinarse según aquello que el
funcionario presencia, verifica o recibe como declaración de las partes (López Véliz &
Calle García, 2022; Jaramillo-Calero et al., 2025; Mendoza-Mendieta et al., 2025). Esta
distinción resulta central cuando una escritura es auténtica en su forma, pero contiene
una afirmación que posteriormente es controvertida por no corresponder a la realidad.
El problema se vuelve especialmente complejo en el ámbito penal. El artículo 328 del
Código Orgánico Integral Penal sanciona a la persona que falsifique, destruya o adultere,
modificando los efectos o el sentido de documentos públicos o privados, y sanciona
también el uso de documentos falsos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, art. 328).
La disposición no utiliza de manera expresa la fórmula "falsedad ideológica" como un
supuesto autónomo, por lo que el análisis jurídico no puede comenzar con la presunción
de que toda declaración mendaz inserta en una escritura pública genera
corresponsabilidad del notario. La atribución penal exige reconstruir la conducta típica, el
objeto material, el elemento subjetivo y la forma concreta de autoría o participación. La
Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, al examinar un proceso por
falsificación y uso de documento falso, identificó el sujeto activo como genérico y destacó
la exigencia de conocimiento y voluntad para el uso de documento falso o la adulteración
de un documento verdadero (Corte Provincial de Justicia de Loja, 2020).
Esta precisión permite separar situaciones jurídicamente diferentes: la mentira del
compareciente ante el notario; la presentación de documentación falsificada; la
simulación del negocio jurídico; el desconocimiento de la falsedad por parte del notario;
y el conocimiento o participación deliberada del notario. Prado-Chiriboga et al. (2025)
también subrayan la necesidad de distinguir la participación activa del notario de los
supuestos en que este es inducido a error por terceros. A la vez, la responsabilidad
disciplinaria responde a presupuestos propios y no puede identificarse automáticamente
con la responsabilidad penal, como muestra el estudio de Vera Yenchong y Delgado
Alcívar (2024).
La problemática se proyecta al Registro de la Propiedad. La Ley de Registro obliga al
registrador a inscribir los documentos cuya inscripción exige o permite la ley y enumera
causales de negativa; además, exige que la negativa exprese con precisión y claridad las
razones que la sustentan (Comisión Legislativa del Ecuador, 1966, art. 11).
Por tanto, la calificación registral no debe describirse como una simple revisión mecánica
de formas externas, pero tampoco como una investigación general de hechos ocultos o
de la intención privada de los contratantes. La literatura registral reciente identifica
precisamente la necesidad de motivar las negativas y de fortalecer la seguridad jurídica
mediante procedimientos claros, digitalización y coordinación institucional (Salazar
Aguila, 2024; Béjar Rojas, 2026).
El impacto sobre terceros adquirentes exige una aproximación igualmente diferenciada.
La existencia posterior de una controversia sobre el título de origen puede afectar la
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estabilidad de la adquisición, pero la solución jurídica depende de la naturaleza del
defecto, la decisión competente, la situación del asiento registral y las garantías de
defensa. En este contexto, la seguridad jurídica no puede reducirse a una presunción
absoluta de validez del registro ni a una pérdida automática del derecho del tercero;
requiere examinar el caso y el régimen sustantivo aplicable.
En paralelo, la digitalización ofrece oportunidades para verificar identidades, firmas,
poderes y procedencia documental. Belalcazar Apunte (2026) advierte que la
equivalencia jurídica de la firma electrónica y la digitalización notarial solo fortalecen la
seguridad cuando se preservan el control de legalidad, la identificación del otorgante, la
autenticidad del instrumento y estándares técnicos verificables. La interoperabilidad, por
consiguiente, puede mejorar trazabilidad y oportunidad de las verificaciones, pero no
demuestra por sí sola la sinceridad de toda declaración privada ni sustituye el juicio
jurídico.
El problema científico que orienta la investigación es: ¿cómo incide la falta de delimitación
clara sobre la responsabilidad del notario frente a la falsedad ideológica en la efectividad
de la calificación registral y en la protección de la fe pública en Ecuador? El objeto de
estudio comprende los límites de la responsabilidad jurídica del notario y la función
calificadora del registrador de la propiedad frente a vicios ideológicos en instrumentos
públicos. En consecuencia, el objetivo general es analizar la responsabilidad del notario
y del registrador frente a la falsedad ideológica en instrumentos notariales y su impacto
en la eficacia de la calificación registral en Ecuador, integrando el análisis normativo,
jurisprudencial, empírico y comparado para formular criterios de prevención compatibles
con las competencias de cada operador.
