El incremento de los índices de criminalidad en Ecuador ¿Lo está afrontando el Estado?  
Justin Alexander Bajaña Moreira  
Aaron Ezequiel Lazo Herrera  
Carlos Andrés Espinoza Méndez  
Lilián Patricia Pinos Mora  
Volumen: 18  
Recepción: 12/04/2026  
Número: 2  
Trimestre: abril-junio  
Aprobado: 30/06/2026  
Año: 2026  
Artículo de revisión  
El incremento de los índices de criminalidad en Ecuador ¿Lo está afrontando el  
Estado?  
The rise in crime rates in Ecuador – is the government dealing with it?  
Justin  
Alexander  
Bajaña  
Moreira1  
(justin.bajana@upacifico.edu.ec)  
(https://orcid.org/0009-0004-2001-1193)  
Aaron Ezequiel Lazo Herrera2 (aaron.lazo@upacifico.edu.ec) (https://orcid.org/0009-  
0005-0834-0725)  
Carlos  
Andrés  
Espinoza  
Méndez3  
(carlos.espinoza@upacifico.edu.ec)  
(https://orcid.org/0009-0002-8197-9881)  
Lilián Patricia Pinos Mora4 (lilian.pinos@upacifico.edu.ec) (https://orcid.org/0009-0006-  
1903-0922)  
Resumen  
En los últimos dos años, el Ecuador ha experimentado un incremento significativo en  
los índices de criminalidad, evidenciado en el aumento de homicidios, extorsiones y la  
consolidación de organizaciones delictivas. El presente estudio tiene como objetivo  
general: Describir de forma crítica, los aciertos y desaciertos del Estado ecuatoriano en  
el enfrentamiento del fenómeno de la criminalidad organizada. La investigación se  
desarrolla bajo un enfoque cualitativo, utilizando los métodos analítico-sintético,  
exegético e inductivo, los cuales permiten examinar la normativa vigente, analizar datos  
estadísticos oficiales y revisar literatura científica especializada para comprender el  
alcance de las políticas criminales implementadas. A partir del análisis realizado, se  
evidencian limitaciones estructurales e institucionales que inciden en la eficacia de la  
respuesta estatal. Se determina que las medidas adoptadas muestran avances  
parciales, que no logran consolidar una estrategia integral para enfrentar de manera  
sostenida y efectiva, el incremento de la criminalidad.  
Palabras clave: política criminal, criminalidad, seguridad pública, políticas públicas,  
Estado ecuatoriano.  
1
Estudiante e Investigador de segundo semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia.  
Universidad del Pacífico. Guayaquil, Guayas, Ecuador.  
2
Estudiante e Investigador de segundo semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia.  
Universidad del Pacífico. Guayaquil, Guayas, Ecuador.  
3
Estudiante e Investigador de segundo semestre de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia.  
Universidad del Pacífico. Guayaquil, Guayas, Ecuador.  
4 Doctora en Odontología. Doctora en Jurisprudencia. Doctora en Gestión y Salud Ambiental. Doctora en Ingeniería  
Mecánica. Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Licenciado en Ciencias Sociales  
Políticas y Económicas. Abogada. Docente-Investigadora. Decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias  
Políticas de la Universidad del Pacífico. Guayaquil, Guayas, Ecuador.  
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El incremento de los índices de criminalidad en Ecuador ¿Lo está afrontando el Estado?  
Justin Alexander Bajaña Moreira  
Aaron Ezequiel Lazo Herrera  
Carlos Andrés Espinoza Méndez  
Lilián Patricia Pinos Mora  
Volumen: 18  
Recepción: 12/04/2026  
Número: 2  
Trimestre: abril-junio  
Aprobado: 30/06/2026  
Año: 2026  
Artículo de revisión  
Abstract  
In the last two years, Ecuador has experienced a significant increase in crime rates,  
reflected in the rise of homicides, extortions, and the strengthening of criminal  
organizations. The main objective of this study is to critically describe the successes and  
failures of the Ecuadorian State in tackling the phenomenon of organized crime. The  
research is conducted with a qualitative approach, using analytical-synthetic, exegetical,  
and inductive methods, which allow for examining current regulations, analyzing official  
statistical data, and reviewing specialized scientific literature to understand the scope of  
the criminal policies implemented. From the analysis carried out, structural and  
institutional limitations that affect the effectiveness of the state's response are evident. It  
is determined that the measures taken show partial progress, which does not manage to  
consolidate a comprehensive strategy to effectively and sustainably address the  
increase in crime.  
Key words: criminal policy, crime, public security, public policies, Ecuadorian State.  
