Valoración de la prueba utilizando como instrumento la Inteligencia Artificial  
Karen Suley Naranjo Figueroa  
Emilio Pablo Velasco Loma  
Holger Geovanny Garcia Segarra  
Volumen: 17  
Número: Especial 3  
Año: 2025  
Recepción: 05/05/2025  
Aprobado: 09/08/2025  
Artículo de revisión  
Valoración de la prueba utilizando como instrumento la Inteligencia Artificial  
Evidence evaluation using Artificial Intelligence as an instrument  
Holger Geovanny Garcia Segarra 3 (hggarcias@ube.ec) (https://orcid.org/0009-0009-  
Resumen  
En el proceso civil ecuatoriano, la prueba constituye un elemento esencial para que el  
juez conozca la verdad de los hechos y resuelva el conflicto entre las partes. Es, en  
esencia, la base sobre la cual se construye toda decisión judicial. Es por ello que, el  
objetivo de este artículo es analizar la viabilidad de incorporar la inteligencia artificial  
como herramienta de apoyo en la valoración probatoria dentro del proceso civil  
ecuatoriano. Por tanto, se fundamenta en una revisión del marco normativo vigente, el  
análisis de experiencias internacionales y el estudio de los beneficios, riesgos y límites  
del uso de la herramienta propuesta, en esta materia. Para ello, se emplearon métodos  
como la revisión bibliográfica, el derecho comparado, el análisis-síntesis y los enfoques  
deductivo e inductivo, con el fin de proponer criterios para una implementación ética,  
responsable y humanamente controlada de la inteligencia artificial en la valoración  
probatoria. Esta propuesta busca fortalecer la toma de decisiones judiciales, optimizar  
el análisis de la prueba y mejorar la eficiencia del sistema judicial, sin poner en riesgo  
las garantías procesales ni los principios del debido proceso, como la igualdad de las  
partes, la imparcialidad del juez y el derecho a la defensa. Más allá del atractivo  
tecnológico, la propuesta responde a una necesidad real: modernizar y mejorar la  
calidad del servicio de justicia.  
Palabras clave: Inteligencia Artificial, valoración probatoria, prueba, ciencias jurídicas.  
Abstract  
In the Ecuadorian civil process, evidence is an essential element for the judge to  
ascertain the truth of the facts and resolve the conflict between the parties. It is, in  
essence, the basis on which all judicial decisions are built. That is why the objective of  
this article is to analyze the feasibility of incorporating artificial intelligence as a tool to  
1 Abogada en libre ejercicio. Maestrante de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del  
Ecuador. Ecuador.  
2 Abogada en libre ejercicio. Maestrante de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del  
Ecuador. Ecuador.  
3 Magister en Derecho Procesal. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Coordinador de  
Posgrado en Programa de Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Durán, Guayas,  
Ecuador.  
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Recepción: 05/05/2025  
Aprobado: 09/08/2025  
Artículo de revisión  
support the assessment of evidence in Ecuadorian civil proceedings. It is therefore  
based on a review of the current regulatory framework, an analysis of international  
experiences, and a study of the benefits, risks, and limitations of using the proposed tool  
in this area. To this end, methods such as literature review, comparative law, analysis-  
synthesis, and deductive and inductive approaches were used to propose criteria for the  
ethical, responsible, and human-controlled implementation of artificial intelligence in the  
evaluation of evidence. This proposal seeks to strengthen judicial decision-making,  
optimize the analysis of evidence, and improve the efficiency of the judicial system,  
without jeopardizing procedural guarantees or the principles of due process, such as  
equality of the parties, impartiality of the judge, and the right to defense. Beyond its  
technological appeal, the proposal responds to a real need: to modernize and improve  
the quality of the justice system.  
Key words: Artificial Intelligence, evidence, evidentiary assessment, legal sciences.  