Metodología
La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con componentes dogmático-
jurídico y socio jurídico, alcance descriptivo-analítico y propositivo y diseño no
experimental. El componente dogmático se orientó a examinar la coherencia entre la
Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función
Judicial, la Ley Notarial, la Ley de Registro y las normas relacionadas con registros
públicos. El componente socio jurídico se concentró en el análisis de las respuestas
organizadas mediante entrevistas semiestructuradas para contrastar cómo los tres
perfiles profesionales delimitan la verificación, la responsabilidad, la calificación registral
y la prevención.
La revisión documental incluyó normativa ecuatoriana, decisiones judiciales relacionadas
con el artículo 328 del COIP, legislación comparada de España, Colombia y Perú y
literatura científica publicada principalmente entre 2020 y 2026. La selección bibliográfica
priorizó trabajos con DOI o publicación académica verificable sobre fe pública,
responsabilidad notarial, función registral, seguridad jurídica, digitalización e
interoperabilidad. La dimensión jurisprudencial se utilizó para precisar los elementos del
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tipo penal y las garantías procesales, evitando convertir el análisis doctrinal en una
afirmación de responsabilidad objetiva.
La selección de España, Colombia y Perú respondió a un muestreo jurídico intencional
por criterios de comparabilidad y pertinencia funcional. España se incorporó como
referente del notariado latino y por la formulación normativa de la fe pública y de los
controles de identidad, capacidad, legitimación, consentimiento y legalidad; Colombia se
seleccionó porque su Estatuto del Notariado distingue expresamente la regularidad
formal del instrumento de la veracidad de las declaraciones de los interesados; y Perú
porque su Decreto Legislativo 1049 delimita la fe pública a la realización del acto jurídico
y a los hechos y circunstancias presenciados por el notario.
Estos ordenamientos permiten contrastar con Ecuador sistemas de tradición civilista que
atribuyen al notario una función preventiva y fedataria, pero con formulaciones
diferenciadas sobre el alcance de la autenticidad y los deberes de control. La selección
no pretende representar exhaustivamente el derecho comparado, sino construir casos
jurídicamente comparables que permitan precisar los límites de la responsabilidad
analizados (Jefatura del Estado de España, 1862, arts. 1 y 17 bis; Presidencia de la
República de Colombia, 1970, arts. 9 y 13-15; Congreso de la República del Perú, 2008,
arts. 2 y 24).
El componente empírico se estructuró en tres guías de diez preguntas abiertas: una para
notarios, una para registradores de la propiedad y una para jueces. Participaron doce
informantes clave: cuatro notarios, cuatro registradores de la propiedad y cuatro jueces,
identificados mediante los códigos N1-N4, R1-R4 y J1-J4. La distribución 4-4-4 respondió
a un criterio de contraste funcional, de modo que el fenómeno pudiera examinarse desde
la autorización del instrumento, la calificación registral y la decisión jurisdiccional sin
sobrerrepresentar uno de los perfiles. Cada participante respondió una guía de diez
preguntas abiertas, por lo que se sistematizaron 120 unidades de respuesta (40
notariales, 40 registrales y 40 judiciales).
La selección territorial se circunscribió a Pichincha y Guayas como delimitación
intencional del estudio, con el propósito de integrar los tres perfiles profesionales en dos
contextos territoriales del sistema notarial, registral y judicial ecuatoriano.
Por su naturaleza cualitativa y no probabilística, la muestra no pretende representatividad
estadística nacional. Se incluyeron profesionales pertenecientes a uno de los tres perfiles
definidos, con relación directa con las funciones examinadas y disponibilidad para
responder íntegramente la guía correspondiente. Se excluyeron registros incompletos o
que no correspondieran al perfil previsto. Para el grupo notarial se consideró además el
criterio consignado de más de ocho años de ejercicio profesional.
Las entrevistas semiestructuradas se realizaron de manera virtual entre el 15 y el 18 de
septiembre de 2026. Previo consentimiento informado de los participantes, las sesiones
fueron grabadas con la finalidad de preservar la fidelidad de la información obtenida.
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Posteriormente, las grabaciones fueron transcritas para facilitar su organización,
codificación y análisis cualitativo, garantizando el anonimato y la confidencialidad de los
informantes durante todo el proceso investigativo.
La codificación se realizó mediante análisis temático deductivo. Primero se efectuó una
lectura completa de las 120 unidades; después se asignaron códigos a afirmaciones
sobre autenticidad y veracidad, deber de verificación, dolo y participación, límites de la
calificación, efectos sobre terceros y mecanismos preventivos.