Introducción  
En los últimos años, el Ecuador ha experimentado un incremento significativo en los  
índices de criminalidad, particularmente, en la comisión de delitos violentos como  
homicidios, robos y extorsiones, lo que ha generado una creciente sensación de  
inseguridad en la población. Este fenómeno no solo constituye un problema social que  
afecta la convivencia pacífica, sino también un desafío jurídico relevante, en la medida  
en que compromete la obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana y la  
protección efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.  
En este contexto, el Ecuador ha pasado de ser considerado un país relativamente  
seguro dentro de la región a convertirse en un escenario caracterizado por elevados  
niveles de homicidios, extorsiones, sicariato y delitos vinculados a organizaciones  
criminales transnacionales. Esta situación ha puesto en evidencia serias limitaciones en  
la capacidad del Estado para cumplir una de sus funciones esenciales: la garantía de la  
seguridad ciudadana. Asimismo, la percepción generalizada de inseguridad y la  
desconfianza de la población respecto de las instituciones encargadas de la prevención  
y represión del delito evidencian la existencia de una crisis estructural en materia de  
política criminal.  
Atento a lo anterior, la presente investigación tiene como propósito responder a la  
siguiente pregunta científica: en qué medida han resultado eficaces las políticas  
criminales ejecutadas por el Estado ecuatoriano para garantizar el derecho a la  
seguridad ciudadana, atendiendo al incremento de los índices de criminalidad para el  
período que se estudia.  
La finalidad general del estudio radica en efectuar una crítica descriptiva a partir de los  
aciertos y errores del Estado ecuatoriano en el enfrentamiento al incremento de la  
criminalidad que viene aconteciendo en los últimos dos años. En términos específicos,  
se plantea el siguiente análisis: examinar la política criminal como ciencia autónoma a  
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Aprobado: 30/06/2026  
Año: 2026  
Artículo de revisión  
la par que coadyuvante del Derecho Penal; evaluar los índices delictivos en el Ecuador  
en el periodo mencionado; y determinar cuáles han sido las políticas criminales que ha  
asumido el Estado, ponderando los niveles de eficacia alcanzados.  
El trabajo de investigación se lleva a cabo a partir del enfoque cualitativo. Para  
Hernández et al. (2014): Debe incluir esta cita en el listado final  
El enfoque cualitativo pretende comprender con profundidad los fenómenos sociales a  
partir del análisis interpretativo de su contexto y significados de estos fenómenos  
sociales. En el campo jurídico este enfoque adecuado, ya que la política criminal  
necesita analizar normas, decisiones estatales y procesos sociales siguiendo una crítica  
e interpretación mucho más allá de la meramente estadística. (p.22)  
Con una visión que responde a un enfoque cualitativo, que tiene como doble finalidad la  
crítica y el análisis interpretativo de los índices de criminalidad en el Ecuador, así como  
el de las políticas criminales adoptadas por el Estado desde hace dos años.  
Respecto a los procedimientos investigativos utilizados, se hace uso el método  
analítico-sintético, el cual, según Bernal (2010), “permite descomponer el fenómeno en  
los elementos que le dan forma y volver a integrarlos en una forma global” (p. 60).  
También se aplica el método exegético o el método dogmático, propio de la  
investigación jurídica, que consiste en la interpretación sistemática del ordenamiento  
jurídico vigente a partir de la normativa, especialmente cuando se trata de disposiciones  
constitucionales y penales relacionadas con la seguridad pública. Por último, se utiliza  
el método inductivo, el cual permite tomar como referencia el análisis de los datos  
estadísticos oficiales relativos a la criminalidad para llegar a las conclusiones generales  
sobre la eficacia de las políticas.  
Estos métodos son, por tanto, idóneos para llevar a cabo el desarrollo del estudio, ya  
que permiten poner el análisis normativo y doctrinal en relación con la realidad empírica  
y constituyen una forma de comprender de forma holística el fenómeno delictivo y la  
respuesta del Estado ante el mismo.  
En cuanto a los métodos científicos empleados, se utiliza el método analítico-sintético,  
que consiste en aislar el fenómeno del objeto de estudio para reconocer sus elementos  
estructurales (causas, manifestaciones y consecuencias) y posteriormente, integrarlos  
en una visión general. También el método exegético o dogmático, propio del ámbito de  
la investigación jurídica, mediante la interpretación sistemática del ordenamiento  
jurídico vigente, así como, de las normas constitucionales y penales relacionadas con la  
seguridad ciudadana. Finalmente, se utiliza el método inductivo, a través del análisis de  
los datos estadísticos oficiales sobre criminalidad, con la finalidad de formular  
conclusiones generales sobre la eficacia de las políticas puestas en práctica.  
La técnica que se utiliza es la revisión documental de fuentes normativas, doctrinales y  
estadísticas oficiales.  