Introducción  
El presente artículo científico propone una revisión profunda del sistema de valoración  
probatoria en el proceso civil ecuatoriano, a partir de la integración progresiva de  
herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial (IA). Tradicionalmente, los  
jueces se han apoyado en dos sistemas para valorar las pruebas: el sistema legal de  
valoración probatoria y el de la sana crítica. En particular, el artículo 164 del Código  
Orgánico General de Procesos (COGEP) establece que la valoración debe realizarse  
conforme a este último principio, lo que supone un análisis razonado sustentado en la  
lógica, la experiencia y el conocimiento jurídico (Asamblea Nacional, 2015). No  
obstante, la aplicación práctica de estos criterios no siempre garantiza decisiones  
objetivas y eficientes, debido a factores como la sobrecarga laboral, la limitación de  
recursos tecnológicos o la incidencia de sesgos cognitivos en la labor jurisdiccional. En  
este escenario, los avances tecnológicos abren un horizonte de oportunidad: la IA  
puede actuar como un auxiliar del juez, sin sustituir su juicio, pero sí facilitando la  
organización de información masiva, la detección de inconsistencias y la identificación  
de patrones relevantes que podrían pasar desapercibidos.  
La incorporación de la inteligencia artificial no busca desplazar la función jurisdiccional,  
sino fortalecerla mediante herramientas que mejoren la calidad, transparencia y  
consistencia de las decisiones judiciales. De hecho, experiencias desarrolladas en  
países como Estonia, China y Reino Unido evidencian que el uso controlado de la IA  
contribuye a una justicia más eficiente, aliviando la carga procesal y optimizando el  
análisis de la prueba. Por ello, toda aplicación tecnológica debe enmarcarse en el  
respeto al principio de la sana crítica y permanecer sujeta a control judicial permanente.  
La realidad de los órganos jurisdiccionales ecuatorianos refuerza esta necesidad:  
muchos jueces enfrentan sobrecarga de trabajo, limitaciones de tiempo y escasez de  
recursos que dificultan un abordaje exhaustivo de cada elemento probatorio  
(Fernández, 2020). A ello se suma que incluso los jueces más experimentados pueden  
verse influidos por sesgos cognitivos o la fatiga derivada de la rutina judicial. En este  
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escenario, la IA puede convertirse en un apoyo técnico capaz de organizar datos  
relevantes, señalar contradicciones o destacar patrones significativos, siempre bajo  
supervisión del juzgador. Esta perspectiva abre la posibilidad de reflexionar sobre una  
reforma progresiva del artículo 164 del COGEP (Asamblea Nacional, 2015), a fin de  
permitir explícitamente el uso de tecnologías avanzadas como asistencia probatoria,  
siempre que su aplicación respete la contradicción, la defensa, la motivación y la  
transparencia. En esa línea, se ha sugerido una redacción complementaria que faculte  
expresamente al juez a apoyarse en sistemas de IA como herramientas auxiliares sin  
que estas sustituyan su juicio.  
El objetivo central de este estudio es analizar la viabilidad de incorporar la inteligencia  
artificial como herramienta de apoyo en la valoración probatoria dentro del proceso civil  
ecuatoriano. Esta propuesta busca fortalecer la toma de decisiones judiciales, optimizar  
el análisis de la prueba y mejorar la eficiencia del sistema judicial, sin poner en riesgo  
las garantías procesales ni los principios del debido proceso, como la igualdad de las  
partes, la imparcialidad del juez y el derecho a la defensa. Más allá del atractivo  
tecnológico, la propuesta responde a una necesidad real: modernizar y mejorar la  
calidad del servicio de justicia. El artículo se fundamenta en una revisión del marco  
normativo vigente, el análisis de experiencias internacionales y el estudio de los  
beneficios, riesgos y límites del uso de la IA en esta materia. Para ello, se emplearon  
métodos como la revisión bibliográfica, el derecho comparado, el análisis-síntesis y los  
enfoques deductivo e inductivo, con el fin de proponer criterios para una  
implementación ética, responsable y humanamente controlada de la inteligencia  
artificial en la valoración probatoria.  