Los códigos se agruparon en cinco categorías que coinciden con los resultados
principales solicitados para la discusión: (1) límites de la fe pública frente a la veracidad
material; (2) condiciones de atribución de responsabilidad al notario; (3) límites de la
calificación registral; (4) protección del tercero de buena fe; y (5) interoperabilidad y
debida diligencia. En lugar de porcentajes aislados, se reportaron frecuencias absolutas
por perfil y se seleccionaron extractos anonimizados representativos.
Tabla 1.
Estructura del componente empírico
Perfil
Códigos
n
Unidades
Criterio documentado/operativo
Notarios
N1-N4
4
40
Más de ocho años de ejercicio
profesional, según el criterio
consignado para este grupo.
Registradores
de la propiedad
R1-R4
4
40
Ejercicio de funciones registrales y
participación completa en la
entrevista.
Jueces
J1-J4
4
40
Ejercicio de funciones
jurisdiccionales y participación
completa en la entrevista.
Nota: Elaboración propia.
Resultados
Los resultados se presentan en cuatro bloques para separar evidencia e interpretación:
resultado normativo-dogmático, resultado jurisprudencial, resultado empírico y resultado
de derecho comparado. Esta organización evita mezclar conclusiones valorativas con
datos y permite identificar la fuente que sustenta cada resultado.
1. Resultado normativo y dogmático
El marco constitucional y orgánico sitúa la fe pública dentro de una función legalmente
delimitada. La Constitución reconoce a las notarías y notarios como depositarios de la fe
pública, mientras el artículo 296 del Código Orgánico de la Función Judicial define el
servicio notarial como una función pública orientada a autorizar actos, contratos y
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documentos determinados por la ley y a dar fe de hechos ocurridos en presencia del
notario. La consecuencia dogmática es que la fuerza del instrumento debe vincularse con
el ámbito de percepción, comprobación y autorización legalmente exigible, sin convertir
toda declaración privada en un hecho directamente conocido por el fedatario.
En materia penal, el artículo 328 del COIP no contiene una regla que haga responsable
al notario por su sola condición de autorizante. El tipo se formula respecto de "la persona"
que falsifique, destruya o adultere documentos modificando sus efectos o sentido, y
también sanciona el uso del documento falso. Por ello, el análisis debe identificar el verbo
rector, el documento afectado, la relevancia jurídica de la alteración, el conocimiento y
voluntad y la forma de intervención. La categoría de falsedad ideológica utilizada en esta
investigación sirve para describir la discordancia entre el contenido declarado y la
realidad, pero su relevancia penal solo puede establecerse después de contrastar la
conducta concreta con el tipo vigente y las reglas generales de dolo, autoría y
participación.
Este enfoque obliga a diferenciar cinco escenarios: declaración falsa del compareciente;
utilización de documento falsificado; simulación del negocio; desconocimiento del notario;
y participación deliberada del notario. La responsabilidad no es intercambiable entre ellos.
Si el dato falso fue introducido por un compareciente y no existía un deber concreto ni
una señal objetiva que permitiera advertirlo, la sola autorización del instrumento no
demuestra dolo. Si, en cambio, se acredita conocimiento y contribución deliberada, la
valoración jurídica cambia y debe realizarse conforme al tipo y a las reglas de
intervención.
En el ámbito registral, el artículo 11 de la Ley de Registro configura una calificación con
contenido jurídico: prevé causales de negativa por inadmisibilidad legal, falta de
autenticidad, nulidad o ausencia de requisitos y exige motivar con precisión y claridad las
razones de la negativa. Este diseño impide caracterizar al registrador como un mero
receptor formal; sin embargo, tampoco le confiere una potestad general para investigar
hechos ocultos o sustituir a la autoridad jurisdiccional. La calificación debe permanecer
conectada con el título, los antecedentes pertinentes y las competencias legales.
2. Resultado jurisprudencial
El resultado jurisprudencial de esta investigación se sustenta esencialmente en el Juicio
No. 11282-2019-01783, resuelto por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de
Loja, y en la Sentencia No. 1505-18-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador. Ambas
decisiones se utilizan con alcances diferenciados, por lo que no corresponde atribuirles
una regla jurisprudencial uniforme o específica sobre responsabilidad notarial. En el
Juicio No. 11282-2019-01783, la Sala Penal examinó el delito de falsificación y uso de
documento falso previsto en el artículo 328 del COIP. La decisión identificó como bien
jurídico protegido la fe pública, caracterizó al sujeto activo como genérico y destacó que
el componente subjetivo del delito exige dolo, entendido como conocimiento y voluntad
respecto de la conducta falsaria o del uso del documento falso. Su relevancia para esta
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investigación radica en que permite sostener, desde la estructura del tipo penal, que la
eventual responsabilidad debe determinarse a partir de la conducta concreta y del
elemento subjetivo, y no exclusivamente de la calidad profesional de quien interviene en
el instrumento (Corte Provincial de Justicia de Loja, 2020).