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Artículo de revisión  
Desarrollo  
Política criminal: Una ciencia autónoma y coadyuvante al Derecho Penal, desde sus  
conceptos, métodos y características  
La política criminal se desarrolla como una disciplina científica del Derecho Penal, pero  
con autonomía conceptual, metodológica y funcional. Su desarrollo es también  
consecuencia de la necesidad de racionalizar el ejercicio del poder punitivo del Estado,  
evitando que este tenga lugar de manera arbitraria, desproporcionada o meramente  
represiva. Al interior del Estado constitucional vigente, la política criminal no sólo da  
lugar a la creación de normas, sino que también analiza críticamente los fines, límites y  
efectos del castigo.  
La política criminal es entendida doctrinalmente como el conjunto de estrategias,  
decisiones y pautas que adopta el propio Estado para prevenir, controlar y responder  
frente a la criminalidad (UNODC, 2024). Sin embargo, la política criminal va más allá del  
ámbito estrictamente punitivo. En efecto, la política criminal también incluye políticas  
públicas de carácter social, económico e institucional dirigidas a intervenir sobre los  
factores estructurales y que inciden en la producción del delito. En este sentido, se  
puede afirmar que la política criminal no es solo la reacción frente al acontecimiento ya  
consumado, sino que también incluye mecanismos de prevención social, situacional e  
institucional.  
Visto desde el plano dogmático, el Derecho Penal describe las conductas prohibidas y  
determina las consecuencias jurídicas que hay que dar a las mismas, y la política  
criminal es la que establece los criterios que guían la elaboración legislativa, la  
interpretación judicial y la práctica de las normas penales. En consecuencia, la política  
criminal, sino que se presenta como una disciplina crítica que analiza la legitimidad, la  
necesidad y la eficacia de las decisiones punitivas adoptadas por el Estado.  
Desde esta orientación, Roxin sostiene que la política criminal puede cumplir la función  
de conexión entre la criminología y el Derecho Penal, al articular la experiencia empírica  
en relación con las causas del delito y la construcción normativa de las respuestas  
jurídicas (Roxin, 2000). Partiendo de esta concepción garantista, la política criminal  
debe de funcionar como un límite y como una guía del poder punitivo, el cual, de esta  
forma, no se desbordará y, a la vez, se garantizan los principios de la Constitución.  
La misma se expresa también en su dimensión metodológica. La política criminal opta  
por un método interdisciplinario, que combina variables jurídicas, sociológicas,  
económicas y estadísticas; así, incluye el análisis empírico de la realidad delictiva, el  
seguimiento de tendencias criminológicas y la evaluación de la eficacia de las políticas  
aplicadas. Entre la doctrina más reciente se ha comenzado a considerar un elemento  
importante: la evaluación basada en evidencia, es decir, la exigencia de justificar las  
decisiones criminales basándose en datos y estudios de carácter empírico (Welsh &  
Farrington, 2018).  
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Artículo de revisión  
La incorporación de medios técnicos de medida del impacto es fundamental en  
circunstancias de crisis en la seguridad. La evaluación cíclica de las medidas  
adoptadas, nos informa si estas están alcanzando los objetivos propuestos o si, por el  
contrario, deben ser modificadas. Sin un sistema de indicadores que pueda ser  
verificado y sin superar una determinada metodología, la política criminal tiene el riesgo  
de ser una reacción a situaciones que son coyunturales antes que diagnósticos técnicos  
sólidos. Las políticas públicas de carácter punitivo deben basarse en bases empíricas  
que puedan ser contrastadas y no fundamentarse simplemente en interpretaciones  
sociales o demandas de corto plazo.  
En igual sentido, la política criminal actual se concreta bajo el paradigma del  
constitucionalismo de derechos. En el caso ecuatoriano, el artículo 1 de la Constitución  
establece al país como un Estado constitucional de derechos y de justicia, lo que  
implica que toda decisión punitiva debe someterse a los principios de legalidad,  
proporcionalidad, dignidad humana, mínima intervención penal y subsidiariedad. En  
este sentido, Silva Sánchez señala que “el Derecho Penal actúa como última ratio, ya  
que sólo goza de legitimidad a la hora de actuar cuando los demás mecanismos de  
control social no son suficientes” (Silva Sánchez, 2001, p. 31).  
En el debate actual, autores recientes remarcan que la política criminal debe volcarse  
hacia modelos preventivos y no únicamente hacia modelos reactivos, por lo que se  
hace hincapié en la necesidad de poner en marcha la prevención social del delito, la  
rehabilitación penitenciaria y la coordinación interinstitucional, que pueden ser los ejes  
de una política integral en la materia, pues ese modelo sostiene que un simple aumento  
de las penas no constituye una respuesta estructural frente a fenómenos complejos  
como la criminalidad organizada.  