Desarrollo  
Sistemas de valoración probatoria en el proceso civil ecuatoriano  
El proceso civil ecuatoriano se estructura en torno a dos sistemas de valoración: el  
sistema legal o tasado y el sistema de sana crítica. El sistema tasado atribuye a ciertos  
medios probatorios un valor predeterminado por la ley, con el fin de garantizar  
uniformidad, certeza jurídica y objetividad (Cordero, 2022). Así, por ejemplo, los  
documentos públicos gozan de presunción de veracidad y autenticidad salvo prueba en  
contrario. Este sistema, aunque aporta seguridad jurídica, ha sido cuestionado por su  
rigidez, pues restringe la capacidad del juez para realizar un análisis individualizado.  
Taruffo (2011) advierte que los sistemas tarifados pueden conducir a una valoración  
mecánica que limita la argumentación jurídica profunda del juzgador.  
Por su parte, el sistema de sana crítica modelo predominante en Ecuador según el  
artículo 164 del COGEPexige que la valoración probatoria se fundamente en la  
lógica, la experiencia y los conocimientos científicos y jurídicos (Asamblea Nacional,  
2015). Esta flexibilidad permite decisiones más contextualizadas, pero también puede  
generar variabilidad interpretativa. Pardo (2017) señala que la sana crítica demanda  
alto nivel de motivación y razonamiento, lo cual se ve afectado por factores como  
sobrecarga laboral, presión temporal o sesgos inconscientes. Nieva Fenoll (2016) y  
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Bayón (2018) coinciden en que el sistema de libre valoración exige condiciones  
institucionales robustas, pues de lo contrario existe riesgo de decisiones contradictorias  
o insuficientemente motivadas.  
La creciente complejidad y volumen de los expedientes civiles plantea nuevos desafíos  
para la racionalidad probatoria. Ante este contexto, la inteligencia artificial (IA) surge  
como herramienta capaz de apoyar el análisis técnico de evidencias, consolidando  
criterios de consistencia, trazabilidad y exhaustividad, sin sustituir el juicio jurídico  
humano. Autores como Atienza y Ruiz Manero (2020) sostienen que las herramientas  
tecnológicas pueden contribuir a fortalecer la racionalidad práctica del derecho, siempre  
que se respete la centralidad del juez como garante del debido proceso.  
Marco normativo ecuatoriano sobre valoración probatoria  
El COGEP determina que la valoración probatoria debe fundamentarse en la sana  
crítica, lo cual se articula con el deber constitucional de motivación previsto en el  
artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución ecuatoriana (Asamblea Nacional  
Constituyente, 2008). Este mandato implica que el juez debe justificar adecuadamente  
la pertinencia, eficacia e incidencia de los medios probatorios analizados.  
Sin embargo, estudios como los de García Amado (2021) evidencian que la práctica  
judicial ecuatoriana enfrenta limitaciones estructurales: alta carga procesal, insuficiencia  
de recursos técnicos, infraestructura deficiente y heterogeneidad en criterios judiciales.  
Estos factores provocan dificultades para una valoración profunda, especialmente en  
procesos con evidencia masiva o compleja.  
La IA aparece como un recurso capaz de apoyar la gestión documental, análisis de  
consistencia y clasificación probatoria. Susskind (2019) sostiene que los tribunales  
digitales permiten mejorar transparencia, eficiencia y predictibilidad en la resolución de  
disputas, siempre que los algoritmos sean controlados por el juez.  
Derecho comparado y experiencias internacionales  
La evolución tecnológica del derecho procesal ha llevado a diversas jurisdicciones a  
incorporar IA en funciones auxiliares. El derecho comparado permite observar estas  
prácticas:  
España  
España ha avanzado significativamente en la incorporación de inteligencia artificial al  
sistema judicial, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia. Entre sus  
iniciativas más destacadas se encuentran Minerva y Atlante, plataformas del Consejo  
General del Poder Judicial que gestionan digitalmente los expedientes judiciales e  
incluyen módulos de IA para la clasificación automática de documentos. Además, se ha  
experimentado con el uso de PROMETEA, originalmente desarrollada en Argentina,  
para automatizar tareas rutinarias y agilizar la resolución de casos de baja complejidad.  
