Enfoque criminológico y normativo del crimen organizado y el narcotráfico en el Ecuador  
Yelsthin Antonio Luna Asanza  
Darwin Bolívar Colcha Lituma  
Armando Rogelio Durán Ocampo  
Volumen: 18  
Recepción: 12/11/2025  
Número: 3  
Trimestre: julio-septiembre  
Aprobado: 10/05/2026  
Año: 2026  
Artículo de revisión  
Enfoque criminológico y normativo del crimen organizado y el narcotráfico en el  
Ecuador  
Criminological and normative approach to organized crime and drug trafficking in  
Ecuador  
Resumen  
El derecho a la seguridad, la soberanía y la paz, son derechos humanos contemplados  
en la normativa internacional y consagrados expresamente dentro de la Constitución de  
la República del Ecuador. Asimismo, es una responsabilidad del Estado y los gobiernos  
garantizarlos a la población que representan y, por tanto, establecer las competencias  
institucionales de las distintas fuerzas públicas para su consecución. En el presente  
artículo se persiguió como objetivo analizar la pertinencia del uso de las Fuerzas  
Armadas y de la Policía Nacional en el enfrentamiento al crimen organizado y,  
especialmente, contra el narcotráfico, lo que ha tenido detractores y ha estado sometido  
a constantes críticas, por el riesgo humano que implica para la sociedad civil. Para  
desarrollar la investigación se emplearon varios métodos, entre los que se destaca el  
análisis y la síntesis, el análisis documental y la hermenéutica jurídica, los que  
permitieron llegar a conclusiones que pueden servir como base para definir el accionar  
de las Fuerzas Armadas en el contexto ecuatoriano actual. Se concluye que para lograr  
la restauración de una verdadera situación de paz, es necesario el pleno Estado de  
Derecho que supone el orden constitucional y, por tanto avanzar hacia un enfoque de  
carácter integral que permita combinar la mano firme de la represión con el  
fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la corrupción, la inversión  
en mecanismos de prevención general y de prevención especial, la colaboración  
internacional en la lucha contra el narcotráfico y otras manifestaciones de crimen  
organizado.  
Palabras clave: delincuencia organizada, Fuerzas Armadas, Policía Nacional,  
narcotráfico.  
Abstract  
The right to security, sovereignty, and peace are human rights recognized in  
1 Estudiante de la carrera de Derecho. Universidad Técnica de Machala. Ecuador.  
2 Estudiante de la carrera de Derecho Universidad Técnica de Machala. Ecuador.  
3 Magister en Ciencias Jurídicas. Coordinador de Titulación de la carrera de Derecho. Coordinador de la Maestría en  
Derecho, Mención Derecho Penal y Criminología. Profesor Titular. Universidad Técnica de Machala. Ecuador.  
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Enfoque criminológico y normativo del crimen organizado y el narcotráfico en el Ecuador  
Yelsthin Antonio Luna Asanza  
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Armando Rogelio Durán Ocampo  
Volumen: 18  
Recepción: 12/11/2025  
Número: 3  
Trimestre: julio-septiembre  
Aprobado: 10/05/2026  
Año: 2026  
Artículo de revisión  
international law and expressly enshrined in the Constitution of the Republic of Ecuador.  
Likewise, it is the responsibility of the State and governments to guarantee them for the  
population they represent and, therefore, to establish the institutional competencies of  
the different public forces to achieve them. This article aimed to analyze the relevance of  
using the Armed Forces and the National Police to tackle organized crime and,  
especially, drug trafficking, which has faced critics and has been under constant scrutiny  
due to the human risk it poses to civil society. To carry out the research, several  
methods were used, among which analysis and synthesis, document analysis, and legal  
hermeneutics stand out. These allowed reaching conclusions that can serve as a basis  
for defining the actions of the Armed Forces in the current Ecuadorian context. It is  
concluded that to achieve the restoration of a true state of peace, it is necessary to  
achieve a full Rule of Law, which implies constitutional order, and therefore move  
towards a comprehensive approach that allows combining a firm hand in repression with  
the strengthening of the administration of justice, the fight against corruption, investment  
in general and special prevention mechanisms, and international cooperation in the fight  
against drug trafficking and other forms of organized crime.  
Key words: organized crime, Armed Forces, National Police, drug trafficking.  
Introducción  
El crimen organizado no es una nueva forma de criminalidad regulada por el Derecho  
Penal ni nada parecido, sin embargo, es una forma de criminalidad a la que han vivido  
afortunadamente ajenos algunos países del mundo, hasta que, un día llega y se instala  
para quedarse a vivir ahí. Ello ha pasado en Ecuador desde hace algunos años, cuando  
las circunstancias se tornaron propicias para ello, durante y luego de la pandemia de  
finales del año 2019. Lo cierto es que, debido a la situación geográfica estratégica que  
tiene el país, la falta de control de las autoridades públicas y la insatisfacción de la  
ciudadanía con oportunidades de estudio y de trabajo, las circunstancias sociales eran  
propicias para iniciar en sus fronteras la red delincuencial que luego llevaría al país a  
convertirse en uno de los más violentos del mundo, consecuencia de la propia  
enfermedad criminal.  