Por lo tanto, puede afirmar que la política criminal es un medio de evaluación crítica del  
modo de actuación del Estado frente al fenómeno delictivo que no tiene como objeto  
predeterminado simplemente describir el actual estado de las normas existentes en  
este ámbito, sino revisar y cuestionar la relación entre el discurso oficial, la política  
penal que se ejecuta efectivamente, y la medida en que se cumplen los objetivos  
formales de esta práctica, es muy importante en el contexto de una crisis de seguridad  
en la que la amenaza de una expansión punitiva pide un análisis riguroso de la  
racionalidad y de la proporcionalidad (PNUD, 2024).  
A partir de esta perspectiva, la política criminal supone una valiosa ocasión para  
examinar de qué manera ha actuado el Estado ecuatoriano como respuesta a la  
reciente explosión de los índices de criminalidad que se han venido registrando en los  
años recientes, siendo incluso capaz de evidenciar aquellos elementos de cierta  
fortuna, en contraposición con los elementos que evidencian limitaciones estructurales.  
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Comportamiento de los índices de criminalidad en los últimos 2 años en Ecuador, sus  
características, causas y consecuencias  
A lo largo de los últimos dos años, Ecuador ha vivido en su entorno de la seguridad  
pública, una profunda transformación, la cual ha hecho posible un acelerado y  
sostenido crecimiento de los índices de criminalidad. El mismo que se ha puesto de  
manifiesto, especialmente, en el aumento de aquellos delitos de alta violencia, tales  
como el homicidio intencional, el sicariato, el secuestro, la extorsión y el tráfico ilícito de  
drogas. Con base en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos de  
Ecuador (INEC, 2023) y reportes del Ministerio del Interior, Ecuador se ubica en las  
tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes entre los más altos de América Latina,  
lo cual demuestra un cambio significativo respecto a su situación tradicional en la  
región.  
No puede llevarse a cabo su análisis de forma aislada y sólo desde la dimensión  
cuantitativa. A la mayor cantidad de delitos que se suman a la cifra ya existente se debe  
agregar su transformación cualitativa. Hoy la violencia tiene grados superiores de  
organización, sofisticación y letalidad, lo que indica la constitución de grupos delictivos  
con capacidad operativa, logística y financiera suficientemente importante. Pero,  
además, la criminalidad se aleja de los márgenes de un componente individual o  
disperso y presenta rasgos de criminalidad organizada, conectada, jerarquizada, con  
pugnas territoriales del tipo estratégico.  
Del listado de causas, la que resulta más determinante es aquella donde el  
fortalecimiento de las organizaciones con capacidad para cooperar con las del  
narcotráfico internacional tiene también que ver con la condición geográfica del Ecuador  
(país sobre el que se desarrolla el tráfico de estas mercancías), su infraestructura  
portuaria y su condición de país dolarizado que garantiza la compra y validación del  
dinero.  
Tal es así que se han generado riñas entre organizaciones criminales por el control del  
almacenamiento, del procesamiento y de la exportación de sustancias ilícitas,  
generando disputas violentas por el control de rutas, puertos y corredores logísticos  
estratégicos. La pelean entre organizaciones criminales ha conducido a ajustes de  
cuentas, a crímenes selectivos y a masacres, que han implicado directamente en el  
incremento de los homicidios.  
En segundo lugar, la crisis del sistema penitenciario ha sido determinante. Los lugares  
de privación de libertad, que se conciben como espacios para la rehabilitación y la  
reinserción, han pasado a ser lugares para el control y coordinación de las actividades  
de la criminalidad. Episodios de violencia carcelaria que hacen ver que dentro de los  
propios establecimientos penitenciarios las organizaciones delictivas constituyen el eje  
de su control y de la coordinación de sus actividades, reclutando y organizándose para  
llevarlas a cabo y para consolidar estructuras de mando.  
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Artículo de revisión  
Esto, pone de manifiesto profundas deficiencias estructurales en los ámbitos de la  
gestión penitenciaria, la clasificación de internos, el control de armas y en la puesta en  
marcha de programas de rehabilitación. Son estas deficiencias las que debilitan uno de  
los pilares más importantes de la política criminal.  
A estos elementos se suman factores estructurales de tipo socioeconómico. El  
incremento del desempleo juvenil, el aumento de la economía informal, la desigualdad  
persistente y la escasa cobertura de políticas públicas de carácter preventivo que  
facilitan el reclutamiento por parte de organizaciones criminales. La falta de  
oportunidades sostenibles en el acceso a la educación y al trabajo, en especial la de  
jóvenes de zonas periféricas de las grandes ciudades, facilita la inclusión de sus  
miembros a economías ilícitas como medio de subsistencia o como mecanismo de  
ascenso social rápido. De esta forma se cierra el círculo de la reproducción de la  
violencia que afecta en especial a las comunidades en situación de exclusión.  
