Las contravenciones de tránsito detectados por medios tecnológicos, frente al debido proceso  
Lenin Rolando Guanoquiza Guangaje  
Diana Maricela Bermúdez Santana  
Volumen: 16  
Número: 1  
Año: 2024  
Recepción: 22/09/2023  
Aprobado: 06/12/2023  
Artículo de revisión  
Las contravenciones de tránsito detectados por medios tecnológicos, frente al  
debido proceso  
Traffic violations detected by technological means, with respect to due process  
Lenin  
Rolando  
Guanoquiza  
Guangaje1  
Diana Maricela Bermúdez  
Santana2  
Resumen  
El presente artículo se enfoca en la protección del debido proceso en casos de  
contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos. Su objetivo es analizar  
las consideraciones fundamentales que respaldan la protección del debido proceso en  
estos casos, destacando aspectos como la notificación adecuada, el derecho a la  
defensa y la posibilidad de impugnar sanciones. La metodología es cualitativa ya que  
involucra un análisis exhaustivo de la literatura legal y jurisprudencial, se revisaron  
estudios de investigaciones previas para respaldar los principios legales y científicos  
subyacentes. Los resultados de esta investigación resaltan la importancia de la  
notificación adecuada, el derecho a la defensa y la posibilidad de impugnar sanciones  
como elementos de garantía en un proceso justo y equitativo. Estos principios están  
respaldados por la teoría legal y la jurisprudencia, contribuyen así a la integridad del  
sistema de justicia. La protección del debido proceso en contravenciones de tránsito  
detectado por medios tecnológicos es fundamental para salvaguardar los derechos  
individuales y mantener la confianza en el sistema legal del país ecuatoriano.  
Palabras clave: contravenciones, foto radares, seguridad vial, velocidad.  
Abstract  
This article focuses on the protection of due process in cases of traffic violations  
detected by technological means. Its objective is to analyze the fundamental  
considerations that support the protection of due process in these cases, highlighting  
aspects such as adequate notification, the right to defense and the possibility of  
challenging sanctions. The methodology is qualitative as it involves an exhaustive  
analysis of legal and jurisprudential literature, previous research studies were reviewed  
to support the underlying legal and scientific principles. The results of this research  
highlight the importance of adequate notice, the right to defense and the possibility of  
challenging sanctions as elements of guaranteeing a fair and equitable process. These  
1
Abogado. Diplomado Superior en Derecho Notarial y Registral. Maestrante en Derecho Procesal y Litigación Oral  
por la Universidad Tecnológica Indoamérica. Jefe de Expropiaciones del GAD Municipalidad de Ambato, Ecuador.  
2
Abogada. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales-Santiago de Chile.  
Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Indoamérica. Estudiante del Doctorado en  
Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Docente en la Facultad de Jurisprudencia y  
Ciencias Políticas, carrera de Derecho, de la Universidad Indoamérica, sede Ambato, Ecuador.  
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principles are supported by legal theory and jurisprudence, thus contributing to the  
integrity of the justice system. The protection of due process in traffic offenses detected  
by technological means is fundamental to safeguard individual rights and maintain  
confidence in the legal system of the Ecuadorian country.  
Key words: contraventions, photo radars, road safety, speed.  
Introducción  
El presente artículo examina el tema de las contravenciones de tránsito detectadas  
mediante la utilización de dispositivos electrónicos y su relación con el debido proceso.  
Debido a que se generaron procesos de sanción sin la información verídica del  
supuesto contraventor. El dispositivo electrónico foto radar actúa en ausencia de un  
agente civil de tránsito, captando en fotografías las infracciones cometidas por los  
propietarios y conductores de vehículos que excedan los límites de velocidad. En la  
actualidad los individuos poseen una vida enlazada con la tecnología de manera  
inquebrantable. Cada día, el mundo se vuelve más digital, y este avance tecnológico no  
se detiene en las carreteras y calles del país.  
En un esfuerzo por promover la seguridad vial y mantener el orden en el tránsito, se  
han implementado los dispositivos electrónicos como las fotos radares, para detectar y  
sancionar las infracciones de tránsito por exceso de velocidad. Este dispositivo, que  
incluye la cámara, un rayo de radar adjunto y una pantalla que indica la velocidad de  
cada vehículo, los que han demostrado ser eficaces para monitorear y hacer cumplir las  
normas del tránsito. Por lo que, se identifica la relación entre las contravenciones de  
tránsito detectadas por medios tecnológicos y el debido proceso. Surge así la  
vulneración de principios, derechos y garantías contempladas en la Constitución de la  
República de Ecuador, entre ellos el debido proceso.  
Si bien estas herramientas tecnológicas pueden ser eficaces para mejorar la seguridad  
vial y reducir las infracciones de tránsito, también generan interrogantes importantes en  
cuanto al respeto de los derechos fundamentales de los supuestos contraventores. Uno  
de estos derechos es el debido proceso, que garantiza a toda persona el derecho a ser  
escuchado y validar sus pretensiones frente al juez dentro de un proceso. En la era  
digital actual, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que se abordan  
los desafíos de la seguridad vial. La implementación de dispositivos electrónicos y  
monitoreo basados en tecnología avanzada se ha convertido en una respuesta efectiva  
para hacer frente a las contravenciones de tránsito y reducir los riegos en caso de  
accidentes.  