Por su parte, la Sentencia No. 1505-18-EP/25 no establece una regla específica sobre la
responsabilidad penal, civil o disciplinaria del notario frente a la falsedad ideológica. Su
objeto principal se relaciona con el derecho a la defensa, la congruencia procesal y la
posibilidad de modificar la calificación jurídica dentro de un proceso penal cuando se
mantiene el mismo núcleo fáctico. En consecuencia, su incorporación en el presente
estudio posee un valor complementario y garantista, pues permite reforzar la exigencia
de que toda imputación penal se fundamente en hechos concretamente delimitados y
respete las garantías procesales, sin que pueda utilizarse esta sentencia como
precedente directo para afirmar o excluir responsabilidad notarial (Corte Constitucional
del Ecuador, 2025).
En conjunto, el análisis jurisprudencial permite establecer una conclusión limitada: la
jurisprudencia examinada no configura una doctrina específica y consolidada sobre
responsabilidad notarial por falsedad ideológica. Su aporte consiste, principalmente, en
proporcionar criterios acerca de la configuración subjetiva del artículo 328 del COIP y de
las garantías que deben observarse en la atribución de responsabilidad penal. Por ello,
las conclusiones relativas a los deberes y límites de actuación del notario se construyen
de forma conjunta a partir de la normativa vigente, la doctrina especializada, las
entrevistas y el derecho comparado, y no exclusivamente de estas decisiones judiciales.
3. Resultado empírico derivado de las entrevistas
El análisis de las 120 unidades de respuesta mostró recurrencias claras dentro de cada
perfil. Por tratarse de un estudio cualitativo con grupos pequeños, se reportan frecuencias
absolutas antes que porcentajes. La Tabla 2 sintetiza los cinco datos empíricos y presenta
extractos breves anonimizados que permiten observar la trazabilidad de la interpretación.
Tabla 2.
Categorías empíricas, frecuencias absolutas y extractos representativos
Categoría
Frecuencia
Perfiles
Extracto representativo
Límites de la fe
pública y veracidad
material
12/12
N, R y J
N4: "Es importante diferenciar
entre aquello que el notario
verifica directamente y aquello
que manifiestan las partes."
Individualización de
la responsabilidad
notarial
8/8
N y J
J2: "No debería presumirse el
conocimiento únicamente
porque el notario firmó y
autorizó el documento."
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Límites de la
calificación registral
4/4
R
R3: "No considero adecuado
rechazar una inscripción
únicamente por una sospecha
subjetiva."
Protección del
tercero de buena fe
8/8
R y J
J4: "La solución debe buscar
un equilibrio entre corregir los
efectos del acto irregular y
proteger la seguridad jurídica."
Interoperabilidad,
trazabilidad y
protocolos
12/12
N, R y J
R2: "Las firmas electrónicas
verificables y los códigos de
validación constituyen
herramientas importantes."
Nota: Elaboración propia.
El primer resultado fue la distinción entre autenticidad formal y veracidad material. Los
doce entrevistados reconocieron, desde sus diferentes funciones, que un documento
puede ser auténtico y contener una declaración inexacta o falsa. En el grupo notarial, las
cuatro respuestas delimitaron la fe pública según lo que el notario puede presenciar o
verificar; en el grupo registral, 4/4 advirtieron que la falsedad ideológica puede no ser
visible a partir del título y sus antecedentes; y en el grupo judicial, diferenciaron falsedad
material e ideológica antes de analizar responsabilidad.
El segundo resultado se relacionó con la responsabilidad notarial. Los ocho participantes
de los grupos directamente interrogados sobre este punto -notarios y jueces insistieron
en que la responsabilidad debe individualizarse. Las cuatro respuestas notariales
rechazaron equiparar el engaño del compareciente con la participación consciente del
notario; las cuatro respuestas judiciales exigieron identificar la afirmación falsa, la prueba
de su discordancia con la realidad, el conocimiento y la contribución concreta del
funcionario. Este patrón no prueba por sí solo una regla jurídica, pero sí evidencia una
coincidencia empírica con la exigencia dogmática de separar conductas y elementos
subjetivos.