Como consecuencia de la escalada de criminalidad en el país, el Estado se ha visto  
obligado a declarar numerosos estados de excepción, militarizando prácticamente todo  
el país para lograr restablecer el orden y mantener el control interno de la nación que,  
en no pocas ocasiones se ha visto seriamente comprometido. Este incremento de la  
violencia incide de manera negativa en todos los aspectos de la vida social del país,  
especialmente en el ámbito económico; ello, sin hacer referencia a las consecuencias  
que sufre la ciudadanía en su tranquilidad y el mantenimiento de su paz social. En los  
últimos cinco años, Ecuador pasó de ser uno de los países más estables y prósperos  
de América Latina a convertirse en el más inseguro y peligroso de la región, tal y como  
se ilustra en la siguiente imagen:  
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Número: 3  
Trimestre: julio-septiembre  
Aprobado: 10/05/2026  
Año: 2026  
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Figura 1  
Tasas de homicidios en América Latina en 2024  
Fuente: Tomado de Manjarrés y otros (2025).  
Las declaraciones de estado de excepción en Ecuador han implicado el despliegue  
constante de las Fuerzas Armadas y ello ha sido tan frecuente, que ya, prácticamente,  
se ha normalizado para la sociedad. Sin embargo, todos aquellos con conocimiento  
básicos de Derecho, así como una parte considerable de la sociedad civil coinciden en  
que esta situación es insostenible y que no se justifica que un país viva  
permanentemente en estado de excepción pues ello implica la suspensión y/o limitación  
de derechos y libertades (de Rementeria Venegas, 2020). Esencialmente, es necesario  
el restablecimiento del orden social utilizando otros mecanismos de solución que no es  
la violencia militar y que, a largo plazo resulte eficiente.  
El presente trabajo ha centrados sus esfuerzos en demostrar el tratamiento  
criminológico y social que se le ha dado al enfrentamiento de la delincuencia  
organizada y en especial, al narcotráfico, a partir de un análisis de documentos que  
están vinculados a los datos estadísticos y a los estudios realizados en el contexto  
ecuatoriano, así como lo referido a la situación de violencia y muertes asociadas al  
fenómeno criminal y todo lo relacionado con la intervención de las Fuerzas Armadas en  
la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial.  
El estudio es de tipo cualitativo y documental, se ha analizado la literatura jurídico  
científica, tesis de contenido investigativo académico, libros, artículos científicos y  
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periodísticos y se ha analizado el marco normativo nacional e internacional. La  
información que ha sido empleada se ha centrado en fuentes bibliográficas primarias y  
secundarias, las que, fundamentalmente, se encuentran disponibles en la web y en  
formato PDF, por tanto, son verificables en línea, por supuesto, dándole prioridad a la  
actualidad de la información y al rigor académico. También se ha tenido en cuenta la  
región latinoamericana para la búsqueda de la información, con énfasis en países  
vecinos al Ecuador.  
Desarrollo  
Contexto general del crimen organizado como nueva forma de criminalidad en Ecuador  
En los últimos años muchos países latinoamericanos entre los que está incluido el  
Ecuador, han enfrentado una escala dramática de violencia generando una profunda  
crisis en cuanto a la seguridad ciudadana; viéndose obligado el poder gubernamental a  
generar políticas de enfrentamiento en las que ha tenido que implicar, incluso, a los  
militares. La escalada de violencia vinculada al crimen organizado generó que el país  
pasara de tener una tasa moderada de homicidios a convertirse en el país más violento  
de la región latinoamericana desde el año 2023, según estadísticas publicadas en  
noviembre de 2024. Durante el año 2023 se reportó una tasa de 8.004 muertes  
violentas partiendo de que existían 47,25 homicidios por cada 100.000 habitantes  
(Comité Internacional de Rescate, 2024). El aumento de la criminalidad en Ecuador y  
en la región latinoamericana se atribuye, fundamentalmente, al narcotráfico y todas las  
formas de delincuencia que, consecuentemente, se derivan de él, tales como, el tráfico  
de armas, las extorsiones, el lavado de activos, la minería ilegal, el tráfico de personas,  
entre otros (Comité Internacional de Rescate, 2024).  
Tabla 1  
Inseguridad en América Latina  
Fuente: Tomado de Malamud & Núñez Castellano (2024)  
El hecho de que el Estado ecuatoriano se encuentre geográficamente ubicado entre  
Perú y Colombia, países considerados como los mayores productores de cocaína del  
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mundo, convirtió al país en la ruta perfecta para el tráfico internacional de drogas, hasta  
el punto de que se estima que, al menos un tercio de la cocaína colombiana sale al  
mundo a través de los puertos ecuatorianos, sobre todo, por Guayaquil, en  
contenedores y embarcaciones nacionales (González Levaggi, 2024). Las mafias  
provenientes de México introdujeron el narcotráfico como un medio de vida para  
muchísimas personas a través de las alianzas que realizaron con otros grupos y  
pandillas del Ecuador bastante conocidas, tales como: Los Choneros, que se alió con el  
cartel de Sinaloa; Los Lobos, los Tiguerones y otros grupos que se asociaron con el  
cartel de Jalisco Nueva Generación (González Levaggi, 2024). Asimismo, se han  
generado redes con otros países de la región europea, tales como los albaneses, los  
que aportan a dichas organizaciones un mercado y financiamiento (Human Rights  
Watch, 2024).  