Estos sistemas son variados y sofisticados. Las cámaras de las foto radares, se ubican  
estratégicamente en intersecciones y carreteras, son capaces de capturar imágenes de  
vehículos en infracción, incluidos conductores que pasan semáforos en rojo o realizan  
giros prohibidos. La evidencia visual que proporcionan es fundamental para la  
aplicación de multas y sanciones. A más de ello, estos dispositivos electrónicos “foto  
radar”, están equipados con tecnología de radar o láser, que pueden medir con  
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precisión la velocidad de un vehículo en movimiento. Cuando un conductor excede el  
límite de velocidad permitido, el radar registra la infracción y emite una multa de manera  
automática. Estos sistemas tecnológicos han demostrado ser herramientas valiosas  
para las autoridades de tránsito y seguridad vial, ya que contribuyen a reducir  
accidentes y salvar vidas.  
Sin embargo, su creciente implementación ha suscitado importantes cuestionamientos  
en lo que respecta a la protección de los derechos individuales y, en particular, al  
debido proceso. En este contexto, surge la pregunta de si las contravenciones de  
tránsito detectadas por medios tecnológicos cumplen con los estándares del debido  
proceso. En muchos casos, estos sistemas automatizados emiten multas y sanciones  
sin la intervención directa de un agente de tránsito o la posibilidad de presentar una  
defensa personal. Esto plantea cuestiones sobre la validez de las pruebas recopiladas y  
la falta de oportunidades para impugnar las sanciones impuestas.  
Además, existe la preocupación de que estos sistemas tecnológicos no siempre sean  
precisos y puedan cometer errores en la detección de infracciones. Esto podría llevar a  
que se sancione injustamente a conductores inocentes. Por lo tanto, es importante  
establecer salvaguardas adecuadas para garantizar que los resultados de estos  
sistemas sean confiables y estén sujetos a revisión. En este artículo, se analizarán las  
leyes y reglamentos actuales en relación con las contravenciones de tránsito  
detectadas por medios tecnológicos y su compatibilidad con los principios del debido  
proceso. También se explorarán los desafíos y las posibles soluciones para garantizar  
que se respeten los derechos de los conductores y se promueva un equilibrio adecuado  
entre la seguridad vial y el debido proceso.  
Por consiguiente, el debido proceso es uno de los pilares fundamentales del sistema  
legal. Este principio arraigado en la justicia y la equidad, garantiza que todas las  
personas tengan derecho a un juicio justo y equitativo antes de ser sancionadas o  
privadas de sus derechos. Dentro del debido proceso todo individuo tiene derecho a ser  
efectiva su reclamación ante el órgano judicial competente. Para lo cual las  
notificaciones revisten una importancia fundamental, ya que permiten a la persona  
preparar su defensa y comprender los motivos de la sanción propuesta; además, brinda  
la oportunidad de ser escuchado, lo cual se enmarca en el derecho al debido proceso,  
que implica que una persona debe tener la oportunidad de presentar los hechos que  
alega y sus argumentos ante un juez imparcial.  
En este orden de ideas, nos acogemos a lo afirmado por Couture (1978), quien define  
al debido proceso como una “Garantía constitucional consistente en asegurar a los  
individuos la necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga tanto la  
conducta, disciplina, y oportunidades para la comprensión, muestra y prueba de sus  
derechos” (p. 199). Mientras que, la presunción de inocencia bajo el debido proceso,  
establece que una persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de  
una duda razonable. Además, el derecho a la defensa legal es el principio del debido  
proceso que asegura que toda persona tenga acceso a un asesoramiento legal y a ser  
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representada por un abogado en un proceso legal. Esto garantiza que se protejan  
adecuadamente los derechos e intereses del individuo acusado.  
Siendo así, que estos elementos son necesarios para garantizar que la justicia sea  
aplicada de manera justa y que los derechos de los individuos sean respetados en todo  
momento. El debido proceso constituye una especie de escudo protector para todos  
aquellos ciudadanos involucrados en un proceso judicial, con el fin de evitar vulneración  
de derechos y garantías constitucionales. Por tanto, el objetivo de este artículo es  
analizar las consideraciones fundamentales que respaldan la protección del debido  
proceso en estos casos, con énfasis en aspectos como la notificación adecuada, el  
derecho a la defensa y la posibilidad de impugnar sanciones. La metodología es  
cualitativa ya que se involucra un análisis exhaustivo de la literatura legal y  
jurisprudencial, se revisaron estudios de investigaciones previas para respaldar los  
principios legales y científicos subyacentes.  
Desarrollo  
En el Ecuador, las contravenciones de tránsito se refieren a las infracciones o faltas  
cometidas por los conductores de vehículos en relación con las normas y regulaciones  
de tránsito establecidas en la legislación vigente. Estas contravenciones están  
contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, COIP (2014) y en las normas  
complementarias emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT)  
(Calle y Ortega, 2022). Las contravenciones de tránsito pueden ser diversas y abarcar  
desde acciones consideradas menos graves hasta aquellas que ponen en peligro la  
seguridad vial. Algunos ejemplos comunes de contravenciones de tránsito en el  
Ecuador incluyen, el exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de alcohol o  
sustancias estupefacientes y el irrespeto de las señales de tránsito (Calle & Ortega,  
2022).  