También se está desarrollando el Sistema de Jurisprudencia Inteligente (JURI), que  
emplea algoritmos para analizar resoluciones judiciales y sugerir precedentes  
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Recepción: 05/05/2025  
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relevantes. Estas herramientas no reemplazan al juez, pero sirven como apoyo en  
tareas técnicas, reforzando la eficiencia sin comprometer el debido proceso ni la  
independencia judicial.  
Sistemas como Minerva, Atlante y JURI ayudan a clasificar expedientes, analizar  
documentos y sugerir precedentes con herramientas de procesamiento algorítmico  
(Ministerio de Justicia de España, 2021). Estas plataformas no deciden, pero optimizan  
la labor del juez y reducen tiempos de tramitación.  
México  
México ha implementado soluciones tecnológicas con componentes de inteligencia  
artificial en distintos niveles del sistema judicial, especialmente en el ámbito  
administrativo. El Sistema de Inteligencia Artificial para la Justicia (SIAJUD), utilizado  
por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, permite clasificar expedientes, sugerir  
precedentes y detectar patrones jurídicos, reduciendo la carga de trabajo y acelerando  
la emisión de resoluciones. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación ha promovido  
la Justicia Digital, integrando sistemas que predicen la carga procesal y analizan  
riesgos jurídicos. Aunque el uso de IA en México aún está en una etapa de  
consolidación, se observa una tendencia creciente hacia la digitalización y el uso de  
tecnologías predictivas como apoyo a la labor jurisdiccional, siempre garantizando la  
intervención humana en la toma de decisiones.  
El Sistema de Inteligencia Artificial para la Justicia Administrativa (SIAJUD) permite  
identificar patrones, organizar expedientes y analizar resoluciones (TFJA, 2023). Los  
pilotos han mostrado mayor uniformidad en criterios y reducción en plazos procesales.  
Argentina  
Argentina es pionera en el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial de habla  
hispana, gracias al desarrollo de sistemas innovadores como PROMETEA, una  
herramienta creada por la fiscalía general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en  
colaboración con la Universidad de Buenos Aires. PROMETEA automatiza la redacción  
de resoluciones en causas de trámite simple, prioriza expedientes según urgencia y  
predice el tipo de resolución que podría adoptarse, logrando reducciones significativas  
en tiempos procesales. Además, el Ministerio Público Fiscal ha implementado JUS-  
PRE, un sistema basado en procesamiento de lenguaje natural (NLP) que permite  
detectar patrones delictivos y facilitar investigaciones penales. Estas soluciones, junto  
con la plataforma EJE (Expediente Judicial Electrónico), consolidan a Argentina como  
referente en el uso de IA judicial en la región, demostrando que es posible modernizar  
la justicia sin perder garantías procesales ni ética judicial.  
PROMETEA es uno de los referentes globales en IA judicial. Automatiza la redacción  
de resoluciones simples, prioriza expedientes y predice patrones procesales. JUS-PRE,  
por su parte, analiza conductas delictivas mediante NLP. Ambas herramientas se  
utilizan bajo estricta supervisión humana.  
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Colombia  
En Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura implementó un programa piloto de  
Justicia Predictiva, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para anticipar  
resultados en procesos civiles y laborales, especialmente en temas de restitución de  
inmuebles y contratos. Esta IA detecta inconsistencias en las pruebas aportadas y  
sugiere jurisprudencia aplicable para apoyar la fundamentación judicial.  
Aunque el programa ha mejorado la eficiencia y uniformidad en las decisiones, la  
experiencia colombiana también ha señalado la necesidad imperiosa de establecer  
protocolos éticos rigurosos y mantener una supervisión judicial constante, para evitar  
una dependencia excesiva de la tecnología y preservar el derecho de contradicción y  
defensa.  
El programa de Justicia Predictiva utiliza algoritmos para sugerir precedentes y analizar  
medios probatorios en procesos civiles y laborales (UNESCO, 2021). La experiencia  
confirma que la IA mejora uniformidad jurisprudencial, pero requiere protocolos éticos.  