El tercer resultado correspondió a los límites de la calificación registral. Los cuatro
registradores señalaron que la función calificadora permite verificar requisitos,
antecedentes e inconsistencias objetivas, pero no resolver como juez controversias sobre
hechos ocultos. Asimismo, 4/4 sostuvieron que una negativa requiere fundamento jurídico
concreto y que una sospecha subjetiva, por sí sola, no debe transformarse en causal de
rechazo.
El cuarto resultado abordó la posición del tercero adquirente de buena fe. Los cuatro
registradores y los cuatro jueces coincidieron en que la afectación del tercero no puede
resolverse mediante una regla automática. Los registradores destacaron posibles
controversias patrimoniales y costos de defensa; los jueces enfatizaron la necesidad de
Falsedad ideológica en instrumentos notariales: responsabilidad del notario y efectos en la
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distinguir entre falsedad documental, nulidad del negocio y efectos registrales,
garantizando la posibilidad de defensa del afectado.
El quinto resultado fue preventivo. Los doce entrevistados propusieron al menos una
medida de fortalecimiento institucional o tecnológico: consultas seguras a fuentes
oficiales, validación de firmas, trazabilidad de verificaciones, protocolos frente a
inconsistencias, capacitación y coordinación. No se identificó una propuesta unánime de
una plataforma específica ni se sostuvo que la tecnología pueda comprobar la intención
negocial. La recurrencia se refiere a la necesidad de mejorar la verificación y documentar
lo actuado, no a la sustitución del análisis jurídico por automatización.
4. Resultado del derecho comparado
La revisión de la Ley del Notariado española, el Decreto Ley 960 de 1970 de Colombia y
el Decreto Legislativo 1049 del Perú permitió identificar técnicas normativas distintas para
organizar la función fedataria, la autorización del instrumento y los controles de legalidad.
El análisis comparado no se utilizó para afirmar que alguno de estos ordenamientos
establezca una exoneración absoluta del notario ni para sostener que el sistema
ecuatoriano presume corresponsabilidad. Su utilidad fue más acotada: mostrar que la
delimitación de competencias debe construirse mediante deberes específicos, requisitos
del instrumento y reglas de actuación, no mediante una obligación genérica de descubrir
todo hecho oculto.
El resultado comparado coincide con el criterio empírico de que el control preventivo
puede reforzarse sin transformar al notario o al registrador en órganos de investigación
penal. Las experiencias comparadas también muestran la relevancia de la autenticidad
documental, la identificación de los otorgantes y el control de legalidad como núcleos de
la función notarial. Estas semejanzas sirven como referencia para proponer protocolos
ecuatorianos, pero no autorizan a trasladar mecánicamente soluciones de otro sistema
jurídico.
Tabla 3.
Comparación normativa de la función notarial y sus límites relevantes para la falsedad
ideológica
Variable
Ecuador
España
Colombia
Perú
Fuente
normativa
Aporte para el
análisis
Alcance
de la fe
pública
Autoriza
actos y da
fe de
hechos
ocurridos
en
presencia
Da fe de
contratos y
actos
extrajudicia
les; el
control
comprende
identidad,
La escritura
documenta
declaracione
s emitidas
ante el
notario y su
autorización
acredita el
El
instrument
o produce
fe sobre la
realización
del acto y
los hechos
o
EC: COFJ, art.
296. ES: Ley
del Notariado,
arts. 1 y 17
bis. CO: D.
960/1970,
arts. 13-15.
PE: D. Leg.
Delimita la fe
pública a la
actuación
documentada y a
los hechos
jurídicamente
verificables, sin
convertirla en
Falsedad ideológica en instrumentos notariales: responsabilidad del notario y efectos en la
calificación registral en Ecuador
Rogelio José Tapia Barahona
Karla Alexandra Vera Sesme
Rolando Medina Peña
Lissette Amelia Alvarado Ajila
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del
notario.
capacidad,
legitimació
n,
consentimi
ento y
legalidad.
cumplimiento
de requisitos
pertinentes.
circunstan
cias que el
notario
presencia.
1049, arts. 2 y
24.
garantía
absoluta de toda
afirmación
privada.
Veracidad
de las
declaracio
nes y
responsab
ilidad
El art. 328
COIP
exige
individuali
zar
conducta
típica, dolo
y forma de
intervenci
ón; la sola
autorizaci
ón no
demuestra
responsab
ilidad.
La norma
concentra
el deber
notarial en
controles
concretos
del
otorgamien
to y su
adecuació
n a la
legalidad.
El notario
responde por
la regularidad
formal del
instrumento,
no por la
veracidad de
las
declaracione
s de los
interesados.
La fe se
proyecta
al acto y a
los hechos
presencia
dos; el
notario
formaliza
la voluntad
expresada
por los
otorgantes
.
