Análisis jurídico de la disolución de la sociedad conyugal en divorcios por mutuo consentimiento  
Estefanía Elizabeth Chico Brito  
Alfredo Fabián Carrillo  
Volumen: 17  
Número: 2  
Año: 2025  
Recepción: 20/01/2025 Aprobado: 30/01/2025  
Artículo de revisión  
Análisis jurídico de la disolución de la sociedad conyugal en divorcios por mutuo  
consentimiento  
Legal analysis of the dissolution of the marital partnership in divorces by mutual  
consent  
Estefanía Elizabeth Chico Brito1 (echico@indoamerica.edu.ec) (https://orcid.org/0009-  
0004-3706-6692)  
Alfredo Fabián Carrillo2 (alfredocarrillo@uti.edu.ec) (https://orcid.org/0000-0001-5197-  
8760)  
Resumen  
La disolución de la sociedad conyugal es importante en el marco del derecho familiar y  
patrimonial. Constituye un procedimiento que tiene lugar cuando un matrimonio  
concluye y los bienes comunes deben ser divididos entre los cónyuges. Esta  
investigación emplea un enfoque de carácter cualitativo, por medio de una revisión  
bibliográfica exhaustiva de la normativa ecuatoriana y de la literatura académica  
pertinente. El análisis resultante permitió entender y proponer por objetivo analizar el  
sumario de desvinculación y eliminación de la sociedad conyugal. Esta complejidad no  
sólo reside en la identificación y valoración de los bienes conyugales, sino también en la  
gestión de las deudas asociadas. La distribución equitativa de estos elementos emerge  
como un factor fundamental, regulado por el Código Civil ecuatoriano. Además, en  
consecuencia, se vuelve imperativa una compresión integral de las posibles  
consecuencias legales. Como resultado se expone que en caso de que no se llegue a  
un acuerdo, la intervención judicial se convierte en un medio idóneo que permite  
asegurar una distribución justa, respetando siempre el principio de equidad. Todo esto  
mediante el recurso voluntario conforme lo establece el artículo 334 del Código  
Orgánico General de Procesos.  
Palabras clave: disolución conyugal, divorcios, mutuo consentimiento, sociedad  
conyugal.  
Abstract  
The dissolution of the marital partnership is important in the context of family and  
property law. It is a procedure that takes place when a marriage ends and the common  
property must be divided between the spouses. This research employs a qualitative  
approach, through an exhaustive bibliographic review of Ecuadorian regulations and  
1
Estudiante de Octavo Semestre, carrera de Derecho. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas. Universidad  
Indoamérica, Ecuador.  
2
Magister en Derecho Civil y Procesal Civil. Especialista en Derecho Comparado. Docente de la Universidad  
Tecnológica Indoamérica. Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador. Doctorando PHD en Derecho  
Constitucional. Maestrante en Derecho Procesal. Universidad Indoamérica, Ecuador.  
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Análisis jurídico de la disolución de la sociedad conyugal en divorcios por mutuo consentimiento  
Estefanía Elizabeth Chico Brito  
Alfredo Fabián Carrillo  
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Año: 2025  
Recepción: 20/01/2025 Aprobado: 30/01/2025  
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relevant academic literature. The resulting analysis allowed us to understand and  
propose as an objective to analyze the summary of dissociation and elimination of the  
conjugal partnership. This complexity lies not only in the identification and valuation of  
marital assets, but also in the management of the associated debts. The equitable  
distribution of these elements emerges as a fundamental factor, regulated by the  
Ecuadorian Civil Code. In addition, consequently, a comprehensive understanding of the  
possible legal consequences becomes imperative. As a result, in the event that an  
agreement is not reached, judicial intervention becomes a suitable means to ensure a  
fair distribution, always respecting the principle of equity. All this by means of voluntary  
recourse as established in article 334 of the General Organic Code of Proceedings.  