Autores como Taruffo (2018) y Barcelona Llop (2019) coinciden en que estas  
tecnologías mejoran calidad decisional siempre que el juez conserve el control  
hermenéutico del proceso.  
Beneficios, riesgos y criterios para una implementación responsable  
La literatura especializada identifica los siguientes beneficios:  
Eficiencia y velocidad en análisis documental (Susskind, 2019).  
Reducción de errores humanos derivados de fatiga o sesgos (Barcelona Llop,  
2019).  
Mayor trazabilidad y consistencia probatoria (Taruffo, 2011).  
No obstante, también se advierten riesgos significativos:  
Sesgos algorítmicos, que pueden reproducir injusticias estructurales (UNESCO,  
2021).  
Opacidad tecnológica, si los algoritmos no son auditables.  
Riesgo de delegación indebida, si los jueces confían excesivamente en  
recomendaciones automatizadas.  
Por ello, la implementación exige criterios estrictos:  
1. La IA debe ser un auxiliar, no un decisor (Ferrajoli, 2011).  
2. El sistema debe ser auditable, transparente y explicable.  
3. Debe asegurarse el derecho a contradicción y defensa.  
4. El juez mantiene control y responsabilidad final.  
Estudio de caso: experiencia ecuatoriana y aplicación práctica  
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Año: 2025  
Recepción: 05/05/2025  
Aprobado: 09/08/2025  
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En el 2024, la Contraloría General del Estado implementó sistemas de IA para analizar  
declaraciones patrimoniales. Aunque es un ámbito administrativo, demuestra la  
capacidad de los algoritmos para procesar grandes volúmenes de datos, detectar  
inconsistencias y generar alertas de riesgo.  
Aplicada al proceso civil, la IA podría:  
Clasificar documentos conforme a relevancia jurídica.  
Detectar contradicciones entre prueba documental, testimonial y pericial.  
Sugerir precedentes relevantes.  
Analizar correos electrónicos, contratos, registros financieros o imágenes.  
Estos usos coinciden con la teoría de Taruffo (2011), quien destaca que la calidad del  
razonamiento probatorio mejora cuando la información está organizada  
sistemáticamente.  
Rol de la IA en los medios probatorios  
De acuerdo con el artículo 160 del COGEP, los medios probatorios en el proceso civil  
ecuatoriano comprenden: la prueba documental, testimonial, pericial, la declaración de  
parte y la inspección judicial. A continuación, se describe cómo y en qué medida la IA  
puede aplicarse de forma útil y legítima en cada uno:  
1. Prueba documental  
Este es el campo con mayor potencial de aplicación de la inteligencia artificial. Las  
causas civiles suelen contener una gran cantidad de documentación: contratos,  
escrituras, correos electrónicos, facturas, informes, etc.  
La IA puede ser utilizada para:  
Clasificar automáticamente los documentos según relevancia, cronología o  
categoría jurídica. Detectar contradicciones internas entre documentos o con  
otros medios de prueba.  
Identificar cláusulas contractuales relevantes, fechas clave, omisiones o  
anomalías.  
Extraer contenido jurídico significativo para facilitar la comparación con  
jurisprudencia o doctrina.  
Estas funciones permiten una gestión eficiente de expedientes voluminosos y facilitan la  
construcción de argumentos probatorios bien fundamentados por las partes y una mejor  
valoración por el juez.  
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Aprobado: 09/08/2025  
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Prueba pericial  
En los dictámenes periciales, especialmente los que implican datos técnicos, científicos  
o financieros complejos, la IA puede colaborar de la siguiente manera:  
Verificar consistencia de los datos técnicos utilizados en el informe.  
Comparar el dictamen con bases de datos científicas, contables o médicas,  
dependiendo del área de especialidad.  
Detectar errores de cálculo o interpretación en informes extensos.  
Asistir al juez en la lectura comprensiva de documentos técnicos complejos.  