Figura 2  
Organizaciones criminales en el Ecuador  
Fuente: Tomado de Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2023)  
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El fenómeno de la violencia en Ecuador no solo es perceptible en las calles de la ciudad  
sino también, en las cárceles. Un ejemplo de ello lo constituyó la masacre del año 2021  
en la cual, más de 500 privados de la libertad fueron asesinados de manera brutal con  
motivo de riñas que existían entre las bandas (VISTAZO, 2025). Tales actos de violencia  
han evidenciado que los grupos criminales tienen pleno poder de determinación dentro  
de los establecimientos penitenciarios y, no solo en ellos sino también, en las calles. Tal  
es así que, en el año 2023, durante plena campaña política, fue asesinado de manera  
brutal y pública al candidato presidencial Fernando Villavicencio, mientras realizara un  
acto de campaña política, hecho que fue atribuido a las bandas de narcotráfico y  
enlazado con un conjunto de amenazas que, previamente, había recibido ya el referido  
candidato y su familia (BBC News Mundo, 2023).  
Esencialmente, se puede afirmar que, desde el año 2021 el Estado ecuatoriano entró  
en una oleada de hechos criminales que han desencadenado, además, el crecimiento  
exponencial del crimen organizado. La tormenta de factores que ha dado lugar a este  
crecimiento ha resultado en la trasnacionalidad de este crimen organizado, ha generado  
una percepción mundial de Estado debilitado debido precisamente al incremento de la  
corrupción y la infiltración de la criminalidad en las esferas más altas de la sociedad,  
con motivo del crecimiento de la pobreza, de la desesperanza del pueblo en la  
administración de justicia, en el mejoramiento económico y en seguridad colectiva. Con  
motivo de esta crisis de seguridad, el gobierno se ha visto forzado a tomar medidas  
drásticas y excepcionales, las que tienen un conjunto de opositores, pero también,  
seguidores.  
La militarización de la seguridad pública frente al crimen organizado  
Teniendo en cuenta los niveles de violencia y la incapacidad logística de la Policía  
Nacional en el enfrentamiento de la criminalidad organizada, el Estado ecuatoriano se  
ha visto obligado a recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, de modo que  
estos puedan contribuir al mejoramiento y restablecimiento del orden social interno de  
la nación. En los últimos años, los gobiernos sucesivos de Guillermo Lazo y Daniel  
Noboa, han estado utilizando la institución de Estados de Excepción para habilitar a las  
fuerzas militares en el enfrentamiento de la criminalidad, pese a que la Constitución de  
la República del Ecuador reserva esta responsabilidad a la Policía Nacional (Ecuador,  
Asamblea Constituyente, 2008). Esta práctica ha tenido lugar desde el año 2019,  
periodo en el que todavía gobernaba el ex presidente Lenin Moreno y que tuvo lugar  
con el propósito de retomar las cárceles amotinadas, hacer trabajo preventivo de  
patrullaje en lugares con alta delincuencia y prestar vigilancia en territorios fronterizos  
permeables (Primicias, 2019).  
No obstante, el punto de desenlace del conflicto interno nacional entre el gobierno y las  
bandas criminales se suscitó en enero de 2024, tras una oleada de un conjunto de  
ataques coordinados por la criminalidad organizada. Un conjunto de bandas armadas  
tuvo la capacidad de tomar varias instalaciones públicas y privadas, entre ellas, una  
televisora nacional y el control de algunas prisiones, con el marcado fin de demostrar  
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los niveles de poder que estos tenían; asimismo, los ataques incluyeron coches bomba  
y atentados cometidos en varias ciudades, todo lo cual luego fue calificado como actos  
de terrorismo (Fiscalía General del Estado, 2021). Como consecuencia de estos actos,  
el Presidente Daniel Noboa declaró que existía un conflicto armado interno en el país y  
mediante el Decreto Ejecutivo 111 de fecha 9 de enero de 2024 manifestó que existían  
en Ecuador 22 grupos criminales calificados como organizaciones terroristas,  
protagonistas de actos beligerantes no estatales, otorgando pleno poder a las Fuerzas  
Armadas para su enfrentamiento y neutralización. La declaración de estado de guerra  
interna, se considera un acto sin precedentes en la historia, que dio lugar a que se  
pudiera legalmente sustentar luego un conjunto de operativos militares consecutivos  
dentro del territorio nacional (González Levaggi, 2024).  