Key words: isolution of marriage, divorce, mutual consent, marital property, marital  
partnership  
Introducción  
La sociedad conyugal, régimen patrimonial del matrimonio, según estudios realizados  
(Cárdenas, 2020; Cañizares, 2022; Villavicencio, 2022; Zea et al., 2019) genera  
complejidades significativas en la vida cotidiana de parejas ecuatorianas. Estas  
dificultades surgen tanto en el ámbito comercial como social, especialmente debido a  
la migración. Muchos ecuatorianos que emigran eligen disolver la sociedad conyugal  
para proteger sus ingresos en el extranjero, que a menudo no son administrados  
adecuadamente por sus cónyuges en el país.  
De acuerdo con la legislación ecuatoriana, el matrimonio y la unión de hecho  
establecen automáticamente la sociedad conyugal.  
La convivencia en la vida matrimonial origina, junto con las relaciones personales y  
afectivas, efectos patrimoniales de innegable trascendencia, de entre los cuales  
destaca el régimen económico matrimonial. Dicha premisa, que resulta una constante  
en la práctica de estados de tradición civilista, también se cumple en Ecuador, tal y  
como se refrenda en el Parágrafo 6o. de la Disolución de la Sociedad Conyugal, y de la  
Partición de Gananciales del Código Civil. (Congreso Nacional, 2005, p.17)  
Este régimen crea un patrimonio compartido a partir de los bienes iniciales y las  
adquisiciones posteriores realizadas durante el matrimonio, constituyendo un sistema  
comunitario de bienes (Cañizares, 2022). Debemos indicar que la sociedad conyugal  
se puede liquidar de forma voluntaria y de forma judicial, es decir, que se lo puede  
realizar de cualquiera de las dos formas por medio de la autoridad competente. La  
disolución del matrimonio o unión de hecho que se lo realiza de forma facultativa viene  
a ser un mecanismo que contribuye a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y  
equidad entre las partes (Villavicencio, 2022).  
Al no existir acuerdo entre las partes es argumenta Quinzá (2017) menester realizar el  
proceso de inventarios en el cual las partes pueden determinar por medio de un perito  
la identificación de todos los bienes que corresponde a la sociedad conyugal y la  
tasación de los mismos (Enríquez y Pozo, 2021). Luego de ellos al no verse conforme  
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alguna de las dos partes se procede al proceso de partición en la cual el juez ordenará  
el remate de los bienes adquiridos en la sociedad conyugal, mediante la publicación  
de dichos bienes en la página de remates judicial y de esta forma del producto del  
remate cada uno de los cónyuges pueda obtener equitativamente lo que le  
corresponde.  
Esta investigación emplea un enfoque de carácter eminentemente cualitativo, por  
medio de una revisión bibliográfica exhaustiva de la normativa ecuatoriana y de la  
literatura académica pertinente. El análisis resultante permitió entender y proponer por  
objetivo analizar el sumario de desvinculación y eliminación de la sociedad conyugal.  
Por cuanto, se fueron analizando las cualidades intrínsecas del objeto de estudio, a  
través del método analítico-sintético, el mismo que, permite que se describan las  
características propias y la manera en que se aplica la disolución de la sociedad  
conyugal en divorcios por mutuo consentimiento. De este modo, es desfavorable para  
las partes llegar a un remate judicial de los bienes conyugales por cuanto estos bienes  
pueden disminuir su avalúo si estos no se llegan a rematar en los tres primeros  
señalamientos, esto afectaría a las dos partes litigantes, ya que, su patrimonio  
individual disminuiría notablemente.  
Desarrollo  
El matrimonio es la sociedad por mutuo consentimiento entre dos almas donde se  
permiten procrear y realizar una comunidad de vida en la cual debe existir respeto,  
igualdad y asistencia, los mismos que deberán auxiliarse ante cualquier adversidad.  
Desde la perspectiva de Cordero y Rodríguez (2023) el matrimonio y la familia son una  
escuela de amor, porque la convivencia diaria obliga a acoger a los demás con  
respeto, dialogo, comprensión, tolerancia y paciencia, elementos principales para que  
exista armonía en el hogar.  