También aparecen limitaciones evidentes en la dimensión institucional. La baja  
capacidad investigadora, la escasa coordinación interinstitucional, los sistemas de  
inteligencia criminal poco robustos o sobrecargados por el aparato judicial dificultan  
responder a tiempo y efectivamente frente al delito. Si la probabilidad de detectar y  
sancionar el delito es baja, se refuerza la percepción de impunidad, afectando  
negativamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y debilitando  
la legitimidad del sistema de justicia penal.  
El incremento en la criminalidad tiene consecuencias que van más allá de lo  
exclusivamente penal. Desde el ángulo social, aumenta la sensación de inseguridad y  
el miedo colectivo, afectando la convivencia y el tejido de la comunidad. Desde el punto  
de vista económico, la inestabilidad social repercute en la inversión, el comercio y,  
potencialmente, el turismo, generando gastos directos e indirectos que inciden en el  
desarrollo de la nación. Por el lado de la política, la presión social lleva a que se  
adopten medidas excepcionales como los estados de excepción o las reformas penales  
más severas, medidas que pueden tensar la línea entre la seguridad y los derechos  
fundamentales.  
En resumen, el comportamiento reciente de los índices de criminalidad en el Ecuador  
no solo expresa una variación cuantitativa sino una reconfiguración estructural del  
fenómeno delictivo, lo que exige respuestas integrales que incorporen la prevención  
social, el fortalecimiento institucional, la inteligencia estratégica y la reforma  
penitenciaria, dentro de las normas constitucionales y el respeto absoluto a los  
derechos humanos.  
Evaluación de las políticas criminales que ha adoptado el Estado ecuatoriano en los  
últimos dos años, ante el comportamiento de la criminalidad: Sus niveles de éxito  
Ante el ascenso de la situación, el Estado ecuatoriano llevó a cabo diversas medidas  
extraordinarias y ordinarias. Resaltan, entre otras, la reiteración en la declaratoria de  
estados de excepción, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna,  
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la reforma del Código Orgánico Integral Penal y modificaciones en la administración del  
sistema penitenciario. La decisión plasma una respuesta predominantemente reactiva  
orientada a atajar la violencia en su expansión inmediata.  
Tratándose del ámbito de la modalidad constitucional, los estados de excepción se  
constituyen en mecanismos válidos de respuesta ante situaciones de grave conmoción  
interna, pero su reiteración puede llevar a tensiones con la normalidad institucional y el  
carácter excepcional que la Constitución les asigna. La recurrencia de esta figura del  
estado de excepción en la historia reciente permite concluir cuál era la alarma de la  
crisis en sí y de la imposibilidad de restaurar el orden por otros medios ordinarios de  
seguridad pública.  
Al respecto de las reformas penales, parece observarse una tendencia hacia el  
endurecimiento de las penas, una ampliación de los tipos penales y un aumento de las  
facultades coercitivas. No obstante, desde la criminología contemporánea se sostiene  
que el aumento de la severidad de las sanciones no puede, por sí solo, dar lugar a una  
disminución del delito, máxime si la probabilidad de ser detectado y el riesgo de una  
sanción efectiva son muy bajos. La disuasión no depende únicamente de la dimensión  
de la pena impuesta, sino también, y en igual medida, de la certeza y rapidez de las  
consecuencias.  
La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública se basa en la  
necesidad de recuperar el control territorial de unas determinadas áreas con alta  
presencia de organizaciones criminales, pero, a su vez, plantea importantes dificultades  
a tener en cuenta. El papel institucional de las Fuerzas Armadas no es el mismo que el  
de la Policía Nacional y, si bien se puede justipreciar la llegada de las Fuerzas Armadas  
en situaciones de seguridad ciudadana, éstas deben actuar con la máxima regulación  
democrática, con delimitación clara de las competencias y el control judicial que de ello  
deriva, de manera que no se produzcan excesos o vulneraciones de derechos.  
En materia de efectividad, las políticas definidas produjeron en determinados momentos  
la reducción coyuntural de algunos indicadores del punto de vista delictivo, así como la  
recuperación parcial de ciertos espacios de las ciudades. Ahora bien, los resultados  
alcanzados fueron efímeros. No se hizo efectiva la construcción de un eje integral y  
sostenido que reuniera la prevención social, el fortalecimiento institucional, la  
modernización del trabajo de investigación, la inteligencia criminal y la reforma  
estructural del sistema penitenciario.  
De la misma manera, la falta de una evaluación sistemática fundamentada en evidencia  
hace que sea complicado medir con la precisión y el rigor exigibles el efecto que  
realmente tienen las medidas que se implementan.  
Las políticas criminales deben estar dotadas de mecanismos de monitorización y  
evaluación fiables que permitan saber cuáles son eficaces y cuáles deben ser  
reformuladas. Sin esta evaluación continua, las respuestas que se dan desde el Estado  
tienen el peligro de permanecer en una dimensión reactiva y de corto plazo.  