Esto no implica sustituir al perito, sino ayudar al juez a entender y valorar mejor la  
prueba pericial, especialmente cuando no domina el área técnica evaluada.  
2. Prueba testimonial  
Aunque la IA tiene un uso más limitado aquí, puede cumplir un rol relevante en:  
Análisis de patrones lingüísticos en las transcripciones de testimonio  
(detección de incoherencias, contradicciones, repeticiones o evasivas).  
Comparación entre testimonios de distintos declarantes para identificar  
similitudes o contradicciones.  
Apoyo en la transcripción automática y organización del contenido testimonial.  
Se trata de una asistencia técnica en la organización y detección de patrones, sin emitir  
juicios sobre la veracidad o credibilidad del testigo, función que solo corresponde al  
juez.  
3. Declaración de parte  
Al igual que en el testimonio, la IA puede asistir en:  
La transcripción automática de audiencias donde declaran las partes.  
El análisis del lenguaje jurídico utilizado por el declarante.  
La comparación con declaraciones previas o documentos relacionados.  
Este uso debe garantizar el respeto al principio de contradicción y el derecho de  
defensa, permitiendo a la contraparte impugnar las interpretaciones automatizadas si  
estas se introducen al debate  
4. Inspección judicial  
Aunque de aplicación más restringida, la IA podría ser utilizada en inspecciones  
judiciales que involucran:  
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Aprobado: 09/08/2025  
Artículo de revisión  
Reconocimiento de imágenes o estructuras complejas, a través de  
herramientas de visión computarizada (por ejemplo, planos arquitectónicos,  
estructuras dañadas, etc.).  
Recolección automatizada de datos geográficos o técnicos con apoyo de  
drones, sensores u otros dispositivos interconectados con sistemas de IA.  
Organización de registros fotográficos o audiovisuales tomados durante la  
diligencia.  
En estos casos, la IA actúa como soporte para capturar y organizar la información  
recolectada, sin alterar su autenticidad ni sustituir la percepción directa del juzgador.  
Como se observa, todos los medios probatorios reconocidos por el COGEP son  
susceptibles de recibir apoyo técnico de la inteligencia artificial, siempre que se  
mantenga:  
El control humano sobre la interpretación y valoración final.  
La transparencia de los algoritmos utilizados.  
El respeto absoluto a los principios procesales.  
La inteligencia artificial no reemplaza la valoración probatoria, sino que la fortalece,  
agiliza y tecnifica, haciendo que el juez pueda concentrarse en su función de  
razonamiento jurídico, en un contexto de sobrecarga procesal y alta demanda de  
eficiencia judicial.  
Para los autores Barcelona Llop (2019) y Nieva Fenoll (2018) coinciden en que estas  
tecnologías fortalecen objetividad y sistematicidad.  
Conclusiones  
El presente artículo científico propone una reforma en la forma de valorar la prueba  
dentro del proceso judicial, tal como se ha conocido hasta ahora, incorporando a la  
Inteligencia Artificial como una herramienta activa en la toma de decisiones. El artículo  
164 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) establece que la valoración de  
la prueba se realiza mediante dos sistemas: el sistema legal de valoración probatoria y  
el de la sana crítica. No obstante, se plantea que esta valoración también pueda  
complementarse con las capacidades que ofrece la inteligencia artificial, permitiendo a  
los jueces ejercer un análisis más profundo y tomar decisiones con mayor claridad,  
objetividad y fundamentación. En el proceso civil ecuatoriano, la prueba constituye un  
elemento esencial para que el juez conozca la verdad de los hechos y resuelva el  
conflicto entre las partes. Es, en esencia, la base sobre la cual se construye toda  
decisión judicial. Entre los medios probatorios reconocidos por el COGEP se  
encuentran la prueba documental, testimonial, pericial, la declaración de parte y la  
inspección judicial. Cada uno de estos cumple una función específica y debe ser  
valorado dentro de un marco transparente que garantice el respeto de los derechos  
procesales de las partes. En este contexto, la incorporación de la inteligencia artificial  
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Artículo de revisión  
podría representar un avance significativo en términos de eficiencia, precisión y  
garantía del debido proceso, al facilitar una valoración probatoria más técnica y menos  
expuesta a criterios subjetivos.  