Bajo esta nueva mirada legal y aprovechando la propia circunstancia interminable de  
delincuencia y desestabilización social, el roll de las Fuerzas Armadas ha cambiado  
totalmente en Ecuador. Primeramente, ha cambiado la concepción del trabajo policial y  
se han confundido las finalidades de la Policía Nacional con las de las Fuerzas  
Armadas, hasta el punto de ser llamados como “Bloque de seguridad” concepto que  
implica la utilización de las fuerzas conjuntas de la Policía Nacional con las Fuerzas  
Armadas, como si fueran la misma institución jurídico-material y tuvieran la misma  
finalidad social. Bajo esta denominación, el gobierno ha dispuesto la realización de  
operativos combinados en todo el país, los comando de las Fuerzas Armadas han  
penetrado en barrios conflictivos, se militarizaron puertos marítimos, carreteras en los  
centros de privación de libertad a fin de retomar el control en ellos. Según cifras  
oficiales, un mes después de los sucesos antes narrados, ya había 4800 detenidos  
(CNN, 2024), como medida del gobierno para la desestabilización de la delincuencia  
organizada desde las cárceles el presidente Daniel Noboa ordenó la deportación de  
1500 presos de otras nacionalidades para que cumplieran la pena en sus países, tales  
como colombianos, peruanos etcétera, con lo cual también se disminuye el  
hacinamiento carcelario y el aislamiento de criminales foráneos (Voz de América, 2024).  
Pese a que el tema de la militarización ha sido efectivo en el enfrentamiento de la  
delincuencia organizada, sin lugar a dudas, existe un intenso debate alrededor de la  
normalización de esta situación en el país. El tema de la constitucionalidad de estas  
medidas es profundamente cuestionado y, a criterio de muchos, improcedente. Ejemplo  
de ello es el pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador donde se advierte  
al ejecutivo sobre la necesidad de justificar la existencia de un conflicto armado interno,  
recordándole que para poder utilizar esta figura debería demostrarse un sistema de  
organización e intensidad de enfrentamientos armados que no quedaron claramente  
demostrados al establecer la situación de conflicto armado a lo interno de la nación  
(Human Rights Watch, 2024).  
En el mes de marzo del año 2025, la Corte Constitucional del Ecuador exige al gobierno  
que se cree una comisión interinstitucional que permita supervisar la gestión del  
denominado conflicto interno y valorar la fundamentación de las continuas  
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declaraciones de estados de excepción (Celi, 2025). Asimismo, algunas organizaciones  
de la sociedad civil han cuestionado la procedencia del establecimiento permanente de  
los militares en el control de la criminalidad, que según los postulados de la democracia  
deben estar subordinados a la sociedad civil y deben estar enfocados en el  
enfrentamiento de conflictos externos, no así, para cuestiones internas de la nación  
(Amazon Frontlines, 2025).  
Pese a la oposición y los cuestionamientos realizados, el gobierno defiende las medidas  
puesto que, a su criterio, resultan necesarias, idóneas y pertinentes en el  
enfrentamiento de la situación de criminalidad y la magnitud de las amenazas. Este  
gobierno de 2025 en Ecuador, además, se encuentra respaldado en estas decisiones  
por el pueblo, teniendo en cuenta que la percepción de la ciudadanía es que la Policía  
Nacional no logra enfrentar ni controlar la criminalidad y, por tanto, es necesario el uso  
de las Fuerzas Armadas para dicho fin, lo que ha facilitado la legitimación de las  
decisiones gubernamentales (Tenorio Mendez & Mejía Rodríguez, 2024). Según  
encuestas que se han ido realizando a poblaciones dentro de las ciudades más  
perjudicadas por la violencia se ha obtenido como resultado que existe un alto apoyo a  
que persista la presencia militar en las calles, lo que ilustra los niveles de  
desesperación de las personas que han resultado víctimas de la delincuencia. En tal  
sentido el presidente Daniel Noboa ha manifestado que, el conjunto de acciones  
llevadas a cabo hasta el momento, pretenden “reafirmar la defensa de la soberanía y el  
orden interno” (Loaiza, 2025).  
Marco legal aplicable y retos institucionales  
Según el marco legal aplicable a las situaciones de conflicto interno en Ecuador, no es  
posible que los militares actúen en el enfrentamiento a la criminalidad, o sea, la  
Constitución de la República del Ecuador y la ley atribuye la responsabilidad del orden  
interno de manera exclusiva a la Policía Nacional no así a las Fuerzas Armadas. Estas  
últimas solo podrán ser empleadas para casos donde sea declarado el estado de  
excepción o si la policía es rebasada. El hecho de que en el año 2024 se declarara al  
Estado ecuatoriano sumergido en un conflicto armado interno, tuvo fundamento en que  
los niveles de criminalidad que se enfrentaban en ese momento eran semejantes a un  
conflicto de carácter internacional, al menos, desde el punto de vista del gobierno. Sin  
embargo, como bien ha quedado explicado antes, este gobierno no ha logrado probar ni  
ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con las bandas de  
criminalidad organizadas alcancen el nivel de conflicto armado que supone el Derecho  
Internacional (Human Rights Watch, 2024). Por tales razones, las medidas tomadas por  
el gobierno han sido calificadas como infundadas y han derivado en violaciones a los  
derechos humanos tales como: aprensiones arbitrarias y, por lo menos, una ejecución  
atribuida a las Fuerzas Armadas (Human Rights Watch, 2024).  