En la teoría pitagórica, sostienen Cordero y Rodríguez (2023) la armonía se definía  
como que existían porciones armónicas y que en base a ello los cuerpos celestes  
programaban su vida, lo que Pitágoras llamó armonía del cosmos. Cuando se habla  
del divorcio, dentro de la legislación ecuatoriana, existen algunas causales a través de  
las cuales puede operar esta institución. Es necesario que la conducta de los  
cónyuges se adecue a alguna de las nueve que plasma el artículo 110 del Código Civil  
(Congreso Nacional, 2005). Sin embargo, la legislación no contempla el procedimiento  
adecuado y factible para poder comprobar cada una de estas causales de manera libre  
y procedente.  
En sus estudios Ochoa et al. (2021) sostienen que el matrimonio involucra una  
diversidad de aspectos de índole religioso, social e incluso político. Es un vínculo  
conyugal amparado en ley con un fundamento jurídico y social constituye “la unión  
entre dos personas, de manera especial en los países Latinoamericanos, influenciados  
en distintos aspectos por la Iglesia Católica y bajo su concepto consagrado establecido  
en la biblia” (p.1617). Desde esta perspectiva, el matrimonio ideal y aceptado en su  
mayoría por la sociedad, “es el conformado por hombre y mujer; y establecido bajo  
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este concepto como institución social, con el paso del tiempo pasó a convertirse en  
institución jurídica” (Ochoa et al., 2021, p.1617).  
Por consiguiente, el artículo 81 del Código Civil ecuatoriano, Congreso Nacional (2005)  
refrenda que el “matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer  
se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” (p.8). Para su  
validez, debe cumplir con formalidades específicas de este tipo de contrato solemne  
implica ejercer la libre voluntad de los contrayentes, sin coacción ni vicios ocultos, que  
los cónyuges tengan la capacidad legal para consentir y por último que su  
formalización tenga lugar con el cumplimiento de requisitos formales establecidos por  
la ley.  
Cabe aclarar, que la solemnidad del matrimonio subraya la importancia de respetar  
estos requisitos, garantizando la validez y estabilidad de la unión. Desde una  
perspectiva jurídica, el matrimonio, es una institución legal encargada de crear unión  
entre dos personas, estableciendo derechos y obligaciones para las mismas. Tal y  
como lo describe la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional  
(2008) en su inciso segundo del artículo 67, en el que textualmente se refrenda que:  
“el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento  
de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y  
capacidad legal” (p. 30). Más allá de los lazos emocionales y sociales, el matrimonio  
genera consecuencias jurídicas significativas. Entre ellas, el régimen patrimonial es el  
que nos ocupa. Este régimen define la gestión y distribución de los bienes que los  
cónyuges adquieren durante su unión.  
La sociedad conyugal  
La sociedad conyugal, argumenta Lopera (2023), es un componente inherente al  
contrato matrimonial que permanece inactivo y en espera hasta el momento de su  
disolución o la finalización del matrimonio. En este último escenario, las personas que  
estaban casadas dejan de ser cónyuges y recuperan su estatus civil de solteros. A  
pesar de que durante el matrimonio pudieron no haber compartido la gestión de los  
bienes y deudas adquiridos, la ley establece la ficción de una sociedad entre ellos,  
conocida como conyugal. Al iniciar el proceso de liquidación, partición y adjudicación del  
patrimonio, los acreedores pueden reclamar el pago de las deudas de manera solidaria  
a cualquiera de los cónyuges, eligiendo libremente quién debe asumir la obligación,  
independientemente de quién la contrajo originalmente.  
En este orden de ideas, argumenta Lopera (2023) que la sociedad conyugal, vista como  
una ficción legal, significa que, aunque la ley permite a cada cónyuge gestionar  
libremente los bienes, deudas y obligaciones adquiridos durante la vigencia de la  
sociedad sin necesidad de actuar como socios ni requerir el conocimiento o  
consentimiento del otro cónyuge en la administración de su propio patrimonio, al  
momento de disolverse esta llamada sociedad, se considera que ambos son socios  
desde el instante en que formalizaron el contrato matrimonial. Cuando sus patrimonios  
se combinan en uno solo, que se convierte en social, deberán repartirlo entre ellos y  
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estarán obligados a responder de manera solidaria por todas las deudas y pasivos  
sociales, sin importar si estos fueron adquiridos de manera conjunta o individual.  