Dentro de este marco, estas son solo algunas de las contravenciones de tránsito más  
comunes en el Ecuador, pero existen otras establecidas en la legislación. Las  
sanciones por estas infracciones pueden variar, desde multas hasta la retención del  
vehículo, suspensión de la licencia de conducir o trabajos comunitarios, dependiendo  
de la gravedad de la falta y las circunstancias específicas.  
En relación con esta idea, Serge et al (2018) argumentan que los conductores deben  
conducir dentro de los límites de velocidad permitido, pero esto no es una tarea fácil, ya  
que por varios factores las personas manejan a un exceso de velocidad, lo que se  
convierte en un riesgo. Es decir, conducir a exceso de velocidad aumenta los siniestros  
en las vías, por lo tanto, puede dar como resultado mayores muertes y accidentados.  
Por tal motivo, se torna en una infracción de tránsito que deberá ser comprobada y  
sancionada según lo que dispone la ley.  
En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud (2017) en el informe de ese  
año, señala enfáticamente que el exceso de velocidad o el uso inadecuado de la  
velocidad se reconoce universalmente como el factor de riesgo más predominante en  
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los accidentes de tránsito. Numerosos investigadores como Rusillo et al (2023) han  
corroborado que el exceso de velocidad contribuye a aproximadamente un tercio de los  
accidentes con consecuencias fatales. De ahí que se recalque la importancia de  
considerar que incluso pequeños incrementos en la velocidad pueden acrecentar  
significativamente la probabilidad de accidentes en las carreteras.  
Por tanto, se vuelve imperativo la creación e implementación de políticas y programas  
destinados a la regulación de la velocidad, los cuales desempeñarán un papel  
importante en la mejora de los indicadores de seguridad vial y, por ende, en la  
reducción de los accidentes de tránsito. Tanto la doctrina como la legislación vigente  
hacen mención de las consecuencias derivadas del exceso de velocidad practicado por  
numerosos conductores en las vías. Es indispensable ratificar que los efectos de un  
aumento en la velocidad al conducir pueden resultar en pérdidas de vidas humanas y  
en violentar las normas de tránsito, las cuales deben ser sancionadas de acuerdo con la  
gravedad de cada caso. Por esta razón, se hace referencia a la normativa vigente que  
contiene las disposiciones legales relacionadas con este tema (Vera et al., 2022).  
De modo, que se establecen normas y disposiciones para regular la velocidad en vías  
locales o residenciales, así como en zonas escolares. Estas medidas tienen como  
objetivo principal promover la seguridad vial, proteger a los peatones y residentes, y  
reducir la posibilidad de accidentes en estas áreas. El cumplimiento de los límites de  
velocidad establecidos y la implementación de medidas complementarias contribuyen a  
un entorno más seguro en el ámbito de la circulación vial.  
Medios tecnológicos utilizados para la detección de contravenciones de tránsito  
En el Ecuador, los foto radares son dispositivos tecnológicos electrónicos utilizados  
para la detección y registro de infracciones de tránsito por. Estos dispositivos están  
diseñados para capturar imágenes de vehículos que exceden los límites de velocidad  
establecidos en ciertas vías o zonas específicas. Funcionan mediante un sistema de  
radar que detecta la velocidad de los vehículos a medida que pasan por el área  
monitoreada. Cuando un vehículo excede el límite de velocidad permitido, se activa el  
mecanismo de captura de imágenes, que toma fotografías de los vehículos en  
movimiento, así como de su placa de matrícula (Villalva, 2021).  
Estas imágenes capturadas por los foto radares sirven como evidencia para constatar la  
infracción de tránsito y permiten la posterior identificación y sanción al presunto  
contraventor. Por lo general, las autoridades de tránsito utilizan estos dispositivos en  
puntos estratégicos de las vías, como autopistas, carreteras principales o zonas  
urbanas con alta afluencia de vehículos. Es importante destacar que el uso de foto  
radares en el Ecuador está regulado por la legislación y la normativa de tránsito. La  
Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) es la entidad encargada de establecer  
los parámetros y requisitos técnicos para la instalación y operación de estos  
dispositivos, así como de emitir las disposiciones relacionadas con su utilización  
(Villacrés et al., 2020).  
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En relación con la idea anterior, es fundamental respetar los derechos y garantías  
constitucionales en relación con la utilización de los foto radares, especialmente en lo  
que se refiere al debido proceso. Esto implica que se deben cumplir requisitos como la  
notificación adecuada de la infracción, el derecho a la defensa, la posibilidad de  
impugnar la sanción y la revisión de las pruebas presentadas. Son dispositivos  
tecnológicos utilizados en el Ecuador para la detección y registro de infracciones de  
tránsito relacionadas con el exceso de velocidad. Su utilización está regulada por la  
legislación y normativa de tránsito, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y  
garantizar el cumplimiento de las normas (Villalva, 2021).  
En línea de pensamiento, con Del Pozo & Montero (2019), los foto radares, también  
conocidos como radares de velocidad o radares de tráfico, son dispositivos tecnológicos  
utilizados para monitorear la velocidad de los vehículos en las carreteras y vías  
urbanas. Estos dispositivos funcionan detectando la velocidad de un vehículo y  
capturando una imagen cuando un conductor excede el límite de velocidad establecido.  