El hecho de que se les haya proporcionado plenas facultades a las Fuerzas Armadas  
para actuar en el enfrentamiento de la criminalidad, organizada o no, ha generado que  
se produzcan muchos abusos en el ejercicio del poder persecutor de la delincuencia,  
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ejemplo de ello se pone de manifiesto en el caso popularmente conocido como los  
cuatro de Guayaquil, en el que se hace referencia a los cuatro niños presuntamente  
ejecutados extrajudicialmente por miembros de las Fuerzas Armadas. Un informe de  
Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2025), documentó no solo este caso  
sino, unos diez casos donde las personas han sido desaparecidas forzosamente  
durante la realización de operativos que tuvieron lugar en el año 2024 y que también le  
han sido atribuidas a la actuación de las Fuerzas Armadas.  
Uno de los temas criticados a la actuación de las Fuerzas Armadas como institución  
encargada de hecho, conjuntamente con la Policía Nacional del enfrentamiento a la  
criminalidad, es que esta no ha sido entrenada para ello, o sea, no está capacitada para  
las tareas que la Policía Nacional desempeña a diario, tales como el control preventivo  
urbano, los procedimientos de inteligencia criminal, etcétera (Tenorio Mendez & Mejía  
Rodríguez, 2024). Por otro lado, se requiere de un fortalecimiento de la Policía Nacional  
en número de funcionarios, en equipamiento, en un proceso de depuración interna de la  
corrupción, exigencias de mecanismos de control en el cumplimiento de las tareas  
policiales preventivas, teniendo en cuenta que, a la larga, la seguridad colectiva no  
puede depender de las Fuerzas Armadas. En este sentido, algunos expertos han  
manifestado que es necesario evitar la militarización excesiva y de carácter permanente  
en los territorios, incluso en aquellos que la presencia criminal es más común, debido a  
que se podría ver afectada la institucionalidad civil y llegar a normalizarse la presencia  
de militares en los asuntos policiales (Tenorio Mendez & Mejía Rodríguez, 2024).  
Resulta necesario mantener un equilibrio entre actuar con firmeza ante el fenómeno de  
la delincuencia y el necesario respeto con los principios que implica la democracia.  
Análisis casuístico número 1.- La ciudad de Guayaquil y la violencia urbana  
El fenómeno de la delincuencia en Guayaquil se ha convertido en objeto de análisis  
criminológico de múltiples juristas e investigadores, con motivo de que este está ligado  
a dos formas de criminalidad que hasta el año 2021 eran poco comunes en Ecuador,  
estas son: el narcotráfico y la delincuencia organizada. Guayaquil ha sido considerado  
el epicentro de la violencia en Ecuador y ello está estrechamente vinculado al  
narcotráfico. En esta ciudad se utilizan los puertos para la exportación a gran escala de  
cocaína, lo que provocó un enfrentamiento constante de las bandas criminales  
presentes en la nación. Se plantea que entre los años 2022-2023, Guayaquil,  
Samborondón y Durán reportaron el 35% de todos los homicidios del país (Comité  
Internacional de Rescate, 2024). Entre las formas derivadas de criminalidad más  
comunes están, los atentados con explosivos, los sicariatos, las extorsiones y los  
asesinatos a policías, jueces, fiscales, abogados todo lo cual ha mantenido atemorizada  
a la urbe, tanto es así que a finales del año 2023 y hasta principios del año 2024, una  
ola de actos de terrorismo provocada esencialmente con coches bomba y ataques  
coordinados, conminó a la ciudadanía a tomar le decisión de cerrar supermercados,  
colegios, suspender servicios de transporte público en la ciudad de Guayaquil y en  
otras ciudades vecinas.  
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Tabla 2  
Variación índice de homicidios en Ecuador 2010-2024  
Fuente: Tomado de Primicias (2025)  
Ante la situación el gobierno implementó un conjunto de operativos en zonas  
estratégicas de alto índice de criminalidad, con la conjugación e las Fuerzas Armadas y  
la Policía Nacional, con el precedente de que en el año 2022 ya se habían utilizado a  
las Fuerzas Armadas en la persecución y control de la delincuencia en Guayaquil tras la  
declaración de estado de excepción. Recientemente el presidente también dispuso un  
operativo que denominó “Operación Guayaquil, Tregua Cero” (Loaiza, 2025), en el que  
desplegó 7000 efectivos de la Policía Nacional y militares dentro del territorio de la  
provincia del Guayas (La Nueva República, 2025). El propósito de este operativo fue el  
restablecimiento del control dentro del territorio, la contención de la violencia y la  
recuperación de espacios públicos que habían sido tomados por las mafias, las que  
estaban focalizadas en zonas del sur de la ciudad y en cantones vecinos como Durán  
(Loaiza, 2025).  
Las acciones realizadas incluyeron allanamientos, controles de vehículos, patrullajes  
permanentes con carácter preventivo y operativos tácticos que han tenido como  
propósito capturar cabecillas de las referidas mafias, el incautamiento de armas y  
explosivos, el desmantelamiento de algunas bandas de microtráfico y el control de los  
procedimientos de extorsión a la población (La Nueva República, 2025). El gobierno  
señala que el operativo no tiene el carácter de aislado sino permanente, con el  
propósito de mantener la presencia del Estado incluso después de haber eliminado los  
factores que generan la violencia en estos territorios, de modo que los delincuentes no  
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vuelvan a tomar el control una vez que se hayan retirado policías y militares (Loaiza,  
2025).  