En líneas anteriores, se analizó que la sociedad conyugal es creada o es formada por el  
simple hecho del matrimonio y la unión de hecho, siempre y cuando entre los cónyuges  
no hayan existido capitulaciones matrimoniales y se puede corroborar esta teoría con lo  
dispuesto en el artículo 139 del Código Civil, Congreso Nacional (2005) que dispone  
que: “por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes ecuatorianas, se  
contrae sociedad de bienes entre los cónyuges” (p. 12). En esta misma línea de  
pensamiento se encuentra el artículo 153 del Código Civil, Congreso Nacional (2005)  
que expone que: “a falta de pacto escrito, se entenderá, por el mero hecho del  
matrimonio, contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este  
Título” (p.13).  
Siendo así las cosas, la terminación legal de la unión matrimonial se produce a través  
de un proceso jurídico denominado: divorcio. En el ámbito del derecho ecuatoriano, el  
divorcio puede ser solicitado por una o ambas partes por diversas causales  
establecidas en el artículo 110 del Código Civil (Congreso Nacional, 2005, p.10). De  
igual forma, el Código Civil, Congreso Nacional (2005) señala en su artículo 107  
textualmente lo siguiente: “por mutuo consentimiento los cónyuges pueden divorciarse  
en procedimiento voluntario que se sustanciará según las disposiciones del Código  
Orgánico General de Procesos” (p.10). En consecuencia, la sociedad conyugal se  
constituye automáticamente por efecto del matrimonio, sin necesidad de acuerdos  
adicionales entre los cónyuges. La ley establece esta figura como régimen patrimonial  
por defecto, creando así una unión económica entre los esposos.  
Disolución de la sociedad conyugal  
La disolución de la sociedad conyugal es una serie de operaciones encaminadas a  
identificar el patrimonio conyugal y regular el pasivo social tras la reposición de los  
ahorros personales de los esposos y la eliminación de los bienes que adquirieron de  
manera conjunta. Resulta imperativo subrayar que la disolución de la sociedad  
conyugal no necesariamente conlleva la división inmediata de los bienes comunes. La  
liquidación del patrimonio compartido puede ser un proceso posterior y separado. Se  
trata, más bien, de una terminación de la unión de los bienes que abre la puerta al  
proceso de liquidación, durante el cual se lleva a cabo la efectiva distribución equitativa  
de los bienes entre los cónyuges (Cañizares, 2022).  
Este artículo refleja la autonomía y derechos que se otorgan a cada cónyuge dentro de  
la legislación ecuatoriana referente a la terminación de la sociedad conyugal. No solo  
permite que los cónyuges puedan iniciar el proceso ante un Juez especializado en  
Familia, Niñez y Adolescencia, sino que también se contempla la posibilidad de que  
ambos, de mutuo acuerdo, puedan solicitar esta disolución ante un notario,  
demostrando que la legislación ecuatoriana garantiza tanto los derechos individuales  
como los derechos conjuntos de los cónyuges en relación con la disolución de la  
sociedad conyugal.  
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Durante el matrimonio, todos los bienes, tanto muebles como inmuebles, son de  
propiedad compartida entre los cónyuges, sin distinción de quién los adquirió  
individualmente o conjunta. Solamente los bienes que los cónyuges poseían antes de  
contraer matrimonio se consideran excluidos de la copropiedad y permanecen como  
propiedad individual siempre y cuando se hayan realizado capitulaciones matrimoniales.  
Además, las herencias y donaciones también quedan fuera de la sociedad conyugal.  
No es objeto de este estudio, analizar las capitulaciones matrimoniales o pactos  
matrimoniales, pero consideramos necesario aclarar que desde la perspectiva de  
Docampo y Díaz (2024) constituyen el instrumento del que se pueden valer los  
cónyuges para regular todos los aspectos del matrimonio y de la forma que más se  
satisfagan sus necesidades, anticipándose y previniendo así posibles situaciones de  
conflicto; es decir, constituyen acuerdos, pactos, estipulaciones, contratos,  
convenciones o capitulaciones matrimoniales.  
Procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento  
El divorcio consensuado es una opción común en Ecuador para disolver el matrimonio,  
siempre que ambos cónyuges estén de acuerdo y cumplan con los requisitos legales.  
Para iniciar un divorcio por mutuo consentimiento, los cónyuges deben presentar una  
petición conjunta ante el juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y  
Adolescencia, este documento debe incluir los motivos de la disolución y el acuerdo  
alcanzado por las partes con respecto a los hijos si los hubiese dentro del matrimonio,  
se acordará con respecto a la pensión alimenticia, tenencia, y visitas (Núñez, 2021).  
Posteriormente, es necesario que los cónyuges se presenten ante la autoridad judicial  
para confirmar su acuerdo de divorcio de manera verbal y voluntaria que de consuno y  
a viva voz desean dar por terminado el vínculo matrimonial y confirmar su acuerdo. El  
juez, al evaluar la equidad del acuerdo y garantizar que se ha respetado el interés  
superior del niño preceptuado en el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia,  
Congreso Nacional (2003) en concordancia con el artículo 44 de la Constitución de la  
República del Ecuador, Asamblea Nacional (2008) y en caso de que haya hijos menores  
de edad, se aprobará el divorcio (Cárdenas, 2020).  
En esencia, el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento generalmente se  
caracteriza por ser este tipo de divorcio es más rápido y menos costoso debido a que  
evita los procesos litigiosos y conflictivos que pueden ocurrir cuando las partes no están  
de acuerdo, siempre que exista una voluntad compartida de cooperación y acuerdo.  
Análisis de la liquidación de sociedad conyugal  
El proceso de liquidación abarca realizar procedimientos legales, en el cual se  
determina la identificación de los bienes comunes, la valoración de estos bienes, la  
liquidación de las posibles deudas y la distribución equitativa de los bienes restantes de  
cada uno de los conyugues. Este proceso sostienen Cañas y Agudelo (2022) puede ser  
complejo y conflictivo, especialmente si los cónyuges no están de acuerdo sobre la  
distribución de los bienes, pues involucra aspectos legales, patrimoniales y procesales.  
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La liquidación de la sociedad conyugal se refiere al proceso mediante el cual se  
distribuyen los bienes y deudas adquiridos durante el matrimonio tras su disolución.  
Este proceso se activa generalmente tras una sentencia de divorcio y es esencial para  
determinar cómo se manejarán los activos y pasivos acumulados por la pareja (Aedo,  
2011; Cañas y Agudelo, 2022).  
La liquidación de la sociedad conyugal es un proceso crítico que requiere atención  
cuidadosa a las normativas legales y a las circunstancias específicas del matrimonio. La  
comprensión clara de estos aspectos es esencial para garantizar que ambas partes  
reciban una distribución justa y equitativa de los bienes y responsabilidades adquiridos  
durante su unión. Por otra parte, está compuesto por dos fases dentro del ámbito  
judicial. La primera fase es distinguida por el inventario y avalúo de bienes que se han  
obtenido durante la vigencia del matrimonio en el cual debe determinarse y valorarse  
cada bien que se ha integrado a esta sociedad por medio de los cónyuges. La segunda  
etapa del divorcio por mutuo acuerdo implica la partición de los bienes comunes, donde  
se define la propiedad y distribución de cada activo entre los cónyuges, y en caso de  
desacuerdo, la autoridad competente toma la decisión final.  
Al referirse a la terminación de la unión legal entre los cónyuges con respecto a los  
bienes adquiridos durante el matrimonio, la liquidación se refiere al proceso de dividir y  
distribuir esos bienes, de acuerdo con la legislación ecuatoriana, el proceso de  
liquidación de bienes en el divorcio debe ser equitativo y justo, garantizando que cada  
cónyuge reciba una participación igualitaria en los activos acumulados durante el  
matrimonio, salvo que exista un acuerdo prenupcial que establezca condiciones  
diferentes (Aedo, 2011; Cañas y Agudelo, 2022).  