En Ecuador, al igual que en muchos otros países, se utilizan para controlar el  
cumplimiento de las leyes de tránsito y mejorar la seguridad vial. En Ecuador, la gestión  
del tráfico y la regulación son responsabilidad de la Agencia Nacional de Tránsito del  
Ecuador (ANT).  
Resulta claro, que el propósito principal de la instalación de estos dispositivos es la  
prevención, ya que se busca que los conductores disminuyan la velocidad en las  
carreteras con el objetivo de evitar accidentes de tránsito. El exceso de velocidad se  
convierte en una infracción que conlleva sanciones económicas, sociales y sobre todo  
jurídicas. Sin embargo, esta situación genera inconvenientes para aquellos conductores  
que son directamente afectados. Los conductores que son sorprendidos excediendo los  
límites de velocidad enfrentan multas y sanciones, además de experimentar molestias  
debido a la falta de notificación adecuada sobre su infracción. En muchos casos, esta  
falta de notificación les impide ejercer su derecho a la defensa (Villacrés et al., 2020).  
Es importante destacar, que el término “foto radar” es como una cámara que se activa  
cuando un vehículo excede el límite de velocidad que la ley permite. Cuenta con un  
sensor que determina automáticamente la fotografía en el que se registra la fecha y  
hora, la velocidad que se cometió la infracción. Su principal objetivo es supervisar y  
regular la velocidad del tráfico. El funcionamiento del sistema se basa en la aplicación  
del principio del efecto Doppler, que permite medir la velocidad de los vehículos que se  
encuentran dentro de su área de detección. En consecuencia, cuando hacemos  
referencia a “foto radares”, nos estamos refiriendo a estos dispositivos de control de  
velocidad (Del Pozo & Montero, 2019).  
Por consiguiente, la implementación de un sistema especializado como son los foto  
radares, tienen como objetivo la reducción de los siniestros de tránsito, lo que ha sido  
un impacto positivo en la sociedad, siendo esta una medida importante de la seguridad  
vial. Según las cifras, los accidentes de tránsito se han reducido, y han llegado a un  
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48%, siendo una estrategia con mayores resultados que la de los controles esporádicos  
de velocidad (Castellano & García, 2021).  
Es importante mencionar que esta problemática surge en nuestra sociedad y en las  
diferentes ciudades del país, desde la implementación de dispositivos electrónicos  
como son los foto radares, que por la falta de información concisa en la base de datos  
utilizados por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, las autoridades no cumplen  
el debido proceso, por lo que conlleva a la vulneración de Derechos de muchos  
ciudadanos. La Jefatura del Control de Tránsito y Seguridad Vial (2019) en su informe  
anual, ha demostrado que la implementación del sistema de foto radares, ha ayudado a  
disminuir las causas que motivan los accidentes de tránsito, entre estas la impericia e  
imprudencia, la embriaguez, y sobre todo el exceso de velocidad en las carreteras y  
autopistas.  
Tal y como afirma Guevara (2021), el control de velocidad es importante en cualquier  
localidad y puede ser supervisado mediante la implementación de sistemas de foto  
radares, los cuales se consideran una medida de seguridad vial efectiva(p. 3). Se ha  
observado una disminución de los accidentes de tránsito relacionados con el exceso de  
velocidad en los últimos años, lo que ha contribuido a generar una mayor conciencia  
entre los conductores y a reducir la incidencia de esta infracción. Por lo tanto, se  
menciona que los foto radares son una herramienta importante en el ámbito de la  
seguridad vial.  
Actualmente, el tema de los foto radares ha generado un amplio debate. Se argumenta  
que su implementación no se centra primordialmente en la preservación de la seguridad  
vial en el país, sino que, en gran medida, está orientada hacia objetivos económicos en  
lugar de ser un instrumento de control. Aunque es cierto que el uso de los mismos ha  
demostrado ser efectivo en términos de mejorar la seguridad en las carreteras, se debe  
tener en cuenta que su aplicación conlleva sanciones económicas para los infractores  
que excedan los límites de velocidad establecidos (Bermejo, 2020).  
Resulta claro, que la seguridad vial surge por muchos accidentes de tránsito durante  
varios años desde el 2011, los que han sido disminuidos solo con la instalación del  
sistema de los foto radares, aunque este genere también un descontento en la  
sociedad, ya que se los ha implementado de manera excesiva, por tal razón, existen  
quejas sobre la medida, porque si bien es cierto es por seguridad vial, por lo que se  
debe considerar como control mas no como una alternativa para para que los  
ciudadanos infractores paguen multas excesivas por sobrepasar el límite de velocidad  
(Castellano & García, 2021).  
El debido proceso y su importancia en el ámbito jurídico  
El debido proceso es un concepto que implica el cumplimiento de ciertos  
procedimientos legales y garantías para asegurar que las personas sean tratadas de  
manera justa y equitativa por parte de las autoridades gubernamentales y judiciales. Se  
basa en la idea de que nadie debe ser privado de sus derechos fundamentales sin la  
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oportunidad de defenderse adecuadamente y sin que se siga un procedimiento  
legalmente válido (Ferrer, 2021). Además, debe ser considerado como la institución  
justa que se adecua a derecho, que fue creado con el propósito de garantizar el  
procedimiento de las actuaciones judiciales dentro de un proceso, además, deberá ser  
desarrollado ante un juez imparcial, para todos los ciudadanos, para que de este modo  
puedan acceder a la justicia, y obtener una resolución justa.  