EC: COIP, art.
328. ES: Ley
del Notariado,
art. 17 bis.
CO: D.
960/1970, art.
9. PE: D. Leg.
1049, arts. 2 y
24.
Refuerza la
necesidad de
diferenciar la
falsedad
aportada por el
compareciente
de una eventual
intervención
consciente o
incumplimiento
propio del
notario.
Control de
legalidad y
formalizac
ión
La función
notarial se
ejerce
dentro de
atribucion
es legales;
el control
debe
vincularse
al acto y a
datos
objetivam
ente
comproba
bles.
El notario
debe
valorar
capacidad,
legitimació
n,
consentimi
ento libre y
adecuació
n del
otorgamien
to a la
legalidad.
La recepción,
extensión,
otorgamiento
y
autorización
estructuran el
perfeccionam
iento de la
escritura; la
redacción
debe
expresar los
fines
jurídicos
declarados.
El notario
formaliza
la
voluntad,
redacta
instrument
os, les
confiere
autenticid
ad y
conserva
los
originales.
EC: COFJ, art.
296; Ley
Notarial. ES:
Ley del
Notariado, art.
17 bis. CO: D.
960/1970,
arts. 13-15.
PE: D. Leg.
1049, art. 2.
Permite diseñar
controles
preventivos y
trazables sin
transformar al
notario en
investigador
general de
hechos ocultos o
intenciones
privadas.
Criterio
útil para
Ecuador
La
delimitació
n debe
articular fe
pública,
deber
concreto
de
verificació
n y
responsab
Aporta un
modelo
explícito de
control del
otorgamien
to y
legalidad.
Aporta una
separación
normativa
clara entre
regularidad
formal y
veracidad
material.
Aporta
una
delimitació
n expresa
de la fe a
lo actuado
y
presencia
do por el
notario.
Síntesis
comparada de
las normas
citadas en las
columnas
precedentes.
Los referentes
son funcionales,
no trasplantables
mecánicamente:
sirven para
precisar
competencias,
deberes y límites
compatibles con
el ordenamiento
ecuatoriano.
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ilidad
subjetiva.
Nota: Elaboración propia a partir de la normativa comparada citada. La comparación es
funcional y no implica identidad de regímenes jurídicos ni trasplante automático de
soluciones.
Discusión
La discusión se organiza por los cinco resultados solicitados y confronta la evidencia
empírica con la normativa, la jurisprudencia y la literatura científica. El propósito no es
repetir los resultados, sino explicar su significado jurídico, identificar coincidencias o
tensiones con el conocimiento disponible y precisar el aporte del estudio.
1. Límites de la fe pública frente a la veracidad material de las declaraciones
La coincidencia de los tres perfiles en distinguir autenticidad y veracidad material se
corresponde con la concepción funcional de la fe pública desarrollada por López Véliz y
Calle García (2022) y con los estudios de Jaramillo-Calero et al. (2025) y Mendoza-
Mendieta et al. (2025). La fe pública dota de autenticidad y certeza a la actuación
documentada, pero su alcance debe determinarse a partir de la función legalmente
asignada y de aquello que el notario presencia, comprueba o recibe como declaración.
Esta precisión es particularmente importante porque una escritura pública puede ser
auténtica como instrumento y contener una manifestación cuya verdad material depende
de hechos privados no observados directamente por el notario.
El aporte de las entrevistas consiste en trasladar esa distinción doctrinal a tres momentos
del tráfico jurídico: autorización, inscripción y eventual controversia judicial. El notario
delimita qué puede verificar; el registrador identifica qué inconsistencias son
objetivamente calificables; y el juez exige prueba sobre la falsedad y la intervención de
cada sujeto. Esta secuencia evita dos simplificaciones: considerar que la fe pública
garantiza absolutamente toda afirmación de los comparecientes o, en sentido contrario,
reducir la función notarial a una mera recepción de firmas.
2. Condiciones jurídicas para atribuir responsabilidad al notario
Los resultados no respaldan una lectura según la cual el artículo 328 del COIP transfiera
automáticamente una carga objetiva al notario o presuma su corresponsabilidad. El texto
penal utiliza un sujeto activo genérico y exige identificar una conducta de falsificación,
destrucción, adulteración o uso de documento falso. La Sala Penal de Loja también
reconstruyó el tipo sobre la base de un sujeto activo genérico, el documento como objeto
material y el dolo como conocimiento y voluntad (Corte Provincial de Justicia de Loja,
2020). Por tanto, la condición de notario no sustituye la demostración de la conducta
típica ni del elemento subjetivo.