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Como resultado de lo anterior, los niveles de efectividad de las políticas criminales que  
aquí han sido adoptadas serán solamente parciales y circunstanciales, puesto que,  
aunque ha dado respuesta a la urgencia del tiempo, no propuso una transformación  
estructural de las condiciones que propician el incremento de la criminalidad  
organizada. La sostenibilidad de sus resultados dependerá de la capacidad del Estado  
para pasar de una política criminal centrada en la contención en contexto de crisis hacia  
una política criminal amplia, preventiva y equilibrada con las exigencias  
constitucionales.  
Aciertos y desaciertos del Estado ecuatoriano en el enfrentamiento de la criminalidad y  
el aumento de sus índices en los últimos dos años  
El análisis de la actuación del Estado ecuatoriano frente al incremento de la  
criminalidad en los últimos dos años permite identificar tanto aciertos como desaciertos  
en la formulación y ejecución de la política criminal. Esta situación ha estado marcada  
por un contexto complejo que ha sido caracterizado por el fortalecimiento de  
organizaciones delictivas, el aumento de la violencia y la creciente preocupación social  
en entorno a la seguridad ciudadana.  
Entre los aciertos se observar como principal, el propio reconocimiento formal y  
explícito de la gravedad de la crisis de la seguridad admitida institucionalmente, en la  
medida en que se trata de un paso esencial en toda política pública que permita dar la  
legitimación necesaria para la adopción de medidas excepcionales o fuera de lo  
habitual y permitir la movilización de recursos administrativos, logísticos, de  
presupuesto. El Estado no permaneció pasivo frente al recrudecimiento de la violencia,  
puso en marcha mecanismos constitucionales decididos en la adopción de decisiones  
urgentes, orientadas a la contención inmediata de la expansión de la criminalidad.  
Igualmente, la utilización de herramientas previas en la carta constitucional, tales como  
los estados de excepción, manifiesta exactamente el uso de instrumentos jurídicos  
diseñados para situaciones de grave conmoción interna. Por más que su utilización  
deba ser analizada, no se puede dejar de notar que la activación de tales figuras  
normativas se dio en una situación excepcional que requería de respuestas rápidas  
ante la amenaza al orden público y a la seguridad ciudadana.  
Una cuestión que se puede calificar como un acierto está dada por la introducción de  
reformas normativas dirigidas a reforzar la respuesta penal frente a ciertas conductas  
ligadas a la criminalidad organizada. Si bien, el endurecimiento de las penas no es una  
solución estructural, la actualización del diseño normativo permitió adecuar algunas  
tipificaciones a nuevas formas delictivas y aumentar herramientas procesales para la  
persecución del delito. A la par, se intentó robustecer la coordinación interinstitucional  
de las fuerzas de seguridad, del sistema judicial y de las autoridades penitenciarias, en  
la medida que la acción debía ser coordinada.  
En ciertas circunstancias, estas medidas dieron lugar a resultados rápidos; la coyuntura  
tuvo consecuencias inmediatas, como una recuperación territorial parcial en  
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determinadas áreas estratégicas y una reducción temporal en algunos indicadores  
delictivos. Tales resultados muestran que una parte del Estado conserva capacidad  
operativa, recursos e incluso puede intervenir incluso en escenarios altamente  
conflictivos.  
Consecuentemente, el discurso oficial comienza a abordar la criminalidad organizada  
como un fenómeno estructural y no solamente episódico; esto último implica un avance  
conceptual, ya que desplaza el abordaje tradicional de un problema que se asienta en  
eventos, sucesos, incidentes, etcétera, a uno que exige respuestas más integrales, que  
combinen seguridad, prevención y desarrollo institucional.  
Sin embargo, paralelamente a estos aciertos se identifican desaciertos de considerable  
relevancia que impactan negativamente en la efectividad general de la política criminal  
asumida.  
Una vez más, la estrategia mostró un sesgo innegable hacia el componente reactivo-  
represivo que se tradujo en un mayor uso del Derecho penal y de los mecanismos  
coercitivos en detrimento de los mecanismos de intervención preventiva estructural. La  
repetición de estados de excepción, la permanencia de fuerzas armadas en tareas de  
seguridad interna y el énfasis en el endurecimiento normativo indican una forma de  
lógica de la contención inmediata, no de la transformación profunda (OHCHR, 2024).  
Este fenómeno ha sido ampliamente analizado por la doctrina penal contemporánea.  
Silva Sánchez (2001) señala que:  
En situaciones de inseguridad, los Estados tienden a expandir el Derecho penal como  
respuesta rápida a una presión social que podría incrementar el endurecimiento de la  
respuesta normativa sin que necesariamente se logre una mejora real en la eficacia del  
sistema. (p.41)  
Garland (2005) considera que “las sociedades modernas desarrollan la tan conocida  
“cultura del control”, ya que se concretan respuestas punitivas aumentadas ante el  
miedo colectivo al delito” (p.167).  