De modo, que el concepto de debido proceso tiene profundas raíces en la historia y la  
filosofía jurídica. En muchas democracias modernas, se remonta a las luchas por los  
derechos civiles y políticos a lo largo de los siglos, donde se buscaba limitar el poder  
del Estado y garantizar la igualdad ante la ley. Documentos históricos como la Carta  
Magna de Inglaterra (1215), constituye uno de los antecedentes más importantes del  
constitucionalismo, contiene principios básicos tanto derecho público como de derecho  
privado y la Declaración de Derechos (1689), promulgada por el parlamento de  
Inglaterra, promulga un conjunto de derechos civiles, los que influyeron en la  
formulación de los principios del debido proceso (Rodríguez, 2018).  
Se encuentra reconocido y protegido en varios artículos de la Constitución de la  
República del Ecuador, Asamblea Constituyente (2008). En primer lugar, el artículo 76  
establece que todas las personas tienen derecho a un debido proceso que incluye,  
entre otras garantías, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgado por un juez o  
jueza competente, independiente e imparcial, y el derecho a la no autoincriminación. El  
artículo 77 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a la tutela  
judicial efectiva, lo que implica el derecho de acceso a la justicia, a un juez o jueza  
imparcial, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la obtención de una sentencia  
motivada y a la ejecución de la misma(Asamblea Constituyente, 2008, pp. 32-33).  
En este orden de ideas, en el artículo 76 de la Constitución de la República del  
Ecuador, Asamblea Constituyente (2008), se establece que nadie podrá ser juzgado ni  
sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté previamente  
calificado como delito o falta en la ley. Esto garantiza el principio de legalidad y evita la  
retroactividad de la ley. El artículo 82 de la Ley de Leyes, precisa que el derecho a la  
seguridad jurídica se fundamenta en “el respeto a la Constitución y la existencia de  
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes” (p.  
35) en concordancia con el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial que  
menciona: “Las juezas y jueces tienen el compromiso de velar por el perpetuo, uniforme  
y fiel práctica de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos  
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas  
jurídicas” (p.10).  
Es importante destacar, que la Constitución de la República del Ecuador, Asamblea  
Constituyente (2008), también reconoce la existencia de jurisdicciones especializadas,  
como la justicia indígena, la justicia militar y la justicia constitucional, cada una con sus  
propias particularidades en cuanto al debido proceso. La Ley de Leyes garantiza el  
debido proceso como un derecho fundamental de todas las personas, tanto en el  
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ámbito penal como en otros ámbitos de la justicia, asegurando así el respeto a los  
derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso judicial. La falta  
de notificación implica que los supuestos contraventores no tengan conocimiento de la  
acción que se ha iniciado en su contra y este no haga uso de su derecho constitucional  
a la defensa.  
En concordancia con lo antes expuesto, el Código Orgánico Integral Penal (2014) en el  
artículo 575 numeral 4 determina que:  
Las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias registradas en medio  
electrónico, se cumplirán atendiendo a las siguientes reglas:  
a) Se privilegiará el uso de los medios electrónicos y telemáticos.  
b) Se realizará en el domicilio electrónico que el usuario determina.  
c) Se considerará realizada cuando está disponible en la casilla de destino. (p.118)  
Como se puede evidenciar, esta disposición ordena de forma clara y precisa que será el  
usuario quien determine el domicilio electrónico en caso de poseer, no señala que la  
Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, deberá generar notificaciones a correos y  
direcciones que la institución considere son de los presuntos contraventores. Es  
importante mencionar el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia 71-  
14-CN/19, según Jiménez (2022), en la que determina que cuando existe una  
contravención por exceso de velocidad y no son debidamente notificadas al presunto  
contraventor se entenderá que no son válidas, entendiendo así que el tiempo para  
recurrir son los tres días a partir de la notificación. Y al no cumplir con la misma se  
estaría vulnerando derechos y garantías respecto a la legítima defensa.  
En Ecuador, la regulación de las contravenciones de tránsito y la protección del debido  
proceso se encuentran principalmente establecidas en la Ley Orgánica de Transporte  
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fue promulgada en 2008. Esta ley es la  
principal normativa que rige el tránsito y el transporte terrestre en el país, y contiene  
disposiciones específicas para garantizar un equilibrio entre la seguridad vial y el  
respeto de los derechos de los conductores. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre,  
Tránsito y Seguridad Vial (2008), establece el principio de legalidad en las  
contravenciones de tránsito. Esto significa que solo las conductas que estén  
expresamente tipificadas como infracciones en la ley pueden ser sancionadas. Este  
principio garantiza que los ciudadanos tengan claridad sobre qué comportamientos  
están prohibidos en las vías públicas.  
Por su parte, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y  
Seguridad Vial (2008), establece los derechos y garantías del debido proceso en el  
ámbito de las contravenciones de tránsito. Estos derechos incluyen el derecho a la  
defensa, el derecho a presentar pruebas, el derecho a la impugnación y el derecho a  
ser juzgado por un tribunal imparcial. Esto asegura que las personas acusadas de  
contravenciones de tránsito tengan la oportunidad de defenderse adecuadamente y que  
el proceso se lleve a cabo de manera justa.  
