Vulnerabilidad financiera de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia El Oro
German Gracian Moran Molina
Mayra Fabiola Zambrano Pacheco
Volumen: 16
Número: 4
Año: 2024
Recepción: 26/06/2024
Aprobado: 10/09/2024
Artículo original
de viviendas, carreteras y varias obras de carácter social de las cuales se
beneficiaran toda la comunidad a la que pertenecen.
Durante el extenso período colonial, en Ecuador, las comunidades indígenas
contaban con tierras comunales y se opusieron a la expansión territorial de las
haciendas. Simultáneamente, en los ámbitos urbanos, los vecinos, gremios
artesanales y diversas sociedades con objetivos de protección social adoptaron y
conservaron formas de colaboración asociativa que han sido fundamentales en el
desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana. Estas dinámicas de resistencia y
cooperación han dejado una huella significativa en la evolución socioeconómica y
cultural del país a lo largo del tiempo (Márquez, 2013).
El cooperativismo en Ecuador tuvo un crecimiento gradual desde sus primeros
indicios mutuales hasta su consolidación como un sector reconocido en la economía
nacional. La primera cooperativa del país fue la Asistencia Social Sociedad
Protectora del Obrero, la cual surgió en la ciudad de Guayaquil en 1919, seguida por
la Caja de Ahorro y Cooperativa de Préstamos de la Federación Obrera de
Chimborazo en el mismo año (Zuña, 2019). Sin embargo, fue solo a partir de 1937
cuando se promulgó la primera Ley de Cooperativas (2001), y hasta ese momento
solo existían seis organizaciones cooperativas en el país (Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, 2016).
En los años cincuenta, surgió un nuevo movimiento caracterizado por la promoción
activa y sostenible de asociaciones cooperativas en diferentes grupos con
orientaciones religiosas. El objetivo principal era mejorar las condiciones de vida de
los sectores más necesitados, tanto en áreas rurales como urbanas. Sin embargo,
fue a partir de los años sesenta cuando este movimiento experimentó un impulso
definitivo. Esto se debió a la aprobación de la primera Ley de Reforma Agraria y
Colonización, la promulgación de la nueva Ley de Cooperativas (2001), y la creación
de diversos organismos de integración cooperativa. Estos cambios y regulaciones
permitieron una expansión significativa del movimiento cooperativo en Ecuador
(Márquez, 2013).
En 1969, en concordancia con lo estipulado en la segunda Ley de Cooperativas
(2001), en sus artículos 84 y 90, se estableció la creación del Consejo Cooperativo
Nacional con el propósito de planificar, coordinar y fomentar el cooperativismo en el
país. Sin embargo, la situación no mostró mejoras significativas debido al bajo nivel
de remuneraciones de los funcionarios de esta institución. Esta situación impidió la
contratación de personal técnico calificado que pudiera dirigir adecuadamente el
movimiento cooperativo nacional. Como resultado, el desarrollo y progreso del
cooperativismo en el país se vieron obstaculizados por la falta de recursos humanos
capacitados, lo que limitó su potencial de crecimiento y contribución al bienestar
socioeconómico de la nación (Moran y Burgo, 2024).
En la Constitución (1978), aproximadamente treinta años antes de la Constitución
(2008), se incorporó a la Economía Social y Solidaria como eje de desarrollo para el
sector cooperativo. Finalmente, la Constitución (2008) se convirtió en la primera del
mundo en resaltar la importancia del sector de la Economía Popular y Solidaria
(EPS) como un actor de primer orden para impulsar una nueva forma de hacer
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