La Sentencia No. 1505-18-EP/25 se incorpora únicamente como referente
complementario en materia de garantías procesales e individualización del núcleo fáctico,
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puesto que no desarrolla una regla jurisprudencial específica sobre responsabilidad
notarial. Por tanto, no constituye fundamento directo para determinar la responsabilidad
del notario, sino un criterio constitucional que exige preservar el derecho a la defensa y
la correspondencia entre los hechos atribuidos y la decisión judicial.
Prado-Chiriboga et al. (2025) distinguen los supuestos de participación activa del notario
de aquellos en que existe engaño por terceros. Las entrevistas refuerzan esta separación,
pues 8/8 notarios y jueces consultados sobre responsabilidad reclamaron individualizar
conocimiento, controles realizados y forma de intervención. El estudio, sin embargo, se
aparta de cualquier conclusión automática según la cual el engaño por terceros produzca
necesariamente una responsabilidad administrativa: la responsabilidad disciplinaria
posee reglas propias y debe acreditarse conforme al régimen aplicable, como recuerda
la literatura especializada (Vera Yenchong & Delgado Alcívar, 2024).
La contribución del artículo consiste en proponer una secuencia analítica previa a
cualquier imputación: identificar qué afirmación o documento es cuestionado; determinar
quién lo aportó o modificó; precisar qué deber concreto incumbía al notario; verificar si
existían señales objetivas que exigían comprobaciones adicionales; y establecer si hay
evidencia de conocimiento y participación deliberada. Esta secuencia protege la fe
pública sin convertir el resultado dañoso en una presunción de culpabilidad.
3. Límites de la calificación registral ante vicios ideológicos no visibles en el título
Los registradores entrevistados rechazaron dos extremos: una calificación puramente
mecánica y una investigación ilimitada. Esa posición es consistente con el artículo 11 de
la Ley de Registro, que permite negar la inscripción por causas legales y exige motivar
con precisión la decisión. Salazar Aguila (2024) evidencia que las negativas registrales
requieren un marco procesal claro y motivación suficiente para no afectar la seguridad
jurídica. La calificación, por tanto, tiene contenido jurídico, pero debe permanecer dentro
de competencias definidas.
El aporte del análisis es distinguir un defecto calificable de un hecho controvertido. Una
inconsistencia visible en el título, una falta de autenticidad comprobable o un requisito
legal ausente pueden activar los mecanismos registrales. En cambio, una simulación
negocial o una mentira privada que solo puede demostrarse mediante actividad
probatoria excede el alcance ordinario de la calificación. La coordinación con otras
instituciones puede ampliar la información disponible, pero no convierte al registrador en
juez ni habilitas negativas basadas únicamente en intuiciones.
4. Protección del tercero de buena fe y seguridad jurídica
Las respuestas de registradores y jueces muestran que el tercero adquirente puede
quedar expuesto a litigios, costos y afectaciones patrimoniales cuando el título de origen
es cuestionado. Sin embargo, 8/8 respuestas evitaron presentar la buena fe como una
protección absoluta o la falsedad como causa de pérdida inevitable del derecho. Esta
cautela resulta coherente con el principio de seguridad jurídica: la previsibilidad requiere
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aplicar normas previas y claras al caso concreto, sin desconocer el debido proceso de
quienes pueden resultar afectados.
La literatura registral reciente insiste en que la seguridad jurídica depende de
procedimientos uniformes, actualización de información, motivación y modernización
institucional (Béjar Rojas, 2026). En esta investigación, la principal aportación consiste
en separar tres cuestiones que a menudo aparecen confundidas: la falsedad del
documento, la validez del negocio y los efectos sobre el asiento registral. La decisión
sobre una de ellas no resuelve automáticamente las demás; cada consecuencia debe
vincularse con la norma aplicable y con la posibilidad de defensa del tercero.
5. Viabilidad y límites de mecanismos de interoperabilidad y debida diligencia
La unanimidad de los tres perfiles en proponer medidas de fortalecimiento institucional
muestra que la prevención no puede descansar únicamente en sanciones posteriores. La
literatura reciente coincide en que la digitalización, la firma electrónica y la
interoperabilidad pueden mejorar autenticidad, eficiencia y trazabilidad, siempre que
existan estándares técnicos, protección de datos y claridad normativa (Belalcazar Apunte,
2026). En el ámbito registral, la modernización tecnológica también se ha planteado como
un instrumento para fortalecer la seguridad y la coordinación entre bases de datos (Béjar
Rojas, 2026).