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De igual forma, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y  
Seguridad Vial (2008), establece el procedimiento administrativo para el tratamiento de  
las contravenciones de tránsito. Este proceso administrativo garantiza el derecho a la  
audiencia y la posibilidad de impugnar las sanciones impuestas. Las sanciones son  
impuestas mediante un proceso que permite a los infractores presentar sus argumentos  
y pruebas en su defensa. La mencionada norma, es un marco legal integral que busca  
mantener un equilibrio entre la seguridad vial y el respeto de los derechos de los  
conductores. Establece las bases para el tratamiento de las contravenciones de tránsito  
y garantiza un proceso justo y transparente en casos de infracciones.  
Además, para una comprensión más detallada y específica de estos temas, es  
importante el considerar tanto el Reglamento General de dicha ley como otras leyes y  
reglamentos particulares. En el orden jerárquico, la Ley Orgánica de Transporte  
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2008), es la norma principal que sienta las bases  
generales, mientras que el Reglamento General proporciona detalles específicos y  
procedimientos concretos relacionados con las contravenciones de tránsito. Es  
importante mencionar que, además de estas normativas de carácter general, existen  
leyes y reglamentos específicos que pueden ser relevantes para cuestiones particulares  
de tránsito y seguridad vial. Así mismo, la jurisprudencia y las decisiones judiciales  
desempeñan un papel decisivo en la interpretación y aplicación de estas normativas en  
casos específicos, contribuyendo así a la evolución y clarificación de las disposiciones  
legales en este ámbito.  
Análisis de las contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos  
En Ecuador, la detección de contravenciones de tránsito mediante el uso de medios  
tecnológicos ha cobrado relevancia en los últimos años. Esta práctica tiene tanto  
ventajas como desventajas que deben analizarse a la luz del debido proceso. A  
continuación, se explorarán los aspectos clave relacionados con esta temática. Las  
ventajas son mayor eficiencia y precisión debido al uso de medios tecnológicos, como  
cámaras de foto detección, radares o cinemómetros, ofrecen una ventaja significativa  
en términos de precisión en la detección de infracciones. Esto minimiza la posibilidad de  
errores humanos en el proceso de identificación y registro de contravenciones  
(Ramírez, 2021).  
En consonancia con la idea anterior, existe cobertura continua, ya que estos  
dispositivos pueden funcionar ininterrumpidamente las 24 horas del día, los 7 días de la  
semana. Esto asegura una amplia cobertura, incluso en áreas donde la presencia  
policial física es limitada. La constante vigilancia contribuye a un mayor cumplimiento de  
las normas de tránsito y, por ende, a la seguridad vial. La disuasión y prevención a  
través de la visibilidad de medios tecnológicos actúan como elementos disuasorios para  
los conductores, quienes son conscientes de que podrían ser sancionados por cometer  
infracciones. Esta medida puede fomentar una mayor concienciación y cumplimiento de  
las normas de tránsito, lo cual resulta esencial para mejorar la seguridad en las  
carreteras (Terán & Caizaluisa, 2018).  
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Las contravenciones de tránsito detectados por medios tecnológicos, frente al debido proceso  
Lenin Rolando Guanoquiza Guangaje  
Diana Maricela Bermúdez Santana  
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Recepción: 22/09/2023  
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Se observa que, las desventajas son la falibilidad técnica que, a pesar de su precisión  
en su mayoría, pueden ser susceptibles a fallas técnicas y errores de calibración. Esto  
puede llevar a inconsistencias en la detección de contravenciones y, en consecuencia,  
a sanciones injustas o la no detección de infracciones reales (Ramírez, 2021). A más de  
ello, la pérdida de interacción humana, debido a que la dependencia exclusiva de  
medios tecnológicos puede disminuir la interacción directa entre los agentes de tránsito  
y los conductores. Esta reducción en la comunicación interpersonal puede limitar la  
capacidad de advertir o educar a los conductores sobre sus infracciones y dificultar la  
resolución de situaciones de manera flexible (Terán & Caizaluisa, 2018).  
La protección del debido proceso en las contravenciones de tránsito detectadas por  
medios tecnológicos es sustancial para garantizar un proceso justo y equitativo. Esto  
abarca aspectos en la notificación adecuada, el derecho a la defensa, la presunción de  
inocencia, el acceso a la evidencia, el recurso de apelación, la transparencia, la  
imparcialidad, y la proporcionalidad de las sanciones. Estas garantías son  
fundamentales para salvaguardar los derechos de los infractores y mantener la  
integridad del proceso. Sin embargo, enfrentamos desafíos significativos en la  
implementación del debido proceso en casos de contravenciones detectadas por  
medios tecnológicos. Entre estos desafíos se encuentran la necesidad de asegurar la  
fiabilidad y precisión de los medios tecnológicos utilizados, abordar las preocupaciones  
sobre la privacidad y la protección de datos, garantizar el acceso efectivo del infractor a  
la evidencia recopilada, capacitar adecuadamente a los operadores involucrados,  
abordar la percepción pública de imparcialidad y garantizar el acceso a la justicia  
(Arroyo et al., 2019).  
Por consiguiente, superar estos obstáculos garantizan que el uso de medios  
tecnológicos en la detección de contravenciones de tránsito sea efectivo y justo, y que  
los derechos de los infractores se protejan adecuadamente en todo momento. La  
protección del debido proceso en las contravenciones de tránsito detectadas por  
medios tecnológicos es un aspecto necesario en el marco legal y de justicia. Es  
importante destacar que la protección del debido proceso en estas contravenciones  
está respaldada por la legislación nacional e internacional.  