La progresiva incorporación de la inteligencia artificial en la administración de justicia  
abre un escenario transformador para la valoración probatoria en el proceso civil  
ecuatoriano. Como demuestran las experiencias de países como España, Argentina,  
Colombia y México, la IA puede convertirse en un recurso eficaz para organizar,  
analizar y clasificar grandes volúmenes de información, mejorar la coherencia del  
razonamiento judicial y reducir la carga procesal, siempre bajo el principio de control  
humano. Este estudio confirma que el marco jurídico ecuatoriano, especialmente lo  
dispuesto en el artículo 164 del COGEP, ofrece suficiente flexibilidad para permitir la  
integración de herramientas tecnológicas sin vulnerar los principios esenciales de la  
sana crítica, la motivación, la contradicción y la defensa.  
No obstante, la implementación de la IA debe realizarse con criterios estrictos de  
transparencia, ética y responsabilidad. La experiencia comparada evidencia que la  
tecnología puede reforzar la labor jurisdiccional, pero también implica riesgos  
vinculados a sesgos algorítmicos, automatismos indebidos o afectaciones al derecho de  
defensa si no se supervisa adecuadamente. En consecuencia, se propone que Ecuador  
avance hacia una reforma normativa progresiva que reconozca expresamente el uso de  
estas tecnologías como apoyo técnico no decisorioen la valoración probatoria,  
garantizando siempre la centralidad del juez y la protección integral de los derechos  
procesales de las partes. Solo mediante un equilibrio adecuado entre innovación  
tecnológica y resguardo de garantías constitucionales será posible construir una justicia  
más eficiente, moderna y confiable.  
Referencias bibliográficas  
Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador.  
Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. https://www.defensa.gob.ec/wp-  
Asamblea Nacional. (2015). Código Orgánico General de Procesos. Registro Oficial  
Suplemento  
No.  
506,  
22  
de  
mayo  
de  
2015.  
Atienza, M. & Ruiz Manero, J. (2020). Las piezas del derecho. Editorial Ariel.  
Barcelona Llop, P. (2019). Prueba y verdad en el proceso civil. Editorial Tirant lo Blanch.  
Bayón, J. C. (2018). La prueba judicial: epistemología y normas procesales. Editorial  
Marcial Pons.  
Cordero, G. (2022). Derecho procesal civil ecuatoriano (4.ª ed.). Ediciones Legales.  
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Artículo de revisión  
Fernández Hernández, C. (24 de julio 2020). Informe para el Parlamento Europeo  
sobre el uso de la inteligencia artificial en los ámbitos policial y judicial.  
Diario La Ley.  
Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón. Editorial Trotta.  
García Amado, J. A. (2021). Derecho y argumentación jurídica. Editorial Trotta.  
Ministerio de Justicia de España. (2021). Justicia 2030. https://www.justicia2030.es/  
Nieva Fenoll, J. (2016). La carga de la prueba (2.ª ed.). Editorial Bosch.  
Nieva Fenoll, J. (2018). La inmediación en la prueba. Editorial Bosch.  
Pardo, A. (2017). La sana crítica. Editorial Universidad Externado de Colombia.  
Susskind, R. (2019). Online Courts and the Future of Justice. OUP.  
Taruffo,  
M.  
(2011).  
La  
prueba  
de  
los  
hechos.  
Editorial  
Trotta.  
Taruffo, M. (2018). Teoría de la prueba. Editorial Ara editores.  
TFJA. (2023). Informe sobre el uso de IA en la justicia administrativa.  
UNESCO.  
(2021).  
Ética  
de  
la  
inteligencia  
artificial.  
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener conflictos de intereses.  
Contribución de los autores: Los autores realizaron de conjunto la búsqueda y análisis de la información para el  
artículo, así como su diseño y redacción.  
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