De acuerdo con Ochoa et al. (2021), en la práctica, la liquidación de la sociedad  
conyugal conlleva la identificación y valoración de los bienes conyugales, los mismos  
que comprenden las adquisiciones realizadas durante el matrimonio, ya sea de manera  
conjunta o individualmente, salvo que se clasifiquen como bienes personales o privados  
de conformidad con el artículo 186 del Código Civil (Congreso Nacional, 2005). El  
cónyuge administrador de la sociedad conyugal puede ejecutar unilateralmente los  
actos que normalmente requieren la aprobación del otro cónyuge, conforme a lo  
establecido en el artículo precedente.  
Por su parte Villavicencio (2022) sostiene que la liquidación de la sociedad conyugal es  
un proceso complejo que requiere la consideración cuidadosa de varios factores,  
incluyendo la identificación y valoración de los bienes y deudas, la distribución  
equitativa de los mismos y los efectos fiscales de la liquidación. En consecuencia, es  
recomendable que los cónyuges que estén considerando llevar a cabo el proceso de  
divorcio busquen el asesoramiento de un abogado especializado en derecho familiar,  
quien podrá facilitar la comprensión del proceso, salvaguardar sus derechos y proteger  
sus bienes.  
Divorcio por mutuo consentimiento ante Juez y Notario  
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A partir de lo refrendado en el Código Orgánico General de Procesos, Asamblea  
Nacional (2015) en el artículo 340 se menciona que:  
El divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento. El divorcio o la  
terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos  
dependientes, se sustanciará ante la o el juzgador competente.  
La o el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia a la cual  
comparecerán personalmente o a través de la o del procurador judicial y ratificarán su  
decisión de dar por terminado el vínculo matrimonial o la unión de hecho. Si en la  
audiencia, los cónyuges o los convivientes han acordado sobre la situación de las o los  
hijos menores de dieciocho años y de los bienes, la o el juzgador en el acto pronunciará  
sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho.  
En caso de divorcio o terminación de la unión de hecho se dispondrá la inscripción de la  
sentencia conforme con la ley. De no haber acuerdo sobre la situación de las o los hijos  
menores de dieciocho años, el asunto se sustanciará ante la o el mismo juzgador en  
procedimiento sumario y resuelta esta controversia se declarará disuelto el vínculo  
matrimonial o la unión de hecho (p.124).  
Además, en el artículo 358 del Código Orgánico General de Procesos Asamblea  
Nacional (2015), se establece que:  
La o el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia a la cual  
comparecerán personalmente o a través de la o del procurador judicial y ratificarán su  
decisión de dar por terminado el vínculo matrimonial o la unión de hecho. Si en la  
audiencia, los cónyuges o los convivientes han acordado sobre la situación de las o los  
hijos menores de dieciocho años y de los bienes, la o el juzgador en el acto pronunciará  
sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho. (p.129)  
En Ecuador, enfatizan Enríquez y Pozo (2021), el divorcio por mutuo consentimiento  
puede tramitarse tanto ante un juez como ante un notario, ofreciendo a las parejas  
opciones según sus circunstancias. A continuación, se presentan los aspectos clave de  
ambos procedimientos.  
Divorcio por mutuo consentimiento ante vía judicial y vía notarial  
Para iniciar un divorcio por mutuo consentimiento en vía judicial, es necesario presentar  
una demanda bajo un proceso voluntario. El juez convocará a una audiencia única  
donde se resolverá la disolución del matrimonio. Este proceso es más formal y se rige  
por el Código Civil ecuatoriano, Congreso Nacional (2005) y el Código Orgánico  
General de Procesos (Asamblea Nacional, 2015).  
El divorcio por mutuo consentimiento en Ecuador ofrece a las parejas una forma  
eficiente y menos conflictiva de disolver su matrimonio, ya sea a través del sistema  
judicial o notarial. La elección del método dependerá de la situación particular de cada  
pareja, especialmente si hay hijos involucrados o no. Ambos procedimientos buscan  
facilitar la separación respetando los derechos y obligaciones de cada parte  
involucrada.  