Por ejemplo, muchas jurisdicciones tienen leyes específicas que regulan el uso de  
medios tecnológicos en la detección de infracciones de tránsito y que establecen los  
derechos y garantías de los infractores. El mencionar casos judiciales relevantes en los  
que se haya abordado la protección del debido proceso en contravenciones de tránsito  
detectadas por medios tecnológicos puede ser ilustrativo. Esto podría incluir fallos que  
resalten la importancia de garantizar la presunción de inocencia o el acceso a la  
evidencia (Calle y Ortega, 2022).  
En resumidas cuentas, el comparar la manera en que otros países abordan este tema  
también puede enriquecer la discusión. Algunas naciones pueden tener enfoques  
diferentes para garantizar el debido proceso en contravenciones de tránsito, lo que  
proporciona perspectivas adicionales. El reconocer que la tecnología continúa  
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avanzando y que estos avances pueden plantear nuevos desafíos y oportunidades en  
relación con la protección del debido proceso. Esto enfatiza la importancia de mantener  
las regulaciones actualizadas y adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Se puede  
destacar la necesidad de una colaboración efectiva entre las autoridades encargadas  
de la aplicación de la ley y las organizaciones de derechos civiles para garantizar un  
equilibrio adecuado entre la seguridad vial y la protección de los derechos de los  
ciudadanos (Del Pozo & Montero, 2019).  
De hecho, el subrayar la importancia de educar al público sobre los derechos en casos  
de contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos y cómo pueden  
ejercerlos. Una mayor conciencia pública puede llevar a una mayor rendición de  
cuentas y transparencia en el proceso. La protección del debido proceso en  
contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos es respaldada por la  
legislación, jurisprudencia y experiencias internacionales, y es indispensable para  
mantener un equilibrio adecuado entre la seguridad vial y los derechos de los  
ciudadanos. Además, es fundamental considerar los avances tecnológicos y promover  
la educación pública sobre estos temas para garantizar un proceso justo y equitativo.  
La utilización de medios tecnológicos para la detección de contravenciones de tránsito  
en Ecuador presenta un avance significativo en términos de eficiencia y precisión. Sin  
embargo, es fundamental que esta implementación se lleve a cabo con un enfoque  
claro en la protección del debido proceso, garantizando que los derechos de los  
infractores sean respetados en todo momento. La notificación de la contravención  
detectada por medios tecnológicos es un punto importante ya que debe ser clara y  
precisa, proporcionando al infractor información detallada sobre la infracción cometida,  
incluyendo fecha, hora, lugar y descripción. Esto garantiza que el infractor esté  
plenamente informado sobre los cargos en su contra y pueda preparar su defensa de  
manera adecuada.  
Al retomar la idea de que, el derecho a la defensa es un pilar fundamental del debido  
proceso. Los infractores deben tener la oportunidad de ejercer este derecho,  
presentando sus argumentos y pruebas en relación con la contravención detectada.  
Esto implica la necesidad de establecer mecanismos efectivos que permitan a los  
infractores impugnar la contravención y presentar su versión de los hechos. Los  
infractores deben ser considerados inocentes hasta que se ratifique el estado de  
inocencia. La carga de la prueba recae en la autoridad encargada de la sanción, que  
debe presentar pruebas sólidas que demuestren la comisión de la infracción. Para una  
defensa efectiva, los infractores tienen derecho a acceder a la evidencia recopilada por  
los medios tecnológicos que respalda la contravención detectada (Castellano & García,  
2021).  
Por lo tanto, incluye imágenes, videos y otros registros utilizados como prueba,  
permitiendo a los infractores revisarlos y preparar su defensa adecuadamente. La  
existencia de un mecanismo de recurso de apelación ayuda a los infractores la  
oportunidad de impugnar la sanción impuesta o cualquier aspecto relacionado con el  
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proceso, asegurando una revisión imparcial de la decisión tomada. Además, se deben  
establecer mecanismos de supervisión que garanticen que los equipos y sistemas  
utilizados cumplan con los estándares técnicos y operativos establecidos. Los  
infractores tienen derecho a recurrir la sanción impuesta o cualquier aspecto  
relacionado con el proceso. Esto implica la existencia de un mecanismo de apelación o  
revisión imparcial que lleve a tomar una decisión adecuada (Rodríguez, 2018).  
El proceso debe llevarse a cabo por autoridades imparciales e independientes, esto  
asegura que no haya conflictos de interés o sesgos que puedan afectar la objetividad  
del proceso. Las sanciones impuestas deben ser proporcional a la gravedad de la  
infracción cometida; no se deben imponer sanciones excesivas o desproporcionadas  
que violen el principio de proporcionalidad. Si bien la utilización de medios tecnológicos  
en la detección de contravenciones de tránsito ofrece ventajas en términos de  
eficiencia, es fundamental que se mantenga un equilibrio con la protección del debido  
proceso y los derechos de los infractores. El análisis detallado de estas consideraciones  
sirve para garantizar un sistema de sanciones equitativo y justo en Ecuador.  