El enfoque de la militarización en las ciudades de Guayaquil, Durán y otras altamente  
perjudicadas durante años por la violencia, a sido una de las políticas sostenidas del  
hoy presidente Daniel Noboa desde que llegó al poder gubernamental y, ciertamente,  
ello ha disminuido la violencia en estas zonas del país. Tras los operativos conjuntos de  
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional las autoridades del país han manifestado que  
los homicidios en la costa han disminuido desde el año 2024, no obstante, los  
resultados esperados son calificados como frágiles pues, el Guayas sigue siendo la  
provincia con más muertes violentas de la nación y Guayaquil la ciudad donde más  
atentados se producen contra civiles y contra las fuerzas del orden público. Pese a los  
mecanismos de control operativo, ha existido un crecimiento de otras modalidades  
delictivas, tales como, los secuestros exprés y las extorsiones, pues la delincuencia  
organizada las utiliza para su financiamiento o como represalia contra las autoridades.  
Muchos analistas, juristas, políticos y sociólogos manifiestan que si bien es cierto que el  
despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son  
necesarios para el enfrentamiento de la criminalidad y, a la vez, efectivos en su  
disminución, es necesario también que se materialicen estrategias integrales de  
enfrentamiento a la criminalidad, donde la justicia, las políticas de prevención general y  
el desarrollo de valores sociales en el enfrentamiento al delito juegan un papel  
elemental, caso contrario, el efecto será temporal y efímero (Arias Pico, Castillo Ortega,  
& Ramon Poma, 2024). En el caso de la provincia del Guayas ello implica, por ejemplo,  
invertir en oportunidades económicas para los jóvenes y en barrios marginales que  
actualmente continúan dominados por pandillas, programas de rehabilitación de  
personas que son adictas al consumo de estupefacientes y mecanismos de protección  
de líderes comunitarios que son amenazados. Los procesos de militarización en estos  
territorios han de ser complementados con inteligencia financiera, de modo que sean  
eliminadas las redes de lavado de activo que, en definitiva, sustentan económicamente  
a las mafias.  
Análisis casuístico número 2.- Fronteras y grupos armados irregulares  
Las zonas fronterizas del norte de Ecuador lindan con Colombia, las provincias de  
Esmeraldas, Sucumbíos y el Carchi tienen una situación de conflicto relacionada con el  
narcotráfico, pero distinta a la de la provincia del Guayas. En ellas, existen guerrillas y  
disidentes de nacionalidad colombiana que se dedican al narcotráfico, al contrabando y  
a la minería ilegal. Por ejemplo, existe un grupo armado que se hace llamar “Comando  
de frontera” que no es más que un grupo de exmiembros de las Fuerzas Armadas  
Revolucionarias de Colombia (FARC), que aliados con bandas ecuatorianas y con  
carteles mexicanos en la delincuencia organizada. El grupo se dedica a controlar  
corredores de coca y de minería ilegal, por medio de las fronteras de la Amazonía.  
En el mes de noviembre de 2023 y durante el año 2024 se suscitaron numerosos  
enfrentamientos en las fronteras entre los militares ecuatorianos y los grupos armados  
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fronterizos y el caso más grave de todos tuvo lugar el 9 de mayo del año 2025, donde  
una unidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas fue emboscada en la provincia de  
Orellana, específicamente en Alto Punino, mientras hacía el patrullaje a una zona  
minera y los grupos guerrilleros mataron a 11 militares con explosivos y armas de alto  
calibre (GK, 2025). Previamente, este grupo militar había alertado o amenazado a las  
Fuerzas Armadas del Ecuador sobre las respuestas que darían en caso de que las  
autoridades ecuatorianas se dispusieran a entrar en estos territorios, pues estos se  
dedican, fundamentalmente a proteger minas ilegales, rutas de drogas en coordinación  
con otros actores de la localidad (GK, 2025).  
La reacción del Estado ha sido drástica, pues utilizó operativos que combinaron fuerzas  
del gobierno nacional con ayuda internacional, específicamente, de las autoridades  
colombianas. El presidente Daniel Noboa, prometió a la población que encontraría a los  
responsables de estos actos y declaró duelo nacional por la pérdida de los 11 militares  
de Orellana, dispuso que las Fuerzas Armadas tenía plena facultades para realizar  
operaciones militares de contrainsurgencia interna, reforzó las fronteras con el  
despliegue de tropas élites que estarían apoyadas por helicópteros y aviones Super  
Tucano, los que además, estaban autorizados para utilizar el armamento aire-tierra  
contra cualquier campamento ilegal detectado. En colaboración con las autoridades  
colombianas se realizaron patrullajes en búsqueda de campamentos, se inhabilitaron  
pistas clandestinas de aterrizaje y laboratorios de procesamiento de drogas en las  
selvas fronterizas (Mi Putumayo Noticias, 2025).  