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Artículo de revisión  
Desde la perspectiva de Zea et al. (2019) la disolución conyugal se inscribirá en el  
Registro Civil respectivo. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios,  
Homero López, indicó que el 90% del contenido de la propuesta realizada por los  
notarios fue acogido. Para el funcionario esta reforma bajará de 60 a 10 días el trámite  
del divorcio por mutuo consentimiento cuando no existan hijos menores. El presidente  
del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió a la Ley Notarial, Asamblea  
Nacional (2016) aseverando que ayudará a descongestionar el trabajo de los jueces,  
que se concentrarán en lo que realmente les compete, es decir, resolver conflictos y  
tutelar derechos.  
El trámite del divorcio por mutuo acuerdo tiene dos modalidades:  
a) El divorcio por mutuo acuerdo ante el juez, artículo 221 del Código Civil  
(Congreso Nacional, 2005).  
b) Ante el notario, según el artículo 101 del Código Civil (Congreso Nacional, 2005).  
El primer caso tendrá como presupuesto factico que haya hijos dependientes y que su  
situación en cuanto a tenencia, visitas y alimentos no se encuentre resuelta  
previamente; para lo cual se requiere la presentación de la demanda ante el juez de la  
Unidad de familia, cuyos requisitos los estipula el artículo 142 del Código Orgánico  
General de Procesos, Asamblea Nacional (2015) el procedimiento para tal efecto es el  
voluntario de conformidad a lo establecido en el artículo 340 del referido cuerpo legal.  
En este proceso la o el juez, convocará a una audiencia en la cual debe demostrarse la  
voluntad de los cónyuges de divorciarse. Al final, se emitirá la sentencia, cuya  
resolución surtirá efecto una vez que se inscriba en el Registro civil.  
En el segundo caso le compete al notario el tramitar el divorcio por mutuo  
consentimiento, únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o  
bajo su dependencia y de haber hijos dependientes, cuando su situación en relación  
con tenencia, visitas y alimentos se encuentre resuelta con acta de mediación o  
resolución judicial dictada por Juez competente (Ley notarial, Asamblea Nacional,  
2016).  
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano los cónyuges se pueden divorciar por mutuo  
consentimiento en la vía judicial, sustanciándose dicha causa por medio del trámite  
voluntario, el cual es inherente a un proceso judicial de jurisdicción voluntaria. Pues el  
General de Procesos, Asamblea Nacional (2015), establece en su artículo 334 numeral  
3 que el “divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre  
que haya hijos dependientes” (p.122).  
De la cita antes expuesta, señala Cañizares (2022) se desprende que para que los  
cónyuges puedan divorciarse por mutuo consentimiento en vía judicial, es necesario  
que no tengan hijos dependientes, o que la situación de los hijos ya se encuentre  
resuelta en el ámbito de visitas, alimentos, y tenencia. Estableciéndose que, en caso de  
que, dentro de la sustanciación de la causa, exista un cambio de posición de los padres  
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frente a la situación de los menores, el proceso judicial de divorcio se transformara en  
un trámite contencioso que deberá ser evacuado por la vía sumaria.  
No obstante, los cónyuges que deseen terminar por mutuo consentimiento el vínculo  
matrimonial, podrán hacerlo de manera más efectiva, rápida y eficaz, por la vía notarial,  
pues así lo establece el artículo 18 numeral 22 de la Ley Notarial, Asamblea Nacional  
(2016):  
Tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho,  
únicamente en los casos en que no existan hijos menores de edad o bajo su  
dependencia según lo previsto en la Ley, sin perjuicio de la atribución conferida en el  
Artículo 10 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. (p. 6)  
Por consiguiente, se puede afirmar ratifica Cañizares (2022) que la vía más rápida por  
lo cual los cónyuges pueden disolver el vínculo matrimonial es a través del divorcio por  
mutuo consentimiento, ya sea por medio de la vía judicial o notarial, afirmándose que a  
criterio personal, por la carga procesal de los juzgados y la inexistente celeridad y  
respeto por la tutela judicial efectiva por la parte de la función judicial, la vía notarial es  
el camino más ágil por el cual los cónyuges pueden disolver voluntariamente el vínculo  
matrimonial.  