Conclusiones  
Luego de analizar la información proporcionada sobre la importancia de la notificación  
adecuada, el derecho a la defensa y la posibilidad de impugnar las sanciones en casos  
de contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos. Estos elementos  
contribuyen a garantizar un proceso legal justo, equitativo y respetuoso de los derechos  
de los infractores. Proporcionan oportunidades para que los infractores se defiendan y  
cuestionen la evidencia presentada en su contra, y para que se realice una revisión  
imparcial de las sanciones impuestas.  
Además, promueven la confianza en el sistema de justicia y aseguran el respeto a los  
derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados en este tipo de casos. Es  
importante tener en cuenta que, además de estos elementos, existen otros aspectos  
relevantes para garantizar el debido proceso, como la imparcialidad de las autoridades  
encargadas de tomar decisiones y la proporcionalidad de las sanciones. Todos estos  
elementos deben ser considerados en conjunto para asegurar un sistema de justicia  
equitativo y confiable en el ámbito de las contravenciones de tránsito detectadas por  
medios tecnológicos.  
La notificación adecuada, el derecho a la defensa y la posibilidad de impugnar  
sanciones son componentes críticos para garantizar un debido proceso justo y  
equitativo en casos de contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos.  
Estos aspectos son fundamentales para salvaguardar los derechos de los infractores y  
promover la confianza en el sistema de justicia. En cuanto a la notificación adecuada,  
es asegurar que los infractores reciban información clara y precisa sobre la infracción  
cometida es coherente para que comprendan las acusaciones en su contra. Esto les  
brinda la oportunidad de preparar su defensa de manera adecuada. Sin embargo, en la  
práctica, la notificación puede ser un desafío, ya que algunos infractores pueden no  
recibir notificaciones adecuadas o pueden tener dificultades para comprender la  
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información proporcionada. Por lo tanto, es importante que las autoridades se esfuercen  
en garantizar que las notificaciones sean efectivas y comprensibles.  
El derecho a la defensa es un principio fundamental en cualquier proceso judicial,  
permitiendo que los infractores puedan presentar sus argumentos y pruebas en su  
favor, lo que contribuye a la equidad del proceso. En el contexto de las contravenciones  
de tránsito detectadas por medios tecnológicos, los infractores tienen el derecho de  
cuestionar la evidencia presentada en su contra. La posibilidad de impugnar sanciones  
es necesario para proteger los derechos de los infractores, ya que permite que aquellos  
que consideran que la sanción impuesta es injusta o que hubo errores en el proceso,  
tengan la opción de presentar una impugnación o recurso de apelación. Esto garantiza  
una revisión imparcial de la decisión y brinda una oportunidad adicional para proteger  
sus derechos, sin embargo, el acceso efectivo a este mecanismo puede ser un desafío  
en algunas circunstancias, y es importante que las autoridades lo faciliten de manera  
justa y accesible.  
Resulta claro que la notificación adecuada, el derecho a la defensa y la posibilidad de  
impugnar sanciones son elementos fundamentales para garantizar el debido proceso en  
casos de contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos; aunque  
estos aspectos son relevantes, su implementación efectiva puede ser un desafío en la  
práctica. Por lo tanto, es importante que las autoridades trabajen continuamente para  
mejorar y garantizar la efectividad de estos elementos, protegiendo así los derechos de  
los infractores y manteniendo la confianza en el sistema de justicia en este contexto  
específico.  
Finalmente, la protección del debido proceso en casos de contravenciones de tránsito  
detectadas por medios tecnológicos es un aspecto necesario que se fundamenta en  
sólidos principios legales y científicos. La notificación adecuada, el derecho a la defensa  
y la posibilidad de impugnar sanciones son elementos que ayudan a validar la  
afirmación de que un proceso justo y equitativo es fundamental en este contexto. El  
fundamento científico que respalda esta afirmación radica en la importancia de  
salvaguardar los derechos individuales en cualquier proceso legal. El derecho a la  
notificación adecuada asegura que los infractores estén plenamente informados sobre  
las acusaciones en su contra, permitiéndoles comprender y preparar su defensa. Esto  
se alinea con principios básicos de justicia, como el derecho a ser escuchado y el  
derecho a un juicio imparcial.  
Así mismo, el derecho a la defensa, respaldado por la jurisprudencia legal y la teoría  
jurídica, garantiza que los infractores tengan la oportunidad de presentar sus  
argumentos y pruebas a su favor. Este principio está arraigado en la creencia de que  
todas las partes involucradas en un proceso deben tener igualdad de condiciones para  
garantizar una evaluación justa y basada en la evidencia. La posibilidad de impugnar  
sanciones también se basa en la noción de equidad y justicia, ofrece a los infractores la  
oportunidad de cuestionar decisiones que consideren injustas o que hayan sido  
tomadas sin el adecuado respeto por el debido proceso. Esto se apoya en la idea de  
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que ningún proceso legal debe ser inmune a la revisión y la corrección en caso de  
errores o injusticias.  
Por último, es conveniente acotar que, la protección del debido proceso en  
contravenciones de tránsito detectadas por medios tecnológicos es un principio  
respaldado por la teoría legal y científica. Asegura que los derechos individuales sean  
respetados y que se mantenga la integridad y la confianza en el sistema de justicia. Su  
implementación efectiva es importante para garantizar que los infractores reciban un  
trato justo y equitativo en el marco de la ley.  
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como en su diseño y redacción.  
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