Los choques fronterizos han provocado la militarización de la zona por ambos Estados,  
las comunidades viven bajo terrible tensión, por una parte, tienen que enfrentar las  
acciones de los grupos armados que les extorsionan, secuestran y reclutan a los  
jóvenes y, por otro lado, están los militares que de manera permanente establecen  
retenes y realizan operativos. Si bien la sociedad civil conoce la necesidad de que los  
militares enfrenten y combatan la delincuencia organizada, las organizaciones de  
derechos humanos han solicitado respeto para las poblaciones que son víctimas del  
conflicto, de modo que se les respeten sus derechos en estos operativos (Mi Putumayo  
Noticias, 2025).  
Análisis casuístico número 3.- Las crisis en los sistemas penitenciarios y la  
militarización  
El otro sector donde la militarización se ha hecho sentir es en los establecimientos  
penitenciarios, teniendo en cuenta que las cárceles ecuatorianas se han convertido en  
no pocas ocasiones, en campos de batalla dirigidas por las mafias, donde Choneros,  
Lobos y Tiguerones tienen una especial relevancia y control del sistema carcelario.  
Desde el año 2020 se han sucedido varias masacres dentro de los muros del sistema  
penitenciario nacional, a unos niveles de barbarie tan grandes que han dejado  
impresionado al mundo, con actos brutales como decapitaciones, incineraciones que  
han dejado atrás centenares de muertos (VISTAZO, 2025). Se plantea que la masacre  
más brutal tuvo lugar en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil en el mes de  
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septiembre del año 2021, donde, como consecuencia de un amotinamiento murieron  
119 personas y hubo otras cuatro matanzas que resultaron en 50 víctimas  
aproximadamente en cada una de ellas en otros centros de privación de libertad, lo que  
coloca al Estado ecuatoriano en uno de los países con el sistema penitenciario más  
peligroso del mundo.  
En cada amotinamiento del sistema carcelario, el gobierno nacional respondió con una  
declaración de estado de excepción penitenciario e introdujo en las cárceles a Policías  
Nacionales y a las Fuerzas Especiales militares a fin de retomar el control interno. Un  
ejemplo de ello fue en noviembre del año 2024, donde los militares ingresan al sistema  
penitenciario debido a un motín que resultó en la muerte de 17 privados de su libertad,  
sofocando ciertamente el disturbio, pero luego de que se hubiera consumado la  
matanza. El operativo realizado permitió que se incautaran armas blancas y de fuego,  
granadas y proyectiles, se desmantelaron redes alámbricas a inalámbricas de  
comunicación, lo que permitió comprobar que los reos no solo tienen internamente un  
sistema de comunicación ilegal, sino que tienen armamento de guerra y ello les permite  
coordinar ataques simultáneos que, a su vez, posibilitan la desestabilización  
penitenciaria y gubernamental (Cadena Palacios, 2023).  
Entre los años de 2021 a 2023, durante el gobierno del presidente Guillermo Lazo se  
recurrió al uso de las Fuerzas Armadas para custodiar los perímetros de las cárceles,  
se reacondicionó la prisión de máxima seguridad (La Roca) para encarcelar a los  
líderes y cabecillas de las bandas criminales, pese a todo ello, en una demostración del  
poder que tienen estas organizaciones, en el año 2024 José Adolfo Macías, alias “Fito”,  
escapó de este establecimiento penitenciario, lo que coincidió con los ataques  
coordinados externos que pusieron en ridículo al gobierno ecuatoriano en el ámbito  
nacional e internacional (González Levaggi, 2024). Con el gobierno de Daniel Noboa,  
las medidas se recrudecieron, definitivamente se militarizaron los alrededores de las  
prisiones y se trasladaron a los cabecillas de los grupos criminales a los  
establecimientos de la selva de la Amazonía de modo que estos se mantuvieran  
alejados de la base costera y se anunciaron proyectos de construcción de nuevas  
cárceles de máxima seguridad.  
Lo cierto es que, si bien el trabajo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas  
Armadas han servido para el enfrentamiento de la criminalidad organizada en los  
últimos dos años, su actuación es solo momentánea contra un fenómeno delincuencial  
que se ha convertido en estable y desea seguir establecido en Ecuador  
permanentemente. La presencia armada ha frenado el fenómeno en estos tres  
sectores, o sea, en zonas de alto flujo comercial y marítimo como lo es Guayaquil, en  
zonas de fronteras y en los establecimientos penitenciarios, sin embargo, no resuelven  
el problema a largo plazo, pues las conductas se repiten una y otra vez cada vez que se  
baja un poco la guardia, la delincuencia organizada vuelve a tomar el control, lo que  
deriva en un ciclo interminable de violencia que solo sufre la sociedad civil y el Estado,  
económicamente.  
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Impacto y críticas  
El tema de la militarización como solución al enfrentamiento de la criminalidad ha tenido  
efectos positivos y negativos. Entre los positivos está que se ha podido contener la  
delincuencia organizada en momentos sumamente críticos, por ejemplo, el hecho de  
que los militares realicen controles recurrentes en las calles y permanezcan en las  
cárceles ha hecho que disminuyan los índices de violencia y la tasa de homicidios,  
asimismo ha permitido capturar a cabecillas de bandas criminales que son en extremo  
peligrosos, se han interceptado toneladas de cocaína y otras sustancias sujetas a  
fiscalización y se han eliminado infraestructuras criminales. Sin embargo, nada de ello  
es gratuito, por lo que también ha implicado un gasto público importantísimo; ello sin  
contar otros costos humanitarios que han tenido lugar. Por ejemplo, organizaciones  
como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los que han sido supracitados, han  
podido corroborar y documentar graves violaciones a los derechos humanos en estos  
procesos de persecución y lucha contra la delincuencia organizada, tales como:  
ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas (Pulido, 2023).  