No obstante, las entrevistas permiten introducir un límite relevante: una plataforma puede
verificar la vigencia de un poder, el origen de un documento o una firma, pero no puede
demostrar por sí sola la intención real de los contratantes ni la sinceridad de todas las
declaraciones privadas. La interoperabilidad debe vincular cada consulta con una
finalidad legal, registrar quién accedió a la información, preservar la trazabilidad y prever
qué hacer cuando existan inconsistencias o el servicio no esté disponible. Su función es
mejorar la debida diligencia, no reemplazar la valoración jurídica.
El aporte propio del estudio se resume en una concepción escalonada de la prevención:
verificar lo verificable, documentar la comprobación, motivar la decisión y derivar a la
autoridad competente aquello que exceda las facultades del operador. Este enfoque
distribuye responsabilidades según funciones concretas y evita trasladar al Derecho
penal deficiencias que pueden ser prevenidas mediante controles administrativos o
registrales mejor definidos.
Propuesta de mejora derivada del análisis
A partir de la convergencia entre el análisis normativo, la jurisprudencia y las entrevistas,
se propone un protocolo de debida diligencia coordinada aplicable a actuaciones
notariales y registrales de mayor riesgo. La propuesta no crea nuevas obligaciones
penales ni presume responsabilidad; organiza controles preventivos que pueden
documentarse y auditarse.
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1. Identificación del dato jurídicamente relevante. Antes de verificar, debe precisarse
qué información resulta determinante para la validez o eficacia del acto y cuál es
la fuente legal que justifica su comprobación.
2. Verificación mediante fuente oficial o mecanismo autorizado. Cuando exista una
fuente institucional disponible, debe comprobarse identidad, representación,
vigencia de documentos, firmas u otros datos legalmente verificables, evitando
recopilar información ajena a la finalidad del trámite.
3. Registro de la verificación. Debe dejarse constancia de la fuente consultada, fecha,
resultado y funcionario que realizó la comprobación. La trazabilidad permite
explicar posteriormente qué controles se practicaron.
4. Tratamiento de inconsistencias. Si surge una contradicción objetiva, el operador
debe aclararla mediante los mecanismos permitidos antes de autorizar o inscribir.
La respuesta debe ser proporcional al tipo de inconsistencia y a la competencia
legal.
5. Motivación y derivación. El registrador debe motivar cualquier negativa con una
causal concreta; el notario debe documentar las razones de una actuación
preventiva; y los hechos que requieran investigación o prueba jurisdiccional deben
ser remitidos o tratados por la autoridad competente sin ampliar artificialmente las
facultades notariales o registrales.
6. Interoperabilidad con protección de datos. Los sistemas de intercambio de
información deben definir usuarios autorizados, finalidades, seguridad,
conservación de registros de consulta y procedimientos ante indisponibilidad del
servicio.
7. Capacitación conjunta. La formación debe diferenciar falsedad material, falsedad
ideológica, simulación, irregularidad administrativa, negligencia y participación
dolosa, de modo que la respuesta institucional se adecue al problema realmente
identificado.
Conclusiones
La falsedad ideológica incorporada a un instrumento notarial no genera, por sí sola,
responsabilidad penal del notario. Conforme al artículo 328 del COIP, la imputación exige
individualizar una conducta típica, el dolo y la forma concreta de autoría o participación,
vinculados a un deber jurídicamente exigible.
La fe pública notarial acredita la actuación documentada y los hechos comprendidos
dentro de la esfera legal de percepción y control del notario, pero no convierte en verdad
jurídica absoluta toda declaración privada de los comparecientes. Autenticidad
instrumental y veracidad material son categorías distintas y deben valorarse
separadamente.
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La calificación registral constituye un control jurídico del título sujeto a causales legales y
a motivación suficiente. No habilita al registrador para reconstruir hechos ocultos,
investigar intenciones privadas ni sustituir la actividad probatoria jurisdiccional; por ello,
la mera sospecha no basta para negar una inscripción.
La protección del tercero de buena fe debe resolverse según la naturaleza del vicio, la
situación registral y las garantías de contradicción y defensa. La falsedad documental, la
invalidez del negocio jurídico y los efectos sobre el asiento registral son cuestiones
relacionadas, pero jurídicamente diferenciables.
La prevención debe estructurarse mediante una debida diligencia proporcional:
verificación de datos legalmente comprobables, trazabilidad de controles, motivación de
decisiones y derivación a la autoridad competente cuando el asunto exceda las
atribuciones notariales o registrales. La interoperabilidad y la tecnología son instrumentos
de apoyo, no fuentes autónomas de responsabilidad.
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Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses en relación con el artículo.
Contribución de los autores: Los autores realizaron, de conjunto, el análisis de la información para el artículo, así
como su diseño y redacción.