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autenticidad dentro del ámbito de las competencias legalmente asignadas, mientras que
la naturaleza y alcance del instrumento público deben examinarse según aquello que el
funcionario presencia, verifica o recibe como declaración de las partes (López Véliz &
Calle García, 2022; Jaramillo-Calero et al., 2025; Mendoza-Mendieta et al., 2025). Esta
distinción resulta central cuando una escritura es auténtica en su forma, pero contiene
una afirmación que posteriormente es controvertida por no corresponder a la realidad.
El problema se vuelve especialmente complejo en el ámbito penal. El artículo 328 del
Código Orgánico Integral Penal sanciona a la persona que falsifique, destruya o adultere,
modificando los efectos o el sentido de documentos públicos o privados, y sanciona
también el uso de documentos falsos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, art. 328).
La disposición no utiliza de manera expresa la fórmula "falsedad ideológica" como un
supuesto autónomo, por lo que el análisis jurídico no puede comenzar con la presunción
de que toda declaración mendaz inserta en una escritura pública genera
corresponsabilidad del notario. La atribución penal exige reconstruir la conducta típica, el
objeto material, el elemento subjetivo y la forma concreta de autoría o participación. La
Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, al examinar un proceso por
falsificación y uso de documento falso, identificó el sujeto activo como genérico y destacó
la exigencia de conocimiento y voluntad para el uso de documento falso o la adulteración
de un documento verdadero (Corte Provincial de Justicia de Loja, 2020).
Esta precisión permite separar situaciones jurídicamente diferentes: la mentira del
compareciente ante el notario; la presentación de documentación falsificada; la
simulación del negocio jurídico; el desconocimiento de la falsedad por parte del notario;
y el conocimiento o participación deliberada del notario. Prado-Chiriboga et al. (2025)
también subrayan la necesidad de distinguir la participación activa del notario de los
supuestos en que este es inducido a error por terceros. A la vez, la responsabilidad
disciplinaria responde a presupuestos propios y no puede identificarse automáticamente
con la responsabilidad penal, como muestra el estudio de Vera Yenchong y Delgado
Alcívar (2024).
La problemática se proyecta al Registro de la Propiedad. La Ley de Registro obliga al
registrador a inscribir los documentos cuya inscripción exige o permite la ley y enumera
causales de negativa; además, exige que la negativa exprese con precisión y claridad las
razones que la sustentan (Comisión Legislativa del Ecuador, 1966, art. 11).
Por tanto, la calificación registral no debe describirse como una simple revisión mecánica
de formas externas, pero tampoco como una investigación general de hechos ocultos o
de la intención privada de los contratantes. La literatura registral reciente identifica
precisamente la necesidad de motivar las negativas y de fortalecer la seguridad jurídica
mediante procedimientos claros, digitalización y coordinación institucional (Salazar
Aguila, 2024; Béjar Rojas, 2026).
El impacto sobre terceros adquirentes exige una aproximación igualmente diferenciada.
La existencia posterior de una controversia sobre el título de origen puede afectar la