Los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas constituyen graves vulneraciones a los  
derechos humanos y los derechos constitucionalmente reconocidos a los ecuatorianos,  
por lo tanto, no son más que violaciones a principios legales que pueden contribuir a la  
alineación de la sociedad civil contra el gobierno, especialmente en barrios de altos  
índices de criminalidad donde la intervención militar puede ser interpretada como actos  
de represión indiscriminada, ello quiere decir que, si bien la actuación de las Fuerzas  
Armadas ha sido en general aceptada por la población, el hecho de que se produzcan  
hechos vulneratorios de los derechos de minorías inocentes podría boicotear lo bien  
hecho y caer sobre ellos el odio de la población (Arias Cazco & Méndez Páez, 2023).  
Diversos expertos han expuesto que las causas del problema de la violencia y la  
criminalidad pueden ser enfrentadas con la militarización, sin embargo, no pueden ser  
corregidas. Resulta necesario establecer planes de prevención de carácter permanente,  
que posibiliten el desarrollo social y el control estatal, el mejoramiento de planes de  
educación, posibilidades de empleo e inclusión. Resulta también necesario luchar  
contra la corrupción interinstitucional, sobre todo contra aquellas que están  
estrechamente relacionadas con el crimen organizado. Finalmente, se recomienda  
capacitar a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia organizada y crear las  
bases para que esta pueda eficientemente cumplir su cometido de modo que las  
Fuerzas Armadas puedan volver a sus funciones sociales (Candela Cerrada & Daniel  
Rea, 2021).  
Conclusiones  
En los últimos años la criminalidad organizada ha alcanzado atemorizar a la sociedad  
ecuatoriana, puesto que esta ha cobrado una fuerza tal que ha dejado en más de una  
ocasión, en ridículo a las autoridades policiales del Ecuador y, consecuentemente, al  
gobierno. Los altos índices de peligrosidad, el aumento de la violencia y la tasa de  
homicidios evidencia la incompetencia del Estado en el enfrentamiento a la criminalidad  
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organizada y especialmente ante el narcotráfico. Por todo ello la percepción de la  
ciudadanía es de absoluta inseguridad y se hacen necesarias un conjunto de medidas  
para la prevención, enfrentamiento y disminución del crimen.  
Ante los interminables ataques de la delincuencia organizada en Ecuador, el Estado se  
ha visto obligado, en múltiples ocasiones, a decretar estados de excepción y a sacar a  
las calles a las Fuerzas Armadas con el fin de poder contener la situación de  
criminalidad e inseguridad. Ello ha traído como consecuencia limitaciones de derechos  
humanos y vulneración de otros, deterioro de la confianza ciudadana en la  
administración de justicia y exposición del fenómeno de la corrupción en el ámbito  
policial e incluso, judicial.  
El uso de la Fuerzas Armadas en la persecución de delito no está legalmente  
reconocido en el marco normativo nacional y, por tanto, el presidente constitucional del  
Ecuador ha declarado al país en estado de guerra interno para poder, legítimamente,  
mantener a las Fuerzas Armadas actuando en función de la seguridad ciudadana y  
cumpliendo con lo que, en realidad, le corresponde a la Policía Nacional. No obstante,  
este ha sido llamado a contar por la Corte Constitucional del Ecuador con motivo de  
que, a criterio de esta, faltan argumentos para sustentar que los conflictos criminales  
internos son insuficientes para una declaración de guerra o que estos representen un  
atentado contra la soberanía nacional.  
Expertos han manifestado que la militarización que se ha llevado a cabo en los últimos  
años para el enfrentamiento de la delincuencia organizada no es más que una medida  
desesperada y temporal, o sea, una salida de emergencia ante una amenaza urgente  
pero que, no puede ni debe ser normalizada. Para lograr la restauración de una  
verdadera situación de paz, es necesario lograr el pleno Estado de Derecho que  
supone el orden constitucional y, por tanto se debe avanzar hacia un enfoque de  
carácter integral que permita combinar la mano firme de la represión con el  
fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la corrupción, la inversión  
en mecanismos de prevención general y de prevención especial, la colaboración  
internacional en la lucha contra el narcotráfico y otras manifestaciones de crimen  
organizado. Solo de este modo, se podrá combatir a las mafias, pandillas y demás  
grupos organizados evitando que el país quede atrapado en un círculo de violencia  
entre las fuerzas militares y los grupos ilegales armados.  
Referencias bibliográficas  
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cese inmediato de la represión, la militarización y el uso excesivo de la fuerza en  
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Artículo de revisión  
Voz de América. (11 de 01 de 2024). Expulsión de 1.500 presos extranjeros de Ecuador,  
un problema para sus vecinos con hacinamiento. Voz de América.  
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.  
Contribución de los autores: Todos los autores participaron en la concepción, ejecución, análisis y redacción del  
estudio.  
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