En América Latina, esta tendencia ha sido caracterizada como una manifestación del  
populismo punitivo, fenómeno mediante el cual se incrementan las penas y se endurece  
el sistema penal como respuesta simbólica frente a la inseguridad (Zaffaroni, 2021).  
En segundo lugar, la crisis penitenciaria es uno de los principales errores estructurales.  
La persistencia de la violencia en los centros de privación de libertad evidencia la  
ausencia de una reforma integral del sistema penitenciario. Sin una reorganización de la  
gestión penitenciaria, políticas de rehabilitación reales y control efectivo de las  
estructuras criminales internas, cualquier estrategia de seguridad externa es  
incompleta. Las cárceles no pueden seguir funcionando como lugares de reproducción  
del poder criminal.  
Informes recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
señalan que en diversos países de América Latina los centros penitenciarios se han  
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El incremento de los índices de criminalidad en Ecuador ¿Lo está afrontando el Estado?  
Justin Alexander Bajaña Moreira  
Aaron Ezequiel Lazo Herrera  
Carlos Andrés Espinoza Méndez  
Lilián Patricia Pinos Mora  
Volumen: 18  
Recepción: 12/04/2026  
Número: 2  
Trimestre: abril-junio  
Aprobado: 30/06/2026  
Año: 2026  
Artículo de revisión  
convertido en espacios donde las estructuras criminales consolidan su poder y amplían  
sus redes de operación (UNODC, 2024).  
Esta realidad demuestra que la ausencia de reformas estructurales en el sistema  
carcelario no solo afecta los derechos de las personas privadas de libertad, sino que  
debilita la eficacia global de la política criminal.  
Adicionalmente, la crisis de las prisiones no puede ser analizada solo a partir de los  
episodios de violencia ocurridos en los centros penitenciarios, sino que debe  
entenderse como una expresión estructural de debilidad institucional. Uno de los dos  
factores más importantes es el hacinamiento, el cual no solo deteriora las condiciones  
materiales de vida de las personas privadas de libertad, sino que también limita  
cualquier intento serio de hacerlo desde criterios de organización a partir de niveles de  
peligrosidad, perfil criminológico y situación procesal. Sin una adecuada distinción entre  
los procesados y los penados, entre los internos cercanos a organizaciones criminales y  
aquellos condenados por delitos comunes, el sistema penitenciario pierde capacidad de  
control y prevención internos.  
A ello hay que añadir la consolidación formas de autogobierno delictivo al interior de los  
centros penitenciarios. En ausencia de una administración penitenciaria consolidada y  
profesionalizada, determinadas estructuras delictivas llegan a ejercer el control territorial  
al interior de los establecimientos, regulan las dinámicas de la población reclusa e  
incluso, llegan a proyectar su capacidad de control al exterior. Este tipo de  
socioformalización al interior de los centros penitenciarios, no solamente afecta a la  
seguridad interna de los mismos, sino que los convierte en auténticos espacios de  
coordinación operativa del crimen organizado, debilitando así la efectividad de toda la  
política criminal.  
Igualmente, también se vislumbra una débil articulación entre política criminal y política  
social. La falta de programas de intervención en educación, en el empleo juvenil, en el  
desarrollo territorial, en el fortalecimiento comunitario, situando al Estado en una  
incapacidad de intervención sobre las causas estructurales del delito, hicieron ceder el  
lugar a la criminalidad organizada en los contextos de exclusión, desigualdad y falta de  
oportunidades. Por eso, una política que solamente ataque la represión carecerá de  
posibilidades transformadoras.  
El Banco Interamericano de Desarrollo sostiene que las políticas de prevención social  
del delito resultan más eficaces cuando se articulan con programas sostenidos de  
inclusión educativa y laboral (BID, 2022).  
Desde el punto de vista del desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo sostiene que la prevención social del delito debe ser una serie de  
intervenciones sostenidas en educación, en empleo juvenil y en cohesión comunitaria,  
porque la violencia está necesariamente asociada a situaciones de desigualdad y a la  
exclusión estructural. Por esta razón, entonces, la política criminal debe articularse a  
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Trimestre: abril-junio  
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través de una política de carácter social que dé respuesta a las causas de este tipo de  
fenómeno delictivo (UNODC, 2024).  
Otro desacierto relevante radica en la baja institucionalización de los mecanismos de  
evaluación a partir de la evidencia. Si no existieran sistemas metódicos de seguimiento  
y medición del impacto es difícil determinar con claridad qué medidas funcionarían y  
cuáles deberían ser reformuladas. Sin evaluación técnica, la política criminal podría  
refluir con base en las presiones coyunturales y con respecto a creencias sociales, en  
vez de con datos contrastables.  