Finalmente, afirman Zea et al. (2019) que, en casos donde los cónyuges no puedan  
llegar a un acuerdo sobre la distribución de los bienes, el juez de la causa puede  
intervenir en la distribución, tomando en cuenta el principio de equidad y las  
circunstancias particulares de cada caso. En este análisis, la liquidación de la sociedad  
conyugal es fundamental del proceso de divorcio. Esto implica la valoración y  
reconocimiento de los bienes y deudas comunes, su distribución equitativa entre los  
cónyuges y la consideración de los efectos fiscales de la liquidación. A pesar de su  
complejidad inherente, es fundamental para garantizar que la distribución de derechos y  
obligaciones entre los cónyuges se respeten de manera equitativa.  
Conclusiones  
La sociedad conyugal nace como consecuencia del matrimonio, por lo que, es natural  
que tras la terminación del matrimonio esta sociedad también se disuelva. Por lo tanto,  
es importante que al disolver la sociedad se aclare respecto al patrimonio que en  
conjunto se construyó durante el periodo que duró el matrimonio. Este estudio enfocado  
en el estudio de la legislación ecuatoriana y de la literatura especializada, ha permitido  
obtener una visión integral y crítica de este proceso, fundamental en el ámbito jurídico y  
social.  
A lo largo de la discusión, se ha puesto en evidencia que la liquidación de bienes no es  
un proceso sencillo, requiere una cuidadosa identificación y valoración de los bienes y  
deudas, así como una justa distribución de estos entre los cónyuges. Dado su potencial  
como fuente de conflicto, es primordial obtener asesoría legal adecuada. Por último,  
para la terminación del matrimonio existen varias formas contempladas en la ley, siendo  
el mutuo consentimiento una de estas formas y una de las más utilizadas.  
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Análisis jurídico de la disolución de la sociedad conyugal en divorcios por mutuo consentimiento  
Estefanía Elizabeth Chico Brito  
Alfredo Fabián Carrillo  
Volumen: 17  
Número: 2  
Año: 2025  
Recepción: 20/01/2025 Aprobado: 30/01/2025  
Artículo de revisión  
En este sentido, ambos cónyuges pueden recurrir a la vía judicial o disolver su  
matrimonio a través de un notario. El proceso notarial está condicionada a la ausencia  
de hijos a cargo; en caso de tener hijos dependientes, se debe tener resuelto alimentos,  
régimen de visitas, tenencia y el ejercicio de la patria potestad. Este estudio ha revelado  
las implicaciones fiscales significativas de la liquidación de la sociedad conyugal, a  
menudo pasadas por alto, que pueden afectar profundamente la estabilidad financiera  
de los cónyuges después del divorcio.  
Además, se ha resaltado la importancia de brindar apoyo emocional durante este  
proceso, considerando la carga emocional que conlleva. Por lo tanto, es crucial  
continuar investigando y profundizando en este ámbito para mejorar las prácticas  
legales y de apoyo a aquellos que enfrentan la disolución de la sociedad conyugal.  
Aunque este estudio representa un avance significativo, queda un largo camino por  
recorrer, lleno de desafíos y oportunidades para mejorar la atención y el apoyo a las  
personas afectadas.  
En resumen, la liquidación de la sociedad conyugal puede realizarse a través de tres  
procedimientos distintos: jurisdiccional, notarial y mediación. Aunque estos trámites  
difieren, comparten el objetivo común de garantizar un proceso consensuado y sin  
contradicciones, en el que ambos cónyuges acuerden sobre la distribución de los  
bienes adquiridos antes o durante la sociedad conyugal.  
Es importante destacar que, en caso de desacuerdo sobre el inventario, se debe  
recurrir al procedimiento sumario para resolverlo. Si el desacuerdo se refiere al dominio  
de un bien social, se debe acudir a un procedimiento ordinario. Además, es fundamental  
priorizar los derechos de los menores, como establece el artículo 44 de la Constitución  
de la República del Ecuador. Por lo tanto, cualquier proceso de liquidación debe  
asegurar que los derechos de los menores sean resueltos previamente, garantizando  
su protección y bienestar.  
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Conflicto de intereses: Los autores no declaran tener conflictos de intereses.  
Contribución de los autores: Los autores desarrollaron la búsqueda y análisis de la información para el artículo, así  
como su diseño y redacción.  
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