También podría considerarse como un punto débil la carencia de una estrategia de  
largo alcance definida. Las acciones ya ejecutadas fueron resultado de la urgencia de la  
situación reinante, pero no siempre fueron parte de un plan ordenado con objetivo,  
indicadores y plazos verificables. La ausencia de planificación estratégica bloquea la  
sustentabilidad de los resultados y también la actividad de autoafirmación de una  
política criminal integrada.  
A raíz de lo anterior, el balance general exhibe una dualidad: por un lado, el Estado  
ecuatoriano demostró capacidad de respuesta y voluntad de intervención frente a la  
crisis; por otro, no logró avanzar con la misma intensidad hacia la construcción de una  
política criminal que sea integral y que esté debidamente constitucionalizada. Se actuó  
con rapidez en la contingencia, pero queda como tarea pendiente el pasar hacia un  
modelo preventivo, estructural y al que haya sido previamente examinado.  
Una política criminal realmente integral requiere que se combinen la contención  
inmediata para poder continuar y la transformación estructural; necesita que se articule  
la seguridad pública con políticas sociales, que se refuerce el sistema penitenciario, que  
se actualicen las investigaciones criminales, etc. Solo así se puede conseguir una  
respuesta sostenible ante el fenómeno de la criminalidad y solo así se podrá reducir de  
forma estable los índices de criminalidad.  
En un Estado constitucional, el poder punitivo debe ejercerse dentro de límites estrictos  
que garanticen derechos fundamentales (Ferrajoli, 2020).  
La seguridad ciudadana, en perspectiva constitucional, trasciende el mero control del  
delito, erigiéndose como garantía de derechos. En su artículo 3 la Constitución de la  
República del Ecuador otorga al Estado el deber primordial de garantizar, sin  
discriminación alguna, el goce efectivo de los derechos humanos (Asamblea  
Constituyente del Ecuador, 2008).  
En consecuencia, la política criminal debe ser diseñada dentro del justo equilibrio entre  
seguridad y derechos fundamentales, evitando que la excepcionalidad se convierta en  
regla. La política criminal del Estado democrático debe estar diseñada a partir de  
estrategias, planificaciones, evaluaciones constantes y de la existencia de coordinación  
interinstitucional, pues estos elementos son imprescindibles para hacer frente a  
fenómenos complejos como la criminalidad organizada transnacional.  
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Conclusiones  
A partir del análisis teórico desarrollado, se deduce que la política criminal es una  
ciencia autónoma y crítica del Derecho Penal, que tiene como función guiar, explicar y  
racionalizar el ejercicio del poder punitivo Estado dentro de los límites constitucionales.  
No se limita a una mera legitimación de la sanción, sino que se ocupa de la necesidad,  
proporcionalidad y eficacia de los actos tomados frente al hecho delictivo. Así, el  
correcto ejercicio de la política criminal es básico para evitar desbordamientos  
irracionales del Derecho Penal y es la que puede asegurar que la seguridad pública sea  
garantizada sin que se afecten los derechos fundamentales que el ordenamiento  
jurídico ecuatoriano reconoce.  
El hecho de investigar el comportamiento de los índices de criminalidad de Ecuador,  
especialmente en los últimos dos años, dejó ver no una variación cuantitativa de delitos,  
sino una modificación estructural del mismo fenómeno de la criminalidad. La  
consolidación de la organización criminal, el incremento de la violencia letal, así como la  
disputa por el control territorial evidencian el hecho de que la problemática de la  
seguridad está en función de otros factores más institucionales, penitenciarios y/o  
socioeconómicos. Por tal motivo, la criminalidad de hoy en día tiene que ser  
interpretada no como un fenómeno aislado o coyuntural, sino como la finalización de  
una estructura que necesita dar como respuesta ante un tipo de dinámica proscrita de  
maneras amplias y sostenidas.  
Finalmente, en relación con las políticas criminales que ha adoptado el Estado  
ecuatoriano, se establece que las mismas cuentan con capacidad de reaccionar frente  
a la exigencia de la crisis, pero fundamentalmente desde las formas de adoptar  
medidas extraordinarias y de reformas normativas que se orienten a reforzar la  
respuesta penal; que los resultados, en su mayoría, han sido parciales y temporales y  
donde ha predominado un enfoque reactivo-represivo que ha fracasado en el intento de  
llevar a cabo una reforma estructural del sistema penitenciario, en donde existe poca  
articulación con las políticas sociales preventivas y escasa institucionalización de  
mecanismos de evaluación de la aplicación con base en evidencia. Así, el reto que  
queda es el de consolidar una política criminal integral, preventiva y con carácter  
constitucional, que articule la contención inmediata con la transformación del fenómeno  
delictivo.  
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Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflicto de intereses.  
Contribución de autoría: Todos los autores participaron en la concepción, ejecución, análisis y redacción del artículo.  
Universidad de Las Tunas en https://ror.org/05fj